Durante 18 años controló el organismo provincial que promovía y fiscalizaba cooperativas y mutuales. En 2022 impulsó el trámite que terminó en la transferencia de las 2.164 hectáreas decomisadas al exsenador Mario Yedro, pese a que el propio decreto reconoció que no se habían cumplido los comodatos exigidos por ley. Desde 2024, Ricardo Etchemendy integra el gobierno municipal de Rosario Romero. Guardamonte condensa veinte años de anuncios, viviendas abandonadas, ocupaciones, arrendamientos opacos, proyectos desplazados, escrituras y una denuncia penal todavía sin desenlace público.
Saga: El campo de Yedro — Capítulo 1
En Entre Ríos, Ricardo Juan Francisco Etchemendy no fue un funcionario más. Fue una continuidad. Gobernadores, ministros y organigramas cambiaron; el “Vasco” permaneció. Jorge Busti lo designó mediante el Decreto 8165 y Sergio Urribarri lo puso en funciones el 30 de noviembre de 2005. Etchemendy llegó al Instituto de Promoción Cooperativa y Mutualidades de Entre Ríos —IPCYMER— proclamando que cooperativas y mutuales eran “una herramienta de transformación social”. Se fue del cargo provincial dieciocho años después.
Pero no se fue del poder.
Desde 2024 aparece como coordinador de Ordenamiento Territorial y Productivo de la Municipalidad de Paraná, dentro de la gestión de Rosario Romero. Hay registros de su intervención municipal en reuniones con federaciones cooperativas, en el acompañamiento de COTAPA, en el debate del Banco de Tierras, en actividades de 2025 y en un convenio de capacitación para cooperativas anunciado en mayo de 2026. No es una cercanía social ni una fotografía ocasional: es una función pública dentro del gobierno de Romero.
La continuidad tiene un dato especialmente incómodo. Hasta diciembre de 2023 Etchemendy presidía un instituto dependiente del Ministerio de Gobierno y Justicia que conducía Rosario Romero. Desde 2024 trabaja en el municipio que ella gobierna. En el medio quedó su actuación más controvertida: la Colonia Productiva Guardamonte, levantada sobre el campo decomisado por corrupción al exsenador justicialista Mario Alberto Yedro.
Esta nota utiliza en su título una caracterización política severa. No afirma que exista una condena penal contra Etchemendy por corrupción: no la encontramos. Lo que sí existe es una responsabilidad administrativa documentada, una permanencia excepcional de dieciocho años, un decreto iniciado por él que reconoció el incumplimiento del mecanismo central de control y una trama de proyectos cuyo expediente completo sigue sin estar abierto al público.
El funcionario que atravesó todo el peronismo entrerriano
Etchemendy ya conocía el Estado antes de llegar al IPCYMER. Fue titular del IAFAS durante parte del gobierno de Mario Moine, funcionario legislativo en una gestión de Busti, funcionario de la Lotería de Santa Fe, integrante del Ministerio de Educación durante el gobierno de Carlos Reutemann y abogado del Ente de la Reconstrucción después de la inundación santafesina de 2003.
En 2005 Busti lo nombró al frente del organismo cooperativo provincial. Urribarri lo puso en funciones. Luego fue confirmado durante sucesivas administraciones. En una entrevista de 2021 se lo presentaba como un funcionario que llevaba dieciséis años en el mismo cargo; en diciembre de 2023 él mismo reivindicó haber cumplido dieciocho años.
La explicación oficial siempre fue virtuosa: continuidad solicitada por el sector, experiencia, conocimiento, compromiso con la economía social. Esa trayectoria incluyó cooperativas de trabajo, vivienda, reciclado, producción agropecuaria, empresas recuperadas, inclusión social, cannabis medicinal, mutualismo escolar y convenios con universidades y federaciones.
Nada de eso es delictivo. El cooperativismo no es el acusado de esta historia. La pregunta periodística es otra: ¿qué calidad de control puede ejercer un organismo cuando su presidente se convierte durante casi dos décadas en el interlocutor permanente de las mismas organizaciones que debe promover, registrar, asistir y fiscalizar? ¿Dónde termina la política pública y dónde empieza un sistema de relaciones personales imposible de auditar desde afuera?
