La causa de los contratos truchos vuelve a mostrar una conexión incómoda entre política, negocios y poder judicial. En la prueba exhibida por Fiscalía aparecen imágenes de la imprenta vinculada a Juan Pablo Aguilera, cuñado de Sergio Urribarri, instalada en un inmueble que había pertenecido a Adrián Federico Fuertes, hoy intendente de Villaguay y presidente de la Liga de Intendentes del PJ.
La trama de los contratos truchos no se agota en los nombres de empleados legislativos, prestanombres o intermediarios. Cada vez que se abre una carpeta de prueba, aparecen los mismos puntos de contacto: inmuebles, imprentas, sociedades comerciales, operadores políticos y funcionarios que circularon durante años alrededor del poder provincial.
Uno de esos datos vuelve ahora al centro de la escena: las fotografías exhibidas por Fiscalía sobre las imprentas vinculadas al circuito investigado. En particular, la imprenta ubicada en calle Racedo 415, asociada a las firmas TEP SRL y Next SRL, empresas que la acusación judicial vinculó a Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador Sergio Urribarri.
La particularidad política del caso es que ese inmueble no era un dato neutro. En agosto de 2016, cuando se produjeron allanamientos en propiedades vinculadas a la investigación, Adrián Federico Fuertes salió públicamente a aclarar que no había vendido dos inmuebles a Aguilera, sino uno. Reconoció, en definitiva, que uno de los lugares allanados —donde funcionaba la imprenta— había pasado de su patrimonio al del cuñado de Urribarri.
El dato fue publicado en aquel momento por la prensa entrerriana. Fuertes explicó que, cuando era legislador, vivía en un departamento lindero al galpón de calle Racedo, donde luego funcionó la imprenta vinculada a Aguilera. Es decir: no se trata de una especulación posterior ni de una interpretación forzada. La conexión patrimonial fue admitida públicamente por el propio Fuertes.
Ese antecedente adquiere hoy una relevancia política mayor. Adrián Fuertes no es un actor secundario: actualmente es intendente de Villaguay y fue elegido presidente de la Liga de Intendentes del PJ de Entre Ríos. Su trayectoria muestra además un recorrido sinuoso dentro del mapa político provincial: pasó por el macrismo, luego regresó al kirchnerismo y, tras ese retorno, fue premiado con el Ministerio de Turismo durante la gestión provincial.
Fue justamente en ese contexto cuando explotó públicamente la información sobre los inmuebles allanados y la relación con Aguilera. Mientras se intentaba presentar a Fuertes como parte de una recomposición política, apareció un dato que lo conectaba con uno de los engranajes materiales de las causas de corrupción más resonantes de Entre Ríos: las imprentas vinculadas al entorno urribarrista.
La Fiscalía, años después, exhibió documentación y elementos secuestrados en allanamientos que apuntaban a demostrar que Aguilera era el verdadero dueño o beneficiario de TEP SRL y Next SRL. En el megajuicio, incluso se señaló la existencia de documentación privada que lo vinculaba directamente con esas empresas gráficas. La prueba no sólo hablaba de sociedades comerciales: hablaba de estructuras empresariales puestas al servicio de un sistema de poder.
La pregunta política, entonces, es inevitable: ¿cómo llegó un inmueble de Adrián Fuertes a terminar funcionando como una pieza relevante dentro del entramado empresario atribuido a Juan Pablo Aguilera? ¿Fue una simple operación inmobiliaria, como se intentó presentar, o formaba parte de una red más amplia de relaciones políticas, económicas y funcionales al poder de turno?
En Entre Ríos, las causas de corrupción suelen investigarse por compartimentos estancos. Por un lado, los contratos legislativos. Por otro, las imprentas. Por otro, la pauta oficial. Por otro, los retornos políticos y los premios institucionales. Pero cuando se cruzan los nombres, las direcciones y los beneficiarios, el mapa empieza a mostrar una lógica común.
La imprenta de Racedo 415 no era sólo una dirección. Era un punto de contacto entre el urribarrismo, sus operadores económicos y dirigentes que, como Fuertes, siguieron ocupando espacios de poder incluso después de que esos vínculos salieran a la luz.
Hoy, con Fuertes al frente de la Liga de Intendentes del PJ, ese antecedente merece volver a discutirse. Porque no se trata únicamente de mirar hacia atrás, sino de entender cómo se reciclan los mismos nombres dentro de la política entrerriana, aun cuando alrededor de ellos hayan aparecido datos relevantes en investigaciones judiciales y periodísticas.
La causa de los contratos truchos todavía tiene mucho para decir. Y las fotos de las imprentas no muestran solamente máquinas, galpones o papeles: muestran también las huellas materiales de un sistema político que durante años mezcló negocios privados, recursos públicos y protección partidaria.
