El Ministerio de Desarrollo Humano, que conduce, VERONICA BERISSO, ex intednete de GUALEGUAY, autorizó una contratación directa por $124,8 millones para adquirir 5.200 frazadas polares. El decreto invoca a cooperativas de la economía social, pero el precio vuelve a encender una vieja alarma entrerriana: la historia de las compras de frazadas, el antecedente Stratta y los controles que siempre llegan tarde.
Entre Ríos parece condenada a discutir cada invierno lo mismo: frazadas, precios, contrataciones directas y expedientes que se defienden con la necesidad social como escudo.
Esta vez, el Gobierno provincial autorizó al Ministerio de Desarrollo Humano a comprar 5.200 frazadas polares de una plaza, 100% poliéster, antipeeling, de 1,50 por 2,20 metros, a un precio unitario de $24.000. El monto total asciende a $124.800.000.
La operación fue dispuesta por contratación directa por vía de excepción y adjudicada a seis cooperativas textiles inscriptas en el REESER. En los papeles, el argumento es social: abastecer stock, fortalecer efectores de la economía social y comprar a organizaciones productivas entrerrianas.
Hasta ahí, la explicación oficial. El problema aparece cuando se mira el precio.
El precio testigo: $34.300
El decreto menciona como referencia un presupuesto de la firma Del Mestre, donde la frazada aparece cotizada a $34.300 por unidad. Con ese número en la mano, el Gobierno puede decir que contrató por debajo del precio testigo: $24.000 contra $34.300.
Pero esa comparación es apenas una parte de la historia.
Un relevamiento básico de mercado muestra que frazadas polares de medidas similares, incluso antipeeling, aparecen publicadas bastante por debajo de los $24.000. Hay opciones minoristas entre $11.399, $13.800, $15.760, $16.650 y $18.500. También existen productos premium que se acercan más al precio oficial, alrededor de $23.500.
Es decir: el precio elegido por el Estado no parece un disparate frente al extremo premium del mercado, pero sí queda alto frente a varias referencias minoristas comparables. Y eso abre la pregunta central: si un consumidor común puede encontrar precios más bajos, ¿qué precio debería conseguir el Estado comprando 5.200 unidades?
La contratación no es por diez frazadas. Es por más de cinco mil.
La diferencia no es menor
Si se compara el precio oficial de $24.000 con una frazada antipeeling de $13.800, la diferencia es de $10.200 por unidad. Multiplicado por 5.200 frazadas, la brecha potencial supera los $53 millones.
Si se toma como referencia un precio de $15.760, la diferencia ronda los $42,8 millones.
Si se toma un precio de $18.500, la diferencia baja, pero sigue siendo importante: unos $28,6 millones.
El Gobierno podrá argumentar calidad, logística, producción local, entrega, certificaciones, fortalecimiento cooperativo o condiciones especiales. Pero justamente por eso debe mostrar el expediente completo. Porque en las compras públicas no alcanza con decir “es más barato que un presupuesto agregado”. Hay que demostrar que el precio es razonable frente al mercado real.
El costo de la tela también deja preguntas
La frazada oficial tiene 1,50 por 2,20 metros. En el mercado, la tela polar antipeeling por metro, con anchos de 1,50 o 1,60, aparece en valores que rondan entre $5.300 y $6.400 por metro, con precios por cantidad más bajos.
Una frazada de esas medidas demandaría aproximadamente 2,20 metros lineales de tela. Eso coloca el costo del insumo principal, de manera estimativa, entre $10.600 y $14.000 por unidad. A eso hay que sumarle corte, confección, terminación, mano de obra, embalaje, traslado, impuestos y margen.
Pero el dato sirve igual: permite preguntar cuánto vale realmente producir cada frazada, cuánto se paga de mano de obra, cuál es el margen reconocido a las cooperativas y qué controles hará el Estado sobre la entrega final.
Porque si el argumento oficial es fortalecer cooperativas, el Estado debe explicar si paga precio de mercado, precio social, precio de fomento o precio político.
El antecedente Stratta: cuando las frazadas ya habían hecho ruido
La palabra “frazadas” no es inocente en Entre Ríos.