La respuesta no puede consistir en homenajes. Debe consistir en expedientes abiertos, padrones, inspecciones, sanciones, balances y rendiciones.
El campo comprado con dinero ilícito
El origen de Guardamonte no admite eufemismos. En enero de 1998, tres fracciones rurales de Raíces Norte, departamento Tala, fueron adquiridas a nombre de Delrubio y Hunmendi SRL. La Justicia estableció que no existía justificación posible para el origen de los fondos. En 2005, Mario Alberto Yedro fue condenado por enriquecimiento ilícito de funcionario público a tres años de prisión condicional, multa de 90.000 pesos, diez años de inhabilitación y el decomiso de las tres fracciones, matrículas 167, 3475 y 3476.
El campo no era una periferia sin valor. Sumaba aproximadamente 2.164 hectáreas, con casco, instalaciones, agricultura, ganadería y monte. Era el efecto material de un delito de corrupción.
El Estado tomó posesión judicial el 15 de septiembre de 2008. Yedro, sin embargo, continuó allí con personal, hacienda y maquinaria. Siguió haciendo agricultura y ganadería y litigó para recuperar las tierras. En 2013 fue condenado por usurpación en perjuicio del Estado; la pena unificada fue de cuatro años y seis meses de prisión efectiva. La sentencia describió que había aprovechado la tolerancia estatal y usufructuado su pasividad.
En mayo de 2026 la Corte Suprema declaró inadmisible el último recurso de Delrubio y Hunmendi SRL. Veintiún años después del decomiso, terminó de cerrarse el intento judicial de recuperar el inmueble.
Primera promesa: cien familias y una aldea porcina
Una vez desplazado Yedro, el gobierno de Sergio Urribarri presentó un proyecto de aldea productiva. El entonces ministro Roberto Schunk impulsó la instalación de cien familias rurales, con la cría intensiva de cerdos como eje y producciones complementarias de verduras, frutas, miel, peces y otros alimentos.
En 2014 el gobierno anunció una primera etapa de cincuenta viviendas, con una inversión cercana a 16 millones de pesos de entonces, financiada con fondos nacionales y provinciales. Las casas se construyeron. La aldea no se concretó.
La Cooperativa Agropecuaria Aldea Productiva Esperanza reunió a familias, presentó proyectos y sostuvo haber trabajado durante cuatro años en el lugar. Sus integrantes dijeron que criaron animales, realizaron tareas productivas, tramitaron servicios y recibieron tarjetas bancarias para subsidios que nunca llegaron. Después fueron obligados a retirarse.
En 2017 acamparon en el acceso. En 2018, su presidente Pedro Farías sostuvo que existían unas treinta denuncias particulares contra el Gobierno y dejó una frase devastadora: “Fuimos esclavos de una promesa trabajando gratis”.
Las cincuenta viviendas quedaron durante años sin adjudicar. La mitad del plan original nunca se construyó. Tampoco se publicó un cierre administrativo completo: inversión final, certificados, inventario, bienes perdidos, responsables del abandono, reclamos de las familias y destino de cada elemento productivo.
Etchemendy aparece mencionado por los cooperativistas entre los funcionarios que participaban de aquella etapa. Esa mención es una acusación testimonial, no una condena. Pero obliga a una respuesta: ¿qué hizo el organismo provincial de cooperativas frente al derrumbe de una cooperativa que decía haber sido convocada y preparada por el propio Estado?
El campo siguió produciendo: ¿para quién y por cuánto?
El fracaso habitacional no significó que las 2.164 hectáreas quedaran inmóviles. En marzo de 2017, un pedido de informes de la Cámara de Diputados preguntó expresamente si el predio estaba arrendado, quién era el arrendatario, quién cobraba y cuál era el destino del dinero. También pidió conocer convenios de ocupación, alternativas de explotación y costos de seguridad.
No eran preguntas abstractas. Un informe periodístico de 2018 constató animales dentro del campo aun después de que el Gobierno afirmara haber dado de baja convenios y permisos. Productores bonaerenses dijeron arrendar una fracción a la Cooperativa Delta Ltda., de Villa Paranacito. También se informó que el entonces diputado Ricardo Troncoso administró durante un período el predio mediante un convenio, arrendando tierras a terceros y destinando supuestamente los fondos a instituciones de Tala.
