Esteban Vitor volvió a presentarse como garante de la transparencia y aseguró que la Ley de Ética Pública saldrá en “10 o 15 días”. Pero el funcionario que habla de Ficha Limpia, juicio político y austeridad también carga con señalamientos incómodos: Guillermo Michel lo acusó de posibles negociaciones incompatibles por el entorno familiar vinculado a una concesionaria, mientras La Caldera ya había publicado informes sobre Vision Motors, los contratos familiares y el crecimiento patrimonial del clan. La ética pública empieza por casa.
Esteban Vitor reapareció en modo fiscal de la República. Desde una entrevista publicada por Análisis Digital (que nada le pregunto sobre los dichos de MICHEL), el secretario Legal y Técnico del gobierno de Rogelio Frigerio aseguró que la reforma previsional, la Ley de Ética Pública y la derogación de las pensiones de gobernador y vice son prioridades oficiales. Incluso se animó a poner fecha: “en una semana o dos semanas va a salir”, dijo sobre la Ley de Ética Pública.
El problema de Vitor no es lo que dice. El problema es desde dónde lo dice.
Porque el mismo funcionario que ahora se sube al atril de la transparencia fue señalado públicamente por Guillermo Michel por presuntas incompatibilidades vinculadas al crecimiento económico de su entorno familiar, especialmente por la concesionaria asociada a su hijo. No se trata de condenar a nadie en una nota periodística; se trata de marcar la obscenidad política: quien quiere escribir la ley de ética no puede tener zonas oscuras en su propio mostrador.
La pregunta es simple: ¿puede Vitor hablar de Ética Pública sin explicar antes Vision Motors, el Galpón Apolo, los contratos de sus hijos y el crecimiento patrimonial que La Caldera viene señalando desde hace tiempo?
En diciembre, este medio publicó que Vision Motors, concesionaria de autos de alta gama, aparecía formalmente manejada por uno de sus hijos, “un joven sin trayectoria empresaria conocida”, en el marco de un negocio de cifras difíciles de explicar para alguien recién llegado al rubro automotor. También se recordó que los tres hijos de Vitor figuraron contratados como personal de obra en la Cámara de Diputados, dentro del universo de contratos cuestionados en la Legislatura.
Ahí está la doble vara. Vitor habla de combatir la corrupción, de terminar con privilegios y de regular el juicio político. Pero cuando las preguntas rozan su apellido, la transparencia se vuelve niebla. Cuando el funcionario exige reglas para todos, debería empezar por mostrar sus propios papeles. Porque la ética pública no puede ser una linterna para alumbrar al enemigo y un apagón cuando se acerca a la familia.
Lo más llamativo es el escenario: Vitor eligió hablar de transparencia en Análisis Digital, un medio donde el oficialismo suele tener llegada y donde la propaganda estatal y los espacios institucionales conviven con la agenda política. Esa combinación merece ser mirada con lupa: funcionario con poder jurídico, discurso moralizador, pauta pública y silencio sobre los señalamientos que lo involucran.
La contradicción es aún más fuerte si se revisa el archivo. En 2023, cuando era oposición, Vitor decía que el gobierno provincial “no había avanzado nada en materia de transparencia”, reclamaba Ley de Ética Pública, acceso a la información, ley antinepotismo y regulación del uso de autos oficiales. Hoy, ya sentado en el poder, el discurso es el mismo, pero la exigencia debería ser mayor: que explique él lo que antes les exigía explicar a los demás.
Y no alcanza con decir que “la ley sale en 15 días”. Entre Ríos no necesita una Ética Pública escrita por funcionarios que se autoabsuelven. Necesita una ley que también alcance a los negocios familiares, a las concesionarias de hijos, a los contratos de parientes, a los funcionarios con doble mostrador y a los medios que reciben publicidad estatal mientras instalan la épica de la transparencia.
Vitor quiere aparecer como arquitecto institucional del frigerismo. Pero antes de redactar el manual de la ética ajena, debería responder una pregunta básica: ¿quién controla al controlador?
La ética pública no se declama en entrevistas amigas ni se negocia entre despachos. Se demuestra poniendo arriba de la mesa los papeles propios. Porque si la transparencia sólo sirve para perseguir adversarios y nunca para revisar a los propios, no es transparencia: es blindaje con perfume republicano.
