Adrián Fuertes, jefe de la Liga de Intendentes Justicialistas de Entre Ríos, aparece adherido al régimen de «inocencia fiscal» impulsado por el gobierno nacional. La noticia no sería relevante si se tratara de un empresario que hizo su fortuna en la actividad privada.
Pero Fuertes es, esencialmente, un producto de la política. Fue diputado, senador, intendente y dirigente de peso del peronismo provincial durante más de dos décadas. Su familia ha ocupado cargos públicos desde hace años. No proviene de una de las grandes familias empresarias de Entre Ríos ni de una fortuna histórica conocida.
Por eso la pregunta es inevitable. Si en 2003 Adrián Fuertes ya era diputado provincial y en 2026 figura dentro de un régimen pensado para contribuyentes con patrimonios y movimientos económicos relevantes, ¿qué pasó en el medio? Más importante aún: ¿qué pasó con la gente que él representó durante todos estos años?
Porque mientras la dirigencia política acumulaba poder, cargos y patrimonio, la realidad de los entrerrianos fue exactamente la contraria.
Los trabajadores tienen menos capacidad de ahorro, más dificultades para acceder a una vivienda, salarios deteriorados y una pobreza que creció de manera constante. El contraste es brutal: después de veinte años de gobiernos que hablaban en nombre de los humildes, los dirigentes parecen estar mucho mejor que los ciudadanos.
Fuertes no llegó a la política cuando todo esto ya había ocurrido. Fue parte del proceso. Desde 2003 hasta hoy integró una generación de dirigentes que administró recursos, ocupó cargos y tomó decisiones mientras la provincia y el país se empobrecían. Por eso su adhesión al régimen de inocencia fiscal no genera solamente una discusión tributaria. Genera una discusión política.
La verdadera pregunta no es cuánto creció el patrimonio de Adrián Fuertes. La verdadera pregunta es por qué quienes gobernaron durante más de veinte años parecen haber progresado mucho más que el pueblo al que decían representar.
