Mientras la política entrerriana habla de austeridad, transparencia y orden administrativo, en los pasillos del Senado provincial vuelve a circular una pregunta incómoda: quién maneja realmente la estructura de contratos, pagos y designaciones de la Cámara Alta.
En ese mundo poco visible aparece un nombre que se repite en los mentideros legislativos: Paulo del Valle.
No se trata de un legislador ni de una figura elegida por el voto popular. Sin embargo, distintas versiones internas lo ubican como una pieza de peso en el circuito administrativo que define altas, bajas, renovaciones, pagos y distribución de contratos dentro del Senado de Entre Ríos.
La cuestión no es menor. El propio Senado debió publicar información sobre planta permanente, contratos de obra, contratos de servicios, subsidios y solicitantes de contratos luego de reclamos judiciales y pedidos de transparencia. Es decir: no hablamos de un tema menor ni de una simple interna de pasillo, sino de una estructura que administra recursos públicos y que durante años funcionó con escasa exposición ciudadana.
Según esas versiones políticas, Del Valle tendría intervención directa o indirecta en el análisis legislador por legislador: quién cobra, cuánto cobra, cuántos contratos se habilitan, cuándo se pagan, qué se da de alta y qué se da de baja. Una tarea sensible, porque detrás de cada contrato no solo hay dinero público, sino también poder político, fidelidades, favores y capacidad de disciplinamiento interno.
Ese terreno, además, se mueve bajo la órbita institucional de la vicegobernadora Alicia Aluani, presidenta natural del Senado. Aluani llegó al poder de la mano de Rogelio Frigerio, pero en la política entrerriana también se la vincula con el armado radical que tuvo como una de sus figuras influyentes a Fuad Amado Sosa, histórico dirigente del gremio legislativo y hombre con fuerte ascendencia durante años en la vida interna del Poder Legislativo.
Sosa, a su vez, aparece asociado en distintas lecturas políticas al viejo entramado de relaciones del gremialismo legislativo, del radicalismo provincial y de sectores que también tuvieron influencia sobre organismos sensibles del Estado, entre ellos el IOSPER. En ese mapa también se mencionan relaciones políticas y personales con Silvio Moreyra, exintendente de Santa Elena y dirigente de peso en distintos momentos de la política entrerriana.
La pregunta central es simple: ¿quién controla la caja administrativa del Senado?
Porque mientras los ciudadanos conocen los nombres de los senadores, mucho menos visible es el circuito de funcionarios, empleados políticos y operadores que manejan los expedientes, los contratos y los pagos. Y muchas veces, en la política real, el poder no está en el recinto ni en los discursos, sino en la oficina donde se decide quién cobra y quién deja de cobrar.
La transparencia no puede ser apenas una planilla subida a una página web después de un fallo judicial. Transparencia es saber quién decide, con qué criterio, bajo qué control y con qué responsabilidad funcional.
Si el Senado de Entre Ríos quiere mostrar una nueva etapa, debe explicar con claridad cómo se distribuyen los contratos, quién los solicita, quién los administra, quién los autoriza y quién controla que esa estructura no sea utilizada como una caja política.
Porque en tiempos de ajuste para la sociedad, no puede haber cajas silenciosas dentro del Estado.
Y mucho menos una caja legislativa manejada entre pocos, lejos de la mirada pública, mientras el resto de los entrerrianos observa desde afuera cómo se distribuye el poder.
