BAHILLO Y STRATTA RESPIRAN: OTRO ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN QUE TERMINA CON PEREJILES CONFESANDO Y PRISIÓN CONDICIONAL
La causa de los créditos truchos del programa Jóvenes Emprendedores vuelve a mostrar el mismo libreto: se reconoce que hubo fraude, se acepta una condena abreviada, nadie va preso y el poder político queda preservado. Pedro Gebhart, Cristian Klein, Tomás Osorio, Claudio Rosas Vicco y los reclutadores de jóvenes vulnerables aparecen como los responsables operativos. Pero por arriba, Juan José Bahillo y Laura Stratta vuelven a mirar desde la tribuna.
La corrupción entrerriana ya tiene un formato administrativo, judicial y político perfectamente aceitado: se descubre una maniobra, se habla de millones, aparecen beneficiarios pobres usados como pantalla, se confirma que el Estado fue defraudado, y al final todo termina en un acuerdo prolijo, con confesión controlada, condena condicional y ningún pez gordo pagando el costo real.
Eso es lo que ocurre ahora con la causa de los créditos simulados del programa Jóvenes Emprendedores, lanzado durante la gestión de Gustavo Bordet y bajo la órbita del entonces Ministerio de Producción, Turismo y Desarrollo Económico, conducido por Juan José Bahillo. La investigación apuntó a un esquema donde jóvenes humildes eran utilizados como prestanombres para créditos que iban de 300.000 a 800.000 pesos, y en algunos casos hasta el millón. Muchos recibían apenas entre 6.000 y 30.000 pesos, mientras el resto del dinero quedaba en manos de terceros.
Los nombres que aparecen en la trama son concretos: Pedro Gebhart, exsecretario de Desarrollo Económico y Emprendedor; Cristian Klein, exdirector de Evaluación y Seguimiento de Proyectos; Tomás Osorio, exdirector de Políticas de Apoyo a Emprendedores; y Claudio Rosas Vicco, vinculado al área administrativa contable del gobierno provincial. También aparecen reclutadores como Alejandro Usatinsky, Matías Balbuena, Aranzazú Acosta, Pablo Frutos, Paula Yonas y Lusila Magallanes, entre otros.
El mecanismo era brutal por su simpleza: se buscaban jóvenes pobres, desocupados o vulnerables, se les ofrecía una supuesta ayuda social o estudiantil, se usaban sus datos, se armaban proyectos ficticios, se depositaba el dinero en sus cuentas y luego se los llevaba al banco o al cajero para retirar el efectivo. En algunos casos, los propios beneficiarios declararon que nunca pidieron el crédito, que no sabían de qué se trataba o que se enteraron cuando el Estado les reclamó devolver sumas millonarias.
Ahora, según la publicación de Análisis Digital, la salida vuelve a ser la misma: los acusados confesarán los delitos y aceptarán penas de prisión condicional. Traducido al lenguaje de la calle: admiten que robaron, pero no van presos. Se cierra el expediente por abajo y se protege la pirámide por arriba.
Gebhart no era un marciano. Klein no era un autónomo. Osorio no administraba una kermés. Rosas Vicco no movía papeles en una sociedad de fomento. Todos funcionaban dentro de un Ministerio, dentro de un gobierno, dentro de una estructura política. Ese Ministerio tenía conducción política: Juan José Bahillo. Y Gebhart, además, aparece señalado públicamente como un hombre vinculado al armado de Laura Stratta, cuyo entorno ya venía golpeado por el antecedente de los subsidios truchos y subsidios a personas fallecidas.
El antecedente de los subsidios a los muertos no es menor. En aquella causa se habló de subsidios del entonces Ministerio de Desarrollo Social, durante la gestión de Laura Stratta, otorgados presuntamente a personas fallecidas o vulnerables que nunca habrían recibido el dinero. Incluso se mencionó a Roberto Cabezas, quien en 2018 se desempeñaba como secretario privado de Stratta, en el contexto de las publicaciones sobre ese escándalo.
La película se repite: pobres usados como pantalla, papeles oficiales, expedientes armados, controles que no controlan, funcionarios que dicen no saber nada y, cuando la causa avanza, aparece un grupo de “responsables” dispuesto a confesar lo suficiente para cerrar la historia, pero no tanto como para comprometer al poder real.
Bahillo respira. Stratta respira. Bordet mira de lejos. Y Entre Ríos vuelve a recibir el mismo mensaje: la corrupción existió, pero la responsabilidad política no aparece nunca.
Porque si hubo un desfalco estimado en alrededor de 250 millones de pesos, si hubo créditos ficticios, facturas adulteradas, declaraciones juradas con la misma letra, segundos créditos otorgados contra la propia normativa y jóvenes utilizados como instrumentos de una maniobra sistemática, entonces la pregunta no puede ser solamente quién retiró la plata del cajero. La pregunta verdadera es quién permitió que ese sistema funcionara.
Y esa pregunta lleva inevitablemente hacia arriba. Lleva a Bahillo, porque el programa funcionaba en su Ministerio. Lleva a Stratta, porque Gebhart no aparece como un desconocido de la política provincial, sino como parte de un entramado ya mencionado en otros escándalos vinculados a subsidios y créditos irregulares.
Lleva al gobierno de Bordet, porque estos programas no se ejecutaban en una isla: salían del Estado provincial, con sellos, resoluciones, funcionarios, áreas de control y presupuesto público.
Lo que se está consolidando en Entre Ríos no es justicia. Es administración judicial del daño político. Se castiga lo indispensable, se negocia lo tolerable y se preserva lo importante.
Los perejiles confiesan.
Los pobres quedan endeudados.
El Estado pierde millones.
Y los jefes políticos, una vez más, respiran.