No hay sentencia que permita afirmar que Troncoso, Delta o esos productores cometieron un delito. Sí existe un vacío documental: no están publicados todos los convenios, superficies, cánones, cobranzas, beneficiarios institucionales ni rendiciones.
En 2017 también se debatió usar parte del predio como centro de rehabilitación de adicciones. Se mencionaron experiencias con bambú, viveros provenientes de Italia y una cesión temporaria a Federación Agraria para alojar hacienda de productores afectados por inundaciones. Se autorizaron 1.500 animales y se denunció públicamente que habían ingresado 2.000. Otro proyecto, otra ocupación y otra cuenta que debe reconstruirse.
El comodato revocado que casi desapareció de la historia
La Asociación Argentina de Cultivo Protegido recibió tierras mediante comodato para instalar invernaderos. El Estado constató incumplimientos y revocó el acuerdo. La asociación inició al menos tres actuaciones contra la Provincia: una acción de suspensión, un interdicto de recobrar y otra causa vinculada al conflicto.
El Decreto 2138 MP, del 9 de diciembre de 2020, autorizó a Fiscalía de Estado a alcanzar un acuerdo prejudicial. La entidad debía desistir de sus acciones, reintegrar las hectáreas que poseía y recibir un nuevo comodato sobre una superficie menor, preservando los invernaderos existentes.
El decreto fue firmado por Gustavo Bordet, Rosario Romero y Juan José Bahillo. Es otro antecedente fundamental: antes de las escrituras definitivas ya había existido un comodato productivo revocado por incumplimientos y renegociado después de varios litigios.
Segunda promesa: la Colonia Productiva Guardamonte
En diciembre de 2018 la Legislatura sancionó la Ley 10.664. La norma creó formalmente la Colonia Productiva Guardamonte y distribuyó el campo entre actividades pecuarias, apicultura, producción intensiva, instituciones educativas, viviendas para policías, espacios comunes y un fondo especial.
La ley estableció una barrera esencial: los productores debían recibir las parcelas mediante comodato gratuito por dos años. Durante ese período tenían que residir, producir, presentar informes semestrales y someterse a inspecciones. Sólo después de una evaluación positiva podía avanzarse hacia la venta a precio promocional y la transferencia definitiva.
Si el proyecto no funcionaba, se desviaba del destino o incumplía sus obligaciones, el comodato debía rescindirse. La regla protegía un bien público proveniente de un decomiso penal.
En 2019 se sortearon veinte viviendas para personal policial. La Comisión Asesora abrió una convocatoria para productores. Se presentaron más de cien postulantes y en enero de 2020 fueron anunciados veinte seleccionados: trece proyectos agropecuarios y siete intensivos, apícolas u hortícolas. La propaganda habló de evaluación rigurosa, entrevistas, capacidad técnica y orden de mérito.
Las planillas completas de puntajes, declaraciones de intereses, impugnaciones, actas y dictámenes no fueron publicadas en línea.
Etchemendy y el decreto que reconoció el incumplimiento
El documento central es el Decreto 2387 MGJ, firmado el 25 de julio de 2022 por Gustavo Bordet y Rosario Romero.
El expediente se inició por una gestión de Ricardo Etchemendy, integrante de la Comisión Asesora, para subdividir y adjudicar el inmueble. El decreto enumera actas, informes ambientales, relevamientos, mensuras y 76 lotes identificados mediante los planos 27.182 a 27.257.
Pero también deja una confesión administrativa: el IPCYMER adjuntó documentación “detallando los motivos por los que no se cumplimentó con los comodatos autorizados por el Poder Ejecutivo, tal como preveía la ley aplicable al caso”.
La etapa de prueba no había sido instrumentada como la ley ordenaba.
Frente a esa omisión, el Poder Ejecutivo no retrotrajo el procedimiento ni abrió una auditoría extraordinaria. Autorizó la adjudicación y transferencia, ordenó individualizar beneficiarios y fijar precios con intervención del Consejo de Tasaciones.
