La actualización del valor del Jurista vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿puede una familia trabajadora acceder hoy a la Justicia en Entre Ríos?
Desde el 2 de junio de 2026, el Jurista —la unidad de medida creada por la Ley Provincial N.º 11.141, modificatoria de la Ley de Honorarios N.º 7.046— pasó a valer $86.921,22. La ley establece que los honorarios profesionales son de orden público y se calculan en Juristas, vinculando su actualización a los salarios de la magistratura.
El problema no es que los abogados cobren dignamente. El problema es que los ciudadanos cada vez pueden litigar menos.
Con el nuevo valor, una regulación de apenas 10 Juristas representa $869.212. Una de 20 Juristas asciende a $1.738.424. Una de 30 Juristas supera los $2.607.000. Si a eso se suman aportes de Caja Forense, gastos, pericias y costas, un proceso de familia relativamente común puede superar fácilmente los tres millones de pesos.
La contradicción es evidente. Mientras la Legislatura sanciona leyes que prometen proteger a la familia, garantizar alimentos, asegurar el interés superior del niño y facilitar el acceso a la justicia, otra ley termina convirtiendo esos mismos derechos en un lujo económico para gran parte de la población.
¿Qué trabajador que gana un millón de pesos por mes puede afrontar un litigio de semejante magnitud? ¿Qué madre puede reclamar alimentos o discutir el cuidado personal de sus hijos sabiendo que el costo del proceso puede equivaler a varios meses de ingresos familiares?
La respuesta institucional suele ser la misma: las Defensorías de Pobres y Menores. Sin embargo, la realidad demuestra que el sistema público se encuentra saturado y muchas veces los ciudadanos perciben que quienes deberían defenderlos terminan actuando más como administradores del conflicto que como verdaderos abogados de los sectores vulnerables.
La consecuencia es simple y peligrosa: cada actualización del Jurista mejora la rentabilidad del sistema judicial, pero reduce el acceso de los entrerrianos a los tribunales. Y cuando reclamar un derecho cuesta varios millones de pesos, la igualdad ante la ley deja de ser una garantía constitucional para transformarse en un privilegio reservado a quienes pueden pagarlo.
