La causa de los contratos truchos dejó expuesta una asimetría cada vez más difícil de disimular. Durante años, el expediente principal avanzó con detenciones, prisiones preventivas, audiencias y exposición pública sobre empleados, intermediarios y operadores de menor rango; ahora, en el tramo que apunta a las responsabilidades políticas, aparecen como defensores de los jefes dos nombres ya conocidos dentro del mismo universo judicial: Marcos Rodríguez Allende, actual interventor del EPRE, designado por Adán Bahl y José Cáceres, y Miguel Cullen, abogado de Sergio Urribarri. Rodríguez Allende no aterrizó ahora en el caso: en diciembre de 2018 ya actuaba “en defensa de Aguilera” en la causa original.
Ese es el dato que cambia la lectura política y ética del asunto. Porque mientras la causa madre se encaminó contra los “perejiles” con figuras de enorme gravedad y con la sombra de penas altísimas, la investigación sobre los responsables políticos fue presentada por Análisis bajo una lógica muy distinta: la de una eventual omisión o falta de control sobre el funcionamiento del sistema. En otras palabras, después de años de escarnio sobre los de abajo, a los de arriba se les abre un sendero judicial mucho más liviano, más cercano a una responsabilidad por no haber mirado que a la carga plena del fraude por más de 53 millones de dólares que se investiga en la Legislatura.
Ahí aparece el dilema de fondo. No es solamente que los mismos apellidos circulen de un lado al otro del expediente. Es que los intereses se van a cruzar necesariamente. Porque los imputados que llevan años sentados en el banquillo, con prisión preventiva y juicio a cuestas, no tienen demasiado margen para sostener que un sistema de este tamaño fue obra de cuatro marginales aislados. Y porque los jefes políticos, si quieren reducir su responsabilidad a una mera omisión de control, necesitan exactamente lo contrario: que la maniobra quede presentada como una estructura paralela armada por otros, casi a espaldas del poder formal. Las dos defensas pueden caminar juntas un tiempo. Pero tarde o temprano chocan.
Ese choque no es solo una cuestión de elegancia profesional. Las Normas de Ética Profesional de los Abogados de Entre Ríos son explícitas: el abogado no puede “patrocinar o representar intereses opuestos en la misma o ulteriores instancias”, ni aceptar la defensa de una parte si antes asesoró a otra con intereses contrapuestos. Y esas normas rigen para todo el ejercicio profesional en la provincia. El punto es que acá la incompatibilidad no aparece como una hipótesis extravagante, sino como una posibilidad concreta que nace de la propia arquitectura del caso: a unos se les discute la maniobra central; a otros, la falta de control sobre esa misma maniobra.
Por eso el tema merece ser mirado con más seriedad que la del comentario de pasillo. Nadie discute el derecho de defensa de Bahl, Cáceres o Urribarri. Lo que empieza a discutirse es otra cosa: qué pasa cuando los abogados que acompañaron o acompañan a los “perejiles” pasan a defender a los jefes que podrían desentenderse de todo con una omisión culposa, mientras el costo penal más duro queda abajo. Ahí hay, como mínimo, un problema ético severo. Y si en algún momento la estrategia de unos exige cargar la culpa sobre los otros, la pregunta ya no será solamente moral: será si esa convivencia de defensas rozó o no una zona jurídicamente inadmisible.
A eso se suma un detalle político nada menor. Rodríguez Allende no firma como un abogado más del foro: hoy conduce transitoriamente y luego por decreto el EPRE, un organismo clave del Estado provincial. Cullen, por su parte, no solo defiende a Urribarri en este tramo sino que aparece además vinculado a otras defensas de fuerte impacto institucional. En Entre Ríos, donde la causa contratos se convirtió hace tiempo en una radiografía del poder, el dato ya no es solo quiénes están acusados. También importa quiénes los defienden, a quién defendieron antes y qué van a hacer cuando llegue la hora de elegir entre salvar a los que cargaron con el escarnio o blindar a los que podrían salir pagando apenas el costo de no haber controlado.
