El peronismo entrerriano vuelve a activar la máquina de expulsar dirigentes. No la de debatir. No la de discutir por qué perdió la provincia en 2023. No la de revisar las responsabilidades de quienes condujeron al partido durante la última década. La de expulsar.
Hace años que el PJ dejó de discutir en serio. Los congresos partidarios se convocan cada vez menos y cuando aparecen suelen llegar con los acuerdos cerrados, los documentos escritos y las decisiones tomadas de antemano. El debate real desapareció hace tiempo. Lo que quedó fue la administración del sello, de los cargos y de las listas.
Por eso llama la atención que una conducción que no encuentra tiempo para analizar las derrotas encuentre energías para organizar nuevas cazas de brujas. La historia, además, juega una mala pasada. Porque el peronismo entrerriano tiene una larga tradición de expulsar, marginar, condenar políticamente y después recibir nuevamente a los mismos dirigentes por la puerta grande.
En 2007 la Lista 100 encabezó una de las fracturas más importantes que sufrió el justicialismo provincial. Aquella construcción, donde tuvieron protagonismo los Cresto, partió al peronismo en numerosos departamentos y municipios. Lo que para algunos fue una renovación, para otros fue una ruptura que debilitó al partido en momentos decisivos. Sin embargo, cuatro años después, en 2011, los mismos dirigentes regresaron al PJ con HOMENAJES Y CANTICOS. Con el tiempo no sólo dejaron de ser considerados disidentes sino que pasaron a integrar el núcleo de poder del peronismo entrerriano.
El caso de Jorge Busti fue todavía más significativo. En 2011 el «tres veces gobernador» y «lider indicutido del PERONISMO ENTRERRIANO» rompió con el oficialismo provincial y encabezó un armado opositor junto a Rosario Romero, Diego Lara, Ruben Almara, Carlos Almada y Fabian Flores entre otros dirigentes que cuestionaban abiertamente a Cristina. Aquella ruptura provocó divisiones profundas dentro del justicialismo. Pero lejos de regresar rápidamente, Busti continuó fuera de la estructura partidaria y llegó a 2015 acompañando la candidatura de Adrián Fuertes, aunque el grueso de sus compañeros de ruta de 2011 volvio al poder con cargos, juzgados y fiscalias que Urribarri regalaba a cambio de ser el «CONDUCTOR NATURAL DEL PERONISMO ENTRERRIANO»
Aquella elección estuvo a punto de terminar en una derrota histórica para el PJ. Gustavo Bordet terminó imponiéndose frente a Alfredo De Angeli por una diferencia mucho más estrecha de la que el peronismo estaba acostumbrado a obtener. Muchos dirigentes todavía sostienen que la fragmentación interna estuvo cerca de costarle la provincia al justicialismo.
Adrián Fuertes también ocupa un lugar especial en esa historia. Construyó una candidatura enfrentada al oficialismo provincial, cuestionó duramente a la dirigencia peronista y se presentó como una alternativa frente al poder establecido. Sin embargo, terminada la elección, la distancia política duró horas, para sentarse en el living de 678 con un ministerio arreglado. Sus detractores sostienen hasta hoy que el regreso estaba acordado de antemano y que la ruptura nunca fue tan profunda como parecía.
Lo curioso es que buena parte de aquellos dirigentes que alguna vez rompieron, se fueron, dividieron estructuras o construyeron proyectos por afuera del PJ terminaron regresando. Algunos volvieron con cargos. Otros con candidaturas. Otros con espacios de poder aún mayores que los que tenían antes de irse.
Por eso la discusión actual tiene un condimento distinto.
Las diferencias que tuvieron los Cresto, Busti, Rosario Romero o Adrián Fuertes con las conducciones de turno fueron, esencialmente, disputas políticas. Peleas por liderazgo, por representación, por candidaturas o por control territorial. Eran conflictos de poder.
Lo que ocurre hoy con Domingo Daniel Rossi y Carlos Guillermo Reggiardo parece recorrer otro camino.
Rossi lleva más de tres décadas enfrentando a distintas conducciones del peronismo entrerriano. No empezó ayer ni con esta dirigencia. Su conflicto con sectores del poder provincial viene desde principios de los años noventa. Y el eje de sus cuestionamientos no ha sido solamente quién conduce el partido, sino cómo se ejerce el poder, cómo se administran los recursos públicos y cómo funcionan determinadas estructuras políticas e institucionales.
Esa es la diferencia que vuelve incómoda la situación actual. Porque si el peronismo fue capaz de reconciliarse con quienes rompieron elecciones, dividieron el voto justicialista o construyeron espacios enfrentados al propio partido, resulta inevitable preguntarse por qué ahora la sanción aparece frente a dirigentes cuya principal característica ha sido denunciar lo que consideran prácticas corruptas o degradación ética dentro del sistema político.
Tal vez la respuesta esté en que las viejas peleas eran por poder. Y las actuales son por algo más profundo. Por eso la pregunta del título no es una ironía. Es una pregunta política. Si el peronismo entrerriano ya recibió nuevamente a quienes alguna vez consideró traidores, si volvió a abrazar a quienes rompieron, se fueron o ayudaron a debilitar al propio partido, ¿qué ocurrirá dentro de algunos años con Rossi y Reggiardo?
¿Serán una excepción en la historia del PJ?
¿O terminarán regresando por la misma puerta grande de los traidores por la que ya volvieron Busti, Adrián Fuertes, los Cresto, Rosario Romero y tantos otros?