Ese es el núcleo político del caso. Etchemendy debe explicar qué razones presentó para justificar la falta de comodatos. Rosario Romero debe explicar por qué refrendó el avance hacia la transferencia definitiva pese a esa admisión. Bordet debe explicar por qué convirtió la excepción en política de Estado.
Escrituras, subsidio y propaganda
En noviembre de 2022 Bordet y Romero entregaron escrituras y presentaron a Guardamonte como “un ejemplo en todo el país”. El Gobierno habló de cincuenta familias, veinte viviendas policiales, proyectos ganaderos, hortícolas, apícolas y aromáticos, cien hectáreas para la Escuela Agrotécnica N.º 51 y un fondo alimentado por las cuotas de los productores.
Los beneficiarios constituyeron la Cooperativa Agropecuaria Colonia Guardamonte Limitada, matrícula INAES 63.857. En 2023 el INAES aprobó un aporte de 15 millones de pesos para alambrados, aguadas, mangas, corrales, maquinaria, árboles, invernaderos y riego.
No está publicada de forma accesible la rendición completa: facturas, proveedores, inventario, ubicación de los bienes, actas de recepción e inspecciones. Tampoco está publicada una cuenta integral del Fondo Colonia Productiva Guardamonte: ingresos, cuotas, morosidad, gastos y saldo.
La denuncia penal de 2025
El 23 de enero de 2025, Pablo Carrizo denunció ante la Fiscalía de Rosario del Tala presuntas irregularidades. La investigación quedó a cargo de la fiscal Emilce Reynoso y fue presentada bajo posibles figuras de defraudación y negociaciones incompatibles.
Carrizo sostuvo que algunos adjudicatarios no producían, no residían, no pagaban o subarrendaban tierras pese a la prohibición. También afirmó que se avisaba previamente a los beneficiarios antes de las inspecciones. Aclaró que no todos estaban en falta y que había familias trabajadoras.
Hasta el cierre de esta nota no encontramos una resolución pública que informe archivo, imputaciones o resultado. Por eso se trata de hechos denunciados, no de delitos probados.
Pero la denuncia apunta exactamente al riesgo que el comodato de dos años debía evitar antes de escriturar: falta de residencia, ausencia de producción, cambio de destino, subarriendo y mora.
Etchemendy volvió con Rosario Romero
Cuando terminó el gobierno de Bordet, Etchemendy dejó la presidencia del IPCYMER. La nueva gestión provincial designó a María Laura Renoldi. Sin embargo, el “Vasco” reapareció dentro de la Municipalidad de Paraná.
En abril de 2024 intervino como funcionario municipal en el análisis del Banco de Tierras. En mayo participó junto a Rosario Romero de la apertura de un local de COTAPA en el Mercado Sud. En junio fue presentado oficialmente por FECOFE como coordinador municipal. En 2025 continuó representando esa función y en mayo de 2026 participó de un plan municipal de capacitaciones y financiamiento para cooperativas.
La secuencia es objetiva: dieciocho años al frente del organismo provincial; dependencia administrativa del ministerio de Romero durante el período decisivo de Guardamonte; gestión de Etchemendy que desembocó en el Decreto 2387; firma de Romero; y reingreso de Etchemendy como funcionario de la intendencia de Romero.
Eso no prueba por sí solo un delito. Sí prueba una continuidad política que exige rendición de cuentas.
El valor que no puede esconderse detrás de la palabra “social”
Con un canon medio de 8 quintales de soja por hectárea y por año, las 2.164 hectáreas representan 17.312 quintales, equivalentes a 1.731,2 toneladas de soja por año. Esa es una medición bruta sobre toda la superficie; el perjuicio real exige descontar monte, caminos, viviendas, reservas educativas y áreas no agrícolas.
La liquidación seria no consiste en multiplicar todos los años por el precio actual. Debe valorar cada doceava parte del canon al precio Rosario de cada mes, convertirla al tipo de cambio oficial de esa fecha y, en una vía alternativa, aplicar desde cada vencimiento la tasa activa histórica del Banco Nación hasta el 14 de julio de 2026. Ambos métodos deben exponerse por separado: sumarlos sería duplicar actualización.
