Otro caso de autodeterminación volvió a golpear a la Policía de Entre Ríos. Y mientras una familia atraviesa una tragedia y la fuerza vuelve a quedar bajo la sombra de una crisis que ya no puede considerarse aislada, el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, permanece públicamente desaparecido.
No desaparecido de los actos, de las reuniones oficiales ni de las fotografías. Desaparecido de las explicaciones que corresponden cuando el sistema que conduce muestra sus fallas más dolorosas.
La muerte de la oficial Gabriela Maricel Rodríguez, de 26 años, conocida el 11 de julio, volvió a colocar en primer plano la salud mental dentro de la Policía entrerriana. La joven prestaba servicios en la Jefatura Departamental Gualeguaychú y residía en Concepción del Uruguay. Su fallecimiento fue confirmado en el Hospital Justo José de Urquiza.
El episodio no puede utilizarse para establecer responsabilidades individuales sin una investigación seria. Pero tampoco puede ser encerrado detrás de un comunicado de condolencias y del silencio institucional. Cuando los casos se reiteran dentro de una fuerza armada y sometida a estrés permanente, el problema deja de ser exclusivamente privado y se convierte también en una cuestión de Estado.
Una gestión para la fotografía
La gestión Roncaglia tiene una característica evidente: siempre encuentra una cámara cuando hay un operativo para presentar, un móvil para entregar, una reunión para encabezar o una estadística favorable para anunciar. Hay nombres grandilocuentes, despliegues, uniformes, discursos y ceremonias.
Pero cuando aparece la cara más incómoda de la seguridad � el desgaste del personal, una búsqueda que no obtiene respuestas, fallas de prevención o una nueva muerte dentro de la fuerza� el ministro pierde centralidad, se repliega y deja que hablen los comunicados.
Gobernar la seguridad no consiste en administrar escenografías. Un ministro no está solamente para posar al lado del equipamiento nuevo. Está para prevenir, controlar, explicar y asumir la responsabilidad política cuando el sistema falla.
Un convenio no es una política integral
El 13 de junio la Policía provincial informó la firma de un convenio con el Colegio de Psicólogos de Entre Ríos para facilitar el acceso del personal a profesionales matriculados y establecer valores de referencia. La herramienta puede resultar útil, pero presentarla como respuesta suficiente sería minimizar el problema.
Una política integral debería incluir estadísticas públicas, evaluaciones periódicas, atención gratuita y confidencial, seguimiento profesional, equipos interdisciplinarios suficientes, acompañamiento familiar, revisión de las condiciones laborales y protocolos claros sobre el acceso al arma reglamentaria frente a indicadores concretos de riesgo.
Nada de eso ha sido explicado de manera completa y verificable por Roncaglia. Tampoco se conoce un informe público que permita determinar cuántos integrantes de la fuerza atravesaron crisis, solicitaron asistencia o murieron por autodeterminación durante los últimos años.
La seguridad a la deriva
Roncaglia es el máximo responsable político del área. Eso no significa atribuirle personalmente cada tragedia ni desconocer que toda muerte por autodeterminación responde a múltiples factores. Significa exigirle algo elemental: que dé la cara, presente información y explique qué está haciendo su ministerio.
La ausencia de estadísticas también es una decisión política. Sin datos no se pueden evaluar resultados, detectar patrones ni saber si las medidas anunciadas funcionan. Solo quedan fotografías, discursos y reacciones posteriores.
La Policía necesita mucho más que homenajes y convenios limitados. Necesita una conducción que cuide realmente a quienes trabajan en ella, que detecte señales de riesgo antes de que sea tarde y que no convierta la salud mental en un asunto que debe esconderse por temor a consecuencias laborales.
Entre Ríos merece una política de seguridad menos preocupada por la puesta en escena y más comprometida con los resultados. Hoy sobran actos protocolares y faltan respuestas.
Roncaglia debe aparecer donde más importa: frente a los problemas que su gestión no ha logrado resolver. Mientras eso no ocurra, la imagen que queda es tan contundente como preocupante: un ministro disponible para la foto y una seguridad que, cuando llega el momento de rendir cuentas, queda a la deriva.
Esta nota es una columna de opinión. La referencia a la ausencia del ministro describe la falta de una respuesta pública personal ante el caso, no una desaparición literal. Se preservan la intimidad de la víctima y de su familia y se omiten detalles sobre el método.
