El endurecimiento de los dos gremios frente a Frigerio choca con una historia de convivencia, cargos y silencios ante el poder.
UPCN y ATE elevaron el tono contra el Gobierno de Rogelio Frigerio. Rechazan el ajuste, cuestionan la reforma previsional y advierten sobre medidas de fuerza. La escena parece mostrar una ruptura. Pero la historia obliga a preguntar si el conflicto es real o si estamos frente a otro capítulo del mismo circo sindical entrerriano.
Durante los gobiernos de Sergio Urribarri, Gustavo Bordet y Adán Bahl, las conducciones gremiales no fueron espectadores externos. UPCN formó parte directa del entramado político. Su jefe, José Ángel Allende, ocupó durante veinte años una banca en Diputados, negoció con cada administración y construyó poder dentro y fuera del Estado. ATE sostuvo un discurso más confrontativo, pero también convivió durante años con esos gobiernos, participó de sus mesas, recibió respuestas parciales, administró espacios y nunca produjo una ruptura capaz de desarmar el sistema.
El IOSPER no era un gremio. Era la obra social de los trabajadores públicos. Pero su conducción se convirtió en un territorio disputado y ocupado por representantes sindicales. UPCN tuvo durante años a Fabián Monzón dentro del Directorio. ATE presentó candidatos para distintos agrupamientos y buscó lugares en la administración del Instituto. Los dos gremios conocían desde adentro los problemas de prestaciones, proveedores, contrataciones y controles.
Por eso ninguno puede presentarse ahora como un recién llegado. La causa penal por presuntos sobreprecios en el IOSPER alcanza a la gestión encabezada por Fernando Cañete y a los otros seis directores de extracción gremial. La investigación sigue abierta. Mientras tanto, los afiliados pagaron durante años con demoras, recortes y pérdida de cobertura.
El caso de Allende expone el otro costado del sistema. La causa por enriquecimiento ilícito comenzó en 2012. Según publicó Análisis, el dirigente llegó a reconocer su responsabilidad y el uso de familiares en un intento de juicio abreviado que fue rechazado. También arrastra expedientes por subsidios legislativos y otras denuncias. Cambiaron fiscales, jueces y gobiernos. El juicio nunca llegó.
Las causas judiciales y las fortunas acumuladas por dirigentes que hicieron de la representación gremial una profesión ya no pueden esconderse detrás de una bandera o un paro. Los trabajadores tienen derecho a preguntar cómo se enriquecieron quienes debían defender salarios y por qué las estructuras sindicales callaron mientras el poder político, los proveedores y los administradores se quedaban con recursos que debían financiar sueldos, jubilaciones y salud.
Frigerio intervino el IOSPER, lo reemplazó por la OSER y denunció irregularidades millonarias. Pero hasta ahora su administración pasa el plumero sobre la corrupción: exhibe auditorías, cambia nombres y desplaza funcionarios, sin recuperar el dinero ni sentar en el banquillo a los responsables políticos, sindicales y empresariales.
Si la ruptura de UPCN y ATE con el Gobierno es real, deberá verse en hechos. Que abran sus cuentas, expliquen su actuación en el IOSPER, identifiquen a los responsables, reclamen la recuperación de cada peso robado y abandonen definitivamente los acuerdos de poder que sostuvieron durante años.
Si no hacen eso, será solamente otro circo: los dirigentes endurecen el discurso, el Gobierno pasa el plumero y los mismos ladrones que vaciaron recursos públicos siguen impidiendo que haya salarios, jubilaciones y prestaciones decentes.
