La causa Insaurralde vuelve a tocar una puerta conocida en Entre Ríos: el negocio del juego. Y, otra vez, el nombre que aparece en el expediente es el de Casino Victoria, la nave insignia del empresario Daniel Mautone en la provincia.
Lo que hasta hace un tiempo parecía una línea lateral del escándalo —un auspicio televisivo, unas facturas, un viaje privado— ahora empieza a tomar otra dimensión. Un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, PROCELAC, incorporado a la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Martín Insaurralde, reconstruyó pagos de empresas del juego a Jesica Cirio por alrededor de 70 millones de pesos entre 2021 y 2023.
El dato central para Entre Ríos es que dos de esas empresas están directamente vinculadas a Victoria: Desarrollos Turísticos Victoria S.A., que habría pagado aproximadamente 35 millones de pesos, y Casino de Victoria S.A., que habría abonado otros 19 millones. A eso se suman unos 17 millones provenientes del Hipódromo Argentino de Palermo.
La pregunta que sobrevuela el expediente no es si una conductora podía facturar publicidad o promociones. La pregunta es otra: por qué empresas del juego, reguladas por el Estado y vinculadas a un sector sobre el que Insaurralde tenía influencia política en la provincia de Buenos Aires, terminaron transfiriendo sumas millonarias a la entonces esposa del exjefe de Gabinete bonaerense.
El antecedente no es menor. En noviembre de 2023, Gendarmería ya había realizado un procedimiento en Casino Victoria para requerir documentación vinculada al ciclo Las mujeres de la Selección, conducido por Cirio. Según publicó TN, la Justicia sospechaba que ese auspicio podía funcionar como una “coima encubierta” para Insaurralde.
Luego se conocieron más detalles. UNO Entre Ríos informó que el Casino Victoria había entregado dos facturas a favor del programa de Cirio por $5.676.720 y $5.586.240, es decir, más de $11,2 millones en publicidad. La rareza señalada en esa publicación fue que los investigadores no lograban determinar cómo se habían pagado esas facturas, porque en registros del casino figuraban como impagas.
La Nación agregó otro dato pesado: una firma de Mautone, Casino de Victoria S.A., habría cubierto al menos un vuelo privado de Insaurralde y Cirio a Uruguay, a bordo de un avión de Excel Servicios Aéreos, desde el aeropuerto de San Fernando. El mismo informe periodístico señaló que otros viajes seguían bajo revisión y que el financiamiento del ciclo televisivo también estaba bajo análisis judicial.
Es decir: no aparece un vínculo aislado. Aparece una secuencia.
Primero, el auspicio televisivo.
Después, las facturas.
Después, los viajes.
Ahora, los pagos mensuales detectados por PROCELAC.
La Caldera lo venía marcando: Entre Ríos no era una postal secundaria del caso Insaurralde. Victoria aparece como una pieza concreta en la ruta del dinero del juego. Y el juego, en la Argentina, casi nunca es solamente juego: es caja, concesión, poder político, reguladores, favores y silencios.
El caso se vuelve todavía más sensible porque Casino Victoria no es una empresa cualquiera en la provincia. Es uno de los símbolos de la privatización del negocio del azar en Entre Ríos. Su operadora, Casino Victoria S.A., aparece presidida por Daniel Mautone, empresario nacido en Concordia, y la concesión habría sido extendida hasta 2044, según reconstrucciones periodísticas sobre el entramado del juego provincial.
Mientras tanto, la causa nacional se aceleró tras la difusión de videos donde se ven fajos de dólares en un vestidor atribuido al entorno de Insaurralde y Cirio. El juez federal Luis Armella rechazó el pedido de detención formulado por el fiscal Sergio Mola, pero les prohibió salir del país y les impuso restricciones de movimiento.
La defensa de Cirio sostiene que sus ingresos están declarados y que los videos fueron obtenidos mediante maniobras ilícitas. La causa, por ahora, no tiene condenas. Pero el expediente ya dejó una certeza política: el escándalo no se agota en el yate de Marbella ni en los dólares del vestidor.
La ruta vuelve a pasar por el juego.
Y en esa ruta, Casino Victoria vuelve a quedar señalado.
Entre Ríos debería mirar el expediente con más atención. Porque cuando una empresa concesionaria del juego aparece vinculada a pagos, auspicios, facturas y viajes en una causa de enriquecimiento ilícito, el problema ya no es solo de Insaurralde ni de Cirio.
También es de la provincia que le abrió la puerta, le renovó beneficios, le permitió crecer y nunca terminó de explicar cuánto poder real tiene el negocio del casino sobre la política entrerriana.
