Debía responder por el abuso de los viáticos y las ausencias. Pero su salida también marcó el final de una época: la Justicia entrerriana reemplazó la producción académica por cursos, parentescos y padrinazgos políticos.
Carlos Alberto Chiara Díaz debía irse del Superior Tribunal de Justicia. La denuncia presentada por Carlos Guillermo Reggiardo demostró un sistema de ausencias, viáticos y viajes pagados por el Poder Judicial mientras realizaba actividades académicas fuera de Entre Ríos.
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad someterlo a juicio político. No llegó a ser destituido: renunció antes de que el Senado dictara sentencia.
Pero una cosa no borra la otra: Chiara Díaz abusó del poder, aunque también fue el último verdadero académico que tuvo la Justicia entrerriana.
Era doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, profesor y autor de tratados sobre derecho penal, casación, garantías y proceso penal que todavía circulan en universidades de todo el país. No acumulaba certificados ni fotografías en congresos: producía doctrina. Tenía una obra que existía antes del cargo y continuó existiendo después.
Desde su salida, la Justicia entrerriana confundió formación académica con currículum. Hacer una maestría, participar de un curso, integrar una obra colectiva o dar clases en una universidad estatal no convierte automáticamente a nadie en jurista.
La diferencia es elemental: el académico produce pensamiento propio; el funcionario judicial colecciona antecedentes.
Los elegidos del poder
Laura Soage hizo cursos, participó en publicaciones y dio clases. Eso no la convierte en la continuadora académica de Chiara Díaz. La UNER tampoco es una isla separada del poder: es una universidad estatal atravesada históricamente por la política provincial.
Carlos Federico Tepsich llegó al STJ durante el gobierno de Rogelio Frigerio. La comunicación oficial destacó su maestría, su doctorado y su carrera judicial. El dato político quedó más escondido: es cuñado de Esteban Vitor, secretario Legal y Técnico de la Gobernación cuando fue postulado. El parentesco fue planteado formalmente en una recusación y el propio Tepsich tuvo que responder sobre él durante la audiencia pública.
Miguel Ángel Giorgio es presentado como especialista en derecho penal. Es lo mínimo exigible para quien ocupa la Sala Penal del máximo tribunal. Pero también es familia judicial: su hermana, María del Luján Giorgio, es vocal de la Cámara de Casación Penal de Concordia y representó a la Asociación de la Magistratura en el Consejo de la Magistratura.
Claudia Mizawak llegó después de haber sido funcionaria del Ejecutivo, fiscal de Estado y abogada de Sergio Urribarri. Daniel Carubia fue nombrado por Jorge Busti y lleva casi cuatro décadas en el STJ. Germán Carlomagno llegó durante el gobierno de Mario Moine con respaldo de dirigentes del justicialismo. Tepsich apareció con Frigerio y con su cuñado dentro del gabinete.
No es una Corte de juristas. Es un tribunal repartido entre designaciones políticas y apellidos de la familia judicial.
El mismo circuito en los tribunales inferiores
El vaciamiento académico también se observa en los Tribunales de Juicio y en las coordinaciones fiscales.
En Paraná aparecen nombres como Santiago Brugo, Alejandro Cánepa, Matilde Federik y Juan Malvasio, designados vocales mediante decretos del Ejecutivo al final del gobierno de Gustavo Bordet. Federik y Malvasio venían del Ministerio Público Fiscal: pasaron de integrar la estructura acusadora a ocupar los tribunales encargados de juzgar.
Del otro lado, fiscales coordinadores como Leandro Dato, Álvaro Piérola e Ignacio Aramberry administran las investigaciones bajo la conducción vertical del procurador Jorge García.
No existe allí una escuela jurídica ni un pensamiento independiente. Es un circuito cerrado: la Procuración forma y conduce, el poder político firma los nombramientos y los mismos funcionarios van rotando entre fiscalías, tribunales y organismos corporativos.
Cambian de despacho, pero el sistema conserva siempre a los mismos.
García, el académico de las palabras en alemán
Jorge García es el único que todavía se da corte de académico. Habla con solemnidad, cita autores extranjeros y conoce algunas palabras en alemán. Pero pronunciar correctamente dogmática, imputación objetiva o el apellido de un penalista alemán no convierte a nadie en creador de pensamiento jurídico.
Su propio currículum reconoce un doctorado cursado en 1983 sin presentación de tesis y un segundo doctorado iniciado décadas después, también sin una tesis terminada en el documento presentado. Tiene docencia, ponencias, artículos y publicaciones compartidas. Lo que no tiene es una teoría jurídica propia ni una obra comparable con la de Chiara Díaz.
Su principal “aporte doctrinario” a la Justicia entrerriana parece ser otro: dividir una misma maniobra de corrupción en dos investigaciones.
En Contratos Truchos I llevó hacia el juicio a empleados, intermediarios y responsables administrativos. Los vicegobernadores y presidentes de las cámaras que firmaban los contratos quedaron para una supuesta segunda etapa. La causa contra los responsables políticos recién se abrió formalmente a fines de 2025, después de años de promesas.
Así nació la doctrina García: un juicio para los perejiles y otro, mucho más tarde, para los peces gordos.
En cualquier facultad debería explicar por qué un mismo sistema delictivo, ejecutado dentro de la Legislatura durante una década, necesitó dos investigaciones separadas por años. En Entre Ríos alcanza con citar a un autor alemán y hablar complicado.
Se fue el hombre, quedó el sistema
Chiara Díaz merecía ser removido porque abusó de su función. Sus libros no podían garantizarle impunidad ni justificar el uso de recursos públicos.
Pero después de su salida no llegó una Justicia mejor ni más académica. Llegaron los cursos, las maestrías utilizadas como decoración, los parentescos, los padrinos políticos y los funcionarios que confunden solemnidad con conocimiento.
Se fue el hombre que debía irse. Con él también se fue el último académico.
La política y la familia judicial ocuparon el lugar que dejó vacante.