La documentación pública disponible no permite todavía saber qué fracción fue efectivamente arrendada, qué canon se pactó, cuánto se cobró ni qué gastos legítimos existieron. Por eso la cifra definitiva no se presenta como “dinero robado”. Se presenta la pregunta que el Estado debe contestar: ¿cuánto produjo el campo desde 2011, quién explotó cada hectárea, cuánto pagó y dónde fue registrado cada peso?
El “rey” no necesita corona: necesita expedientes cerrados
La historia de Guardamonte no demuestra que todas las cooperativas sean una estafa. Demuestra algo distinto y más grave: el peronismo entrerriano utilizó durante años el lenguaje del cooperativismo, el arraigo y la economía social para administrar un patrimonio excepcional sin la transparencia excepcional que exigía su origen.
Primero fue una aldea porcina para cien familias. Después cincuenta casas abandonadas. Después una cooperativa que dijo haber trabajado gratis. Después cesiones por inundación, animales excedentes, arrendamientos y convenios sin rendición pública completa. Después un centro de adicciones, viveros, bambú e invernaderos. Después un comodato revocado y tres litigios. Después una ley con controles. Después un decreto que admitió que el control central no se había cumplido. Después escrituras, una cooperativa nueva, 15 millones de pesos y una denuncia penal.
En casi todos esos momentos aparece la misma estructura política. En el tramo decisivo aparece Etchemendy.
No alcanza con afirmar que el cooperativismo transforma. Hay que mostrar quién recibió, cómo fue seleccionado, qué produjo, cuánto pagó, quién inspeccionó y qué sanción se aplicó. No alcanza con entregar escrituras: hay que publicar tasaciones y cláusulas resolutorias. No alcanza con anunciar subsidios: hay que exhibir facturas e inventarios. No alcanza con invocar un fondo: hay que abrir su cuenta.
Por eso esta investigación no termina con una conclusión. Termina con un expediente.
La Caldera presenta un pedido formal de acceso a la información
Al publicar esta nota se presenta una solicitud bajo el artículo 13 de la Constitución provincial, la Ley 11.191, el Decreto reglamentario 2613/2025 y el Decreto 292/2025. Se requiere la entrega digital de los expedientes completos, actas, convenios, comodatos, arrendamientos, padrones, puntajes, tasaciones, escrituras, pagos, inspecciones, sanciones, movimientos del Fondo Guardamonte y rendiciones de subsidios.
El pedido se dirige a la autoridad de aplicación productiva, al Ministerio de Gobierno y Trabajo, Fiscalía de Estado, IPCYMER, ATER/Catastro, Consejo de Tasaciones, Escribanía Mayor, áreas de Vivienda y Obras Públicas y Tribunal de Cuentas. También se solicita al Ministerio Público Fiscal el estado procesal comunicable de la denuncia de 2025.
La Provincia tiene quince días hábiles para responder, prorrogables por otros quince mediante decisión fundada comunicada antes del vencimiento. Una contestación ambigua, incompleta o fuera de término equivale a una negativa injustificada y habilita el reclamo ante la Oficina de Acceso a la Información Pública.
Si Guardamonte es el modelo que proclamaron, los documentos lo demostrarán.
Si los documentos no aparecen, el modelo será otro: el de un Estado que recuperó de un corrupto un campo multimillonario y lo volvió a encerrar, esta vez, detrás de cooperativas, comisiones y expedientes invisibles.
Documentos y fuentes centrales
- Sentencia por usurpación contra Mario Yedro
- La Corte rechazó en mayo de 2026 el último reclamo para recuperar el campo
- Ley 10.664 de creación de la Colonia Productiva Guardamonte
- Decreto 2387 MGJ/2022
- Decreto 2138 MP/2020: conflicto con la Asociación Argentina de Cultivo Protegido
- Pedido legislativo de informes de 2017
- Informe sobre usufructo, Cooperativa Delta y viviendas abandonadas
- Reclamo de la Cooperativa Aldea Productiva Esperanza
- Denuncia penal de 2025
- Designación de Etchemendy en 2005
- Etchemendy como funcionario de la Municipalidad de Paraná en 2024
- Continuidad de Etchemendy en la gestión municipal en 2026
- Régimen provincial vigente de acceso a la información
