La diseñadora denunció violencia, amenazas y presiones en medio de su divorcio. Publicó una resolución que inicialmente ordenó una restricción de acercamiento y un acta posterior que dejó esa protección sin efecto. También señaló a una funcionaria de ANSES y dirigente de La Libertad Avanza.
Alina Pérez, diseñadora y responsable de la marca Peepers, difundió una serie de publicaciones en Instagram en las que denunció públicamente a su esposo, Pablo Javier Giannini Álvarez, actual fiscal de Estado adjunto de Entre Ríos, y aseguró que su vida corre peligro.
Pérez también señaló a Sebastián Grandi y a María Celina Ledesma, funcionaria de ANSES Paraná y dirigente provincial de La Libertad Avanza. Sin embargo, una parte sustancial de sus afirmaciones es la existencia de un supuesto plan conjunto, amenazas, seguimientos y posibles negocios vinculados con la venta de combustible al Estado.
Giannini fue designado fiscal adjunto de la Fiscalía de Estado mediante el Decreto 849 de 2017, con acuerdo del Senado provincial. En julio de 2026 continuaba apareciendo públicamente como fiscal de Estado adjunto.
La primera resolución dispuso medidas de protección
Entre las imágenes publicadas por Pérez aparece una resolución del Juzgado de Familia N.º 2 de Paraná, correspondiente al expediente 35421, caratulado “Pérez Alina Vanesa María c/Giannini Álvarez Pablo Javier s/violencia de género”.
El documento, fechado el 23 de mayo de 2026 y firmado por la jueza Ana Cristina Quinteros Fagetti, prohibió a Giannini realizar actos violentos, molestos o perturbadores contra Pérez; acercarse a menos de 200 metros e ingresar a su domicilio.
Las medidas fueron ordenadas por 120 días. También se dispuso la intervención del equipo interdisciplinario, la elaboración de un informe de riesgo y la notificación urgente a las autoridades policiales y al 911.
Hubo una presentación por violencia de género y que el juzgado consideró necesario ordenar medidas preventivas que luego misteriosamente retiro.
Tres días después, la prohibición de acercamiento quedó sin efecto
La documentación difundida muestra un segundo momento especialmente sensible. En un acta de audiencia del 26 de mayo, el mismo Juzgado de Familia resolvió dejar sin efecto la prohibición de acercamiento “hasta tanto se cuente con el informe de riesgo que sugiera las medidas a adoptar”.
Según el acta publicada, en esa audiencia intervino Giannini junto con su defensa y María Celina Ledesma figura identificada como “tercero citado”. Pérez afirma que ese día se había trasladado a Buenos Aires para refugiarse y reunirse con asesores.
El tribunal también ordenó localizarla y dispuso que el equipo técnico pudiera entrevistarla mediante videollamada. Las capturas posteriores de una conversación con la Oficina de Gestión Única de Paraná muestran que Pérez reclamó durante varios días las notificaciones y pidió recibirlas electrónicamente porque no se encontraba en la ciudad.
El giro entre ambas decisiones —primero una restricción de 200 metros y, tres días después, su levantamiento antes de contar con el informe de riesgo— constituye el aspecto institucional más relevante de los documentos publicados.
Una funcionaria de ANSES y dirigente libertaria
María Celina Ledesma no es solamente una persona mencionada en el conflicto privado. El Boletín Oficial de Entre Ríos la registra como vocal titular de La Libertad Avanza desde enero de 2025. Publicaciones recientes la identifican como titular de la delegación de ANSES en Paraná.
Pérez sostiene que Ledesma es amiga y cómplice de Giannini y la vincula políticamente con Roque y Rebeca Fleitas. El acta judicial confirma su presencia como tercera citada en la audiencia del 26 de mayo.
El fiscal Martín Millán estaba efectivamente de turno
Otro dato planteado en los posteos pudo ser corroborado. Pérez afirmó que el fiscal de la Unidad de Violencia de Género que se encontraba de guardia cuando intentó denunciar los hechos era Martín Millán.
El listado oficial de autoridades de la feria judicial de julio de 2026 confirma que Millán prestaba funciones en la Unidad Fiscal de Violencia de Género y Abuso Sexual de Paraná entre el 13 y el 17 de julio.
Pérez asegura que Millán es esposo de Ledesma. Esa relación personal no pudo ser confirmada mediante documentación pública consultada. Tampoco existe, hasta el momento, evidencia pública de que Millán haya intervenido efectivamente en su denuncia o adoptado una decisión concreta.
Las afirmaciones que todavía requieren pruebas
La denunciante sostiene que Giannini y Sebastián Grandi habrían organizado un plan relacionado con posibles contratos estatales para la venta de combustible. También afirma que su esposo violó la restricción, ingresó a su departamento por un balcón con ayuda de terceros, la vigila y habría intentado condicionar a su abogada.
La existencia de una denuncia y de medidas judiciales es un hecho grave. La responsabilidad de las personas mencionadas seria un gran dolor de cabeza para una estrictura sospechada desde hace años como es la fiscalia de estado.
Al cierre de esta nota no se encontraron declaraciones públicas de Giannini, Ledesma, Grandi o Millán sobre las publicaciones de Pérez. La Caldera mantiene abierto el derecho a respuesta de todas las personas mencionadas
ii
