Hay gestos que, en política, nunca son solamente gestos. Y cuando el gesto lo hace un exintendente imputado en una causa por presuntas maniobras irregulares con seguros municipales, el análisis no puede quedarse en la foto amable de la donación.
Enrique Cresto donó tierras a la Municipalidad de Concordia para relocalizar familias asentadas sobre calle Fagalde, en Villa Adela. Según lo publicado, Azcué aceptó la propuesta mediante el expediente municipal N.º 1358523; la fracción tendría 4.763,58 metros cuadrados y sería subdividida para dar respuesta a familias que viven en condiciones precarias y padecen anegamientos cuando llueve.
Hasta ahí, nadie podría objetar el destino social. Si hay familias viviendo en una zona inundable, el Estado debe actuar. Pero el problema aparece cuando se mira quién dona, quién recibe y en qué contexto judicial se produce la escena.
Porque Cresto no es un vecino cualquiera con espíritu filantrópico. Es el exintendente de Concordia imputado en la causa IAPSER/seguros, donde se investigan presuntas irregularidades en la contratación de pólizas desde la Municipalidad. En esa causa fueron imputados, además de Cresto, exautoridades del IAPSER, exfuncionarios municipales y el productor de seguros Ignacio Caprarulo.
La causa se originó a partir de la contratación “ad honorem” de Caprarulo como asesor de seguros, una figura que terminó bajo sospecha porque habría intervenido en contrataciones de pólizas y comisiones vinculadas al municipio. La investigación fiscal se abrió formalmente en febrero de 2024.
Y del otro lado está Francisco Azcué, actual intendente, exfiscal, y el mismo dirigente que llevó a la Justicia una auditoría técnica sobre la gestión municipal anterior para que se investiguen posibles irregularidades. Esa presentación incluyó puntos sensibles: deuda pública, contrataciones, aumento de personal y manejo administrativo de la gestión heredada.
Entonces la postal se vuelve demasiado entrerriana para ser ingenua: un exintendente investigado por presunto perjuicio al Estado termina donándole tierras al municipio conducido por quien pidió investigar su gestión. El acusado dona. El denunciante acepta. Y Concordia, mientras tanto, debe aplaudir sin preguntar demasiado.
La pregunta no es si las familias necesitan una solución. Claro que la necesitan. La pregunta es si esta donación puede convertirse mañana en un argumento político, mediático o incluso judicial. Porque en causas por corrupción, administración fraudulenta o delitos contra el Estado, los gestos posteriores suelen ser presentados como muestras de reparación, colaboración comunitaria, buena conducta o compromiso social.
No es que una donación borre una imputación. No es que entregar tierras equivalga a reparar un posible desfalco. Y mucho menos puede reemplazar la obligación de determinar si hubo delito, quiénes participaron y cuánto daño sufrió el erario público. Pero sería ingenuo no advertir que estos actos suelen terminar dentro de carpetas defensivas, discursos judiciales y estrategias de reconstrucción de imagen.
Más todavía cuando la propia auditoría elevada por Azcué a la Justicia puso bajo observación la administración anterior. Es decir: el mismo municipio que dice haber encontrado elementos suficientes para pedir investigación judicial ahora recibe una donación del principal jefe político de esa gestión.
Concordia merece soluciones habitacionales, pero también merece claridad institucional. Las familias de Villa Adela no pueden ser usadas como escenografía de redención política. Si la donación es genuina, debe transparentarse hasta el último papel: origen dominial, valuación real, condiciones urbanísticas, factibilidad de servicios, costo de infraestructura, beneficiarios, intervención del Concejo Deliberante y ausencia de cualquier contraprestación directa o indirecta.
Porque la solidaridad, cuando es verdadera, no necesita blindaje judicial. Y cuando aparece justo en medio de denuncias, auditorías e imputaciones, deja de parecer solamente solidaridad.
Empieza a parecer una inversión. ¿A cuenta de una futura PROBATION o ABREVIADO?
