El INEFABLE Julio Rodríguez Signes volvió a reclamar, en su portal preferido, ANALISIS, que la causa Contratos llegue de una vez al juicio oral, con el argumento de que ya no hay margen para más dilaciones.
Lo llamativo no es sólo el apuro, sino el recorte: se acelera contra la parte del expediente ya armada sobre la trama administrativa, mientras se habla mucho menos de las responsabilidades políticas superiores que hicieron posible el sistema durante una década. La propia investigación paralela abierta en noviembre de 2025 apunta a ese otro nivel, el de quienes condujeron la Legislatura entre 2008 y 2018, y allí aparecen mencionados nombres pesados como Bahl, Urribarri, Cáceres, Lauritto y Allende.
Rodríguez Signes no ocupa un lugar menor para hacer ese planteo. Fue designado Fiscal de Estado por Sergio Urribarri el 1 de febrero de 2008 y en 2026 cumplió 18 años ininterrumpidos en el cargo. No se trata de un detalle biográfico: la Constitución de Entre Ríos le da a la Fiscalía de Estado la defensa del patrimonio público y, además, establece que su titular es inamovible mientras dure su buena conducta. Es decir, no estamos frente a un funcionario transitorio, sino frente a una pieza estructural del sistema de control estatal, con una permanencia excepcional y una capacidad enorme para influir en qué se empuja y qué se deja en penumbras.
Por eso el problema no es sólo lo que dice, sino lo que calla. En marzo de 2026, cuando ya se conocía la apertura de la causa “Contratos II” para investigar a los responsables políticos, Rodríguez Signes declaró que no había sido notificado y que no estaba enterado. Esa frase, en boca del hombre que lleva casi dos décadas como abogado del Estado entrerriano, resume demasiado bien el mecanismo: rapidez para pedir juicio a los de abajo, distancia cuando la pesquisa empieza a rozar a los de arriba. Ahí es donde la crítica deja de ser sólo judicial y pasa a ser institucional.
El punto de fondo es más grave todavía: Entre Ríos naturalizó organismos de control con jefaturas largamente enquistadas, con estabilidad extraordinaria y escaso recambio real. Así, el riesgo es que los órganos llamados a custodiar el patrimonio público terminen funcionando como administradores de los tiempos, los silencios y los límites del escándalo. Y entonces la secuencia se repite: primero van los perejiles, después se promete ir por la política, y al final el poder siempre encuentra cómo correrse un paso más atrás.
