La nueva acordada de la Corte Suprema busca recortar la incidencia política en los concursos judiciales. En Entre Ríos, el recorrido que llevó a Luis Francisco Márquez Chada al juzgado de Victoria expone con crudeza cómo se cruzan entrevista, terna y poder político.
La acordada que impulsa la Corte Suprema parte de una idea simple: cuando la entrevista personal pesa demasiado, la política encuentra una puerta de entrada para corregir por arriba lo que los antecedentes y el examen ordenaron por abajo. El cambio apunta justamente a limitar esa discrecionalidad y a reducir la incidencia de los tramos más subjetivos del concurso. No es una discusión abstracta: en provincias como Entre Ríos, ese problema ya tuvo nombres y apellidos.
El caso de Luis Francisco Márquez Chada es uno de los más elocuentes. En los concursos civiles que disputó en 2022, su desempeño no lo mostraba como un postulante dominante. En el concurso Nº 246, para el Juzgado Civil y Comercial de Victoria, quedó 7º sobre 8 al cerrarse la etapa de antecedentes y oposición; en Paraná quedó 15º sobre 21; y en Concordia 13º sobre 16. Es decir: en el tramo técnico no aparecía como el mejor perfil del sistema, sino más bien como un candidato rezagado.
Sin embargo, terminó siendo juez. El Senado entrerriano le prestó acuerdo el 30 de noviembre de 2022, y Márquez Chada juró en febrero de 2023 como juez civil y comercial con competencia laboral de Victoria. Lo decisivo no fue haber liderado el concurso, sino haber logrado entrar en la terna y quedar luego a tiro de la decisión política final. Ahí está el corazón del problema que ahora la Corte observa: no hace falta ser el mejor ubicado para llegar al cargo, alcanza con quedar adentro del lote de elegibles y contar con respaldo en la instancia definitiva.
Ese recorrido no puede separarse del contexto político. Luis “Chuni” Márquez, padre del actual juez, fue convencional constituyente de 2008 por el Frente Justicialista para la Victoria. En esa misma Convención, Rosario Romero fue vicepresidenta. No es un detalle menor: se trata del mismo espacio político que años después controló el Ejecutivo provincial y firmó decisiones centrales en materia institucional.
Tampoco es menor otro dato: los perfiles públicos de Laura Stratta indican que fue asesora de la Convención Constituyente de 2008 y que también trabajó como asesora política de Luis Miguel Márquez. Después, ya como vicegobernadora y presidenta del Senado, Stratta quedó en el centro institucional del acuerdo que habilitó la designación de Márquez Chada, y más tarde participó también de su asunción en Victoria. Dicho en limpio: los vínculos políticos previos no son una conjetura; forman parte del mapa público del caso. Otro dato de color, su mama fue concejal por el «FRENTE PARA LA VICTORIA» LISTA 100 entre 2007 y 2011.
La trama se vuelve todavía más incómoda cuando se mira al padre del juez en otro expediente de poder. En 2023, en los concursos para cubrir los cargos de Contador General y Tesorero General de la provincia, Luis Miguel Márquez integró el jurado evaluador en representación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Esos concursos fueron convocados por decretos firmados por Gustavo Bordet, junto con la entonces ministra de Gobierno Rosario Romero y el ministro de Economía Hugo Ballay. O sea: el mismo apellido que aparece en una designación judicial discutida reaparece luego en un jurado de concursos clave del aparato estatal, bajo decretos rubricados por el núcleo político del gobierno peronista entrerriano.
Acá no hace falta inventar una conspiración para ver el problema. Lo obsceno no es una prueba secreta que nadie conoce; es la acumulación de hechos públicos. Un postulante sin liderazgo técnico claro termina juez. Su padre es un histórico dirigente peronista y ex constituyente. Ese padre compartió la Convención de 2008 con Rosario Romero. Stratta fue asesora en esa Convención y también de Luis Miguel Márquez. Más tarde, Stratta presidió el Senado que dio el acuerdo. Y después el propio Márquez padre integró un jurado de concursos estratégicos firmados por Bordet y Romero. Todo puede ser formalmente legal. Pero cuando las relaciones políticas, familiares e institucionales se apilan de esa manera sobre un mismo nombre, la independencia judicial deja de parecer una garantía y empieza a parecer una puesta en escena.
Por eso la acordada de la Corte golpea tan fuerte en Entre Ríos. Porque no cuestiona solamente un reglamento: cuestiona una cultura. Una cultura donde la entrevista, la terna y la decisión final del poder político pueden más que el mérito técnico; una cultura donde los concursos sirven para vestir de institucionalidad lo que muchas veces ya viene orientado por afinidades, trayectorias compartidas y lealtades previas. Y si ese es el estándar que ahora empieza a ser observado desde arriba, el caso Márquez Chada deja de ser una anécdota de Victoria para convertirse en la radiografía de un sistema.