Durante la gestión de Laura Stratta al frente del área social, el llamado Plan Cobijar quedó envuelto en una fuerte polémica por la compra de tela polar. Aquella operación también se justificaba en una finalidad noble: confeccionar mantas y prendas de abrigo para familias vulnerables.
Pero el expediente terminó marcado por discusiones sobre precios, ofertas más bajas, objeciones de control y advertencias del Tribunal de Cuentas. La controversia no era si hacía falta asistir a familias con frío. La discusión era si, detrás de esa necesidad, se había comprado bien o se había pagado de más.
Ese antecedente vuelve inevitable la comparación.
No porque este expediente sea igual. No porque las cooperativas actuales sean responsables de aquel escándalo. Sino porque el mecanismo político se parece demasiado: el Estado compra abrigo para pobres, usa un procedimiento excepcional, invoca urgencia o política social, y después le pide a la ciudadanía que confíe.
Entre Ríos ya aprendió que la confianza no reemplaza al control.
Economía social sí, caja negra no
Que el Estado compre a cooperativas textiles puede ser una buena decisión. Puede generar trabajo local, fortalecer redes productivas y evitar que el dinero público termine siempre en los mismos grandes proveedores.
Pero la economía social no puede transformarse en una zona liberada de controles.
Si las cooperativas tienen capacidad real, si producen en Entre Ríos, si el precio está justificado, si la calidad es la correcta y si la compra es conveniente, el Gobierno debería mostrar todo: presupuestos, comparativas, informes técnicos, constancias del REESER, capacidad instalada, antecedentes productivos, plazos de entrega, remitos, certificaciones de recepción y pagos.
Más todavía cuando una sola cooperativa concentra 3.000 de las 5.200 frazadas y se lleva $72 millones del total.
El decreto se cubre: señala responsables
El propio decreto parece redactado con el paraguas abierto.
Deja asentado que la responsable del REESER debe responder por la veracidad de los datos, por la correspondencia de los informes con la realidad y por el cumplimiento de los requisitos legales de las cooperativas.
También establece que el Director de Fortalecimiento de Organizaciones Sociales es responsable de la contratación y de que el presupuesto agregado sirva para evaluar la razonabilidad y conveniencia del precio.
Traducido al idioma de la calle: si mañana el precio no cierra, si las cooperativas no producen, si la entrega falla o si los informes estaban flojos, ya hay funcionarios con nombre institucional para dar explicaciones.
Las preguntas que debe responder Desarrollo Humano
¿Cuántos presupuestos reales se pidieron? ¿Por qué se tomó como referencia un precio de $34.300 cuando hay productos comparables por debajo de $18.500? ¿Se comparó con precios mayoristas o sólo con un presupuesto comercial? ¿Cuál es el costo estimado de producción por frazada? ¿Qué parte del precio corresponde a tela, mano de obra, confección, logística e impuestos? ¿Cómo se verificó la capacidad productiva de cada cooperativa? ¿Por qué una cooperativa concentra $72 millones? ¿Quién certificará la calidad antipeeling, el gramaje y las medidas? ¿Intervendrá el Tribunal de Cuentas antes o después del pago? ¿Se publicarán remitos, facturas, órdenes de pago y destino final de las frazadas?
Otra vez, el frío de los pobres como argumento
El punto no es discutir si hacen falta frazadas. Hacen falta. El frío existe. La necesidad social también.
El punto es otro: cada vez que el Estado compra en nombre de los sectores vulnerables, la obligación de controlar debe ser más alta, no más baja.
Porque los pobres no pueden ser usados como coartada administrativa. No pueden ser el argumento perfecto para acelerar expedientes, relativizar precios o esconder contrataciones detrás de palabras nobles.
Entre Ríos ya tuvo un caso Stratta con frazadas y precios bajo sospecha. Ahora, con otro gobierno y otro discurso, vuelve una compra millonaria de frazadas por contratación directa.
La diferencia entre una política social seria y una caja opaca está en los papeles.
Y esta vez el Gobierno tiene una oportunidad simple: mostrar todo antes de que el expediente vuelva a tapar más de lo que abriga.
