Miguel Marizza no es solamente un empresario de la construcción. Su recorrido público muestra una diversificación de actividades que tuvo como elemento común una relación sostenida con el Estado: obra pública, organización de eventos oficiales, concesiones, emprendimientos gastronómicos, explotación de inmuebles públicos y participación en sociedades vinculadas al negocio del juego.
Su trayectoria en la función pública aparece reconstruida de manera convergente por perfiles periodísticos y por una fuente normativa oficial. Las notas lo ubican al frente de la entonces empresa energética provincial en los años 80; luego, en el menemismo, como subinterventor de Gas del Estado e integrante del proceso de privatización; y más tarde como subgerente general del PAMI durante la gestión de Carlos Alderete.
Durante años, Marizza fue identificado como uno de los empresarios con mayor llegada a las administraciones provinciales entrerrianas, especialmente durante el período de Sergio Urribarri. Su nombre apareció asociado a contratos millonarios, obras públicas, servicios para actividades gubernamentales y proyectos que dependían directamente de decisiones políticas, autorizaciones administrativas o recursos públicos.
DE FUNCIONARIO MENEMISTA A EMPRESARIO CONTRATISTA
Su paso por ese organismo quedó mencionado en investigaciones relacionadas con los contratos cuestionados del PAMI durante la década de 1990. La existencia y el alcance concreto de su responsabilidad deben analizarse conforme a las actuaciones judiciales de aquella época, pero su nombre quedó desde entonces ligado a una modalidad de negocios caracterizada por la articulación entre empresas privadas, contratos públicos y relaciones políticas.
Posteriormente, Marizza se instaló como uno de los referentes de la construcción en Entre Ríos. Pasó a conducir Caballi Construcciones S.A. y tuvo participación activa en la delegación provincial de la Cámara Argentina de la Construcción, desde donde adquirió influencia en uno de los sectores económicos que mayor dependencia tiene del presupuesto estatal.
CABALLI CONSTRUCCIONES Y LA OBRA PÚBLICA
Desde Caballi Construcciones, Marizza participó en importantes proyectos provinciales. Su crecimiento coincidió con una etapa de expansión de la obra pública financiada por el Estado nacional y ejecutada por el gobierno entrerriano.
El empresario también estableció relaciones con otras compañías de peso, entre ellas Lemiro Pietroboni S.A., tradicional contratista de la costa del Uruguay. Esa vinculación apareció con claridad en el proyecto de la nueva Terminal de Ómnibus de Concepción del Uruguay, donde confluyeron empresarios de la construcción, autoridades municipales, bienes públicos y el interés por ingresar al negocio privado de las máquinas tragamonedas.
Las publicaciones de la época describieron a Marizza como uno de los empresarios cercanos al urribarrismo. Esa cercanía no se expresó solamente mediante obras, sino también a través de servicios para grandes eventos oficiales y emprendimientos adjudicados o autorizados por distintas áreas gubernamentales.
LOS CONTRATOS PARA EVENTOS OFICIALES
Uno de los episodios más mencionados fue la denominada “Cumbrecita del Mercosur”, realizada en Paraná. Empresas vinculadas a Marizza habrían participado en la provisión de servicios de gastronomía, espectáculos y organización, por cifras que fueron objeto de cuestionamientos periodísticos y políticos.
Publicaciones de aquellos años hablaron de aproximadamente 10 millones de DOLARES destinados a catering, espectáculos y servicios complementarios. Se trataba de valores nominales de entonces y su verdadero peso económico debe medirse en el contexto de la época.
El caso resultó significativo porque mostraba que la relación de Marizza con el Estado no se limitaba a construir rutas, edificios o infraestructura. También alcanzaba actividades de organización, gastronomía, entretenimiento y explotación comercial de eventos financiados con fondos públicos.
LOS GALPONES DEL PUERTO DE CONCORDIA
Otro emprendimiento cuestionado fue la entrega para explotación de galpones ubicados en el Puerto de Concordia.
Según investigaciones periodísticas, el espacio fue destinado a un proyecto de gastronomía, espectáculos y guardería náutica. Las críticas apuntaron a la ausencia de un procedimiento competitivo suficientemente claro y a las condiciones mediante las cuales se permitió a empresarios privados aprovechar instalaciones pertenecientes al Estado.
Este episodio volvió a mostrar un esquema repetido: un bien público, una decisión administrativa, un proyecto privado y un empresario con acceso permanente a los gobiernos provinciales o municipales.
EL PROYECTO DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
El caso que mejor sintetiza el modelo empresarial atribuido a Marizza fue el llamado “Megaproyecto Turístico Integral” de Concepción del Uruguay.
La iniciativa se presentó como una operación de desarrollo urbano y turístico. El grupo empresario debía construir una nueva Terminal de Ómnibus y, como contraprestación, recibía derechos sobre la céntrica manzana ocupada por la vieja terminal, además de beneficios comerciales de largo plazo.
El proyecto involucró a la sociedad Entretenimientos de la Costa S.A., encabezada públicamente por empresarios como Miguel Marizza y vinculada también, según distintas etapas y publicaciones, con Jorge Cura, Jorge Aníbal Pérez y empresas relacionadas con Lemiro Pietroboni.
La nueva terminal fue construida en un sector alejado del centro y recibió cuestionamientos por su ubicación, calidad, funcionamiento y por el desequilibrio económico que representaba intercambiar esa construcción por un inmueble céntrico de alto valor.
Pero el verdadero interés del proyecto no se agotaba en la terminal ni en el desarrollo inmobiliario.
MARIZZA Y SU PARTICIPACIÓN EN EL NEGOCIO DEL JUEGO
Marizza tuvo participación societaria y económica en el negocio del juego de Concepción del Uruguay a través de Entretenimientos de la Costa y del proyecto vinculado con la terminal.
El acuerdo buscaba que el grupo empresario accediera a la explotación privada de la sala de máquinas tragamonedas que funcionaba bajo la órbita del IAFAS en el Casino de Concepción del Uruguay. Es decir, la construcción de la terminal y la cesión de inmuebles aparecían conectadas con la posibilidad de controlar una actividad mucho más rentable y permanente: las apuestas.
En noviembre de 2013, una investigación de El Entre Ríos señaló que el municipio avanzaba en un acuerdo que podía otorgarle al grupo empresario una concesión de treinta años sobre la antigua terminal y habilitar una sala privada de juegos. La publicación sostuvo que Marizza diversificaba sus inversiones hacia emprendimientos vinculados con el control privado del juego en la provincia.
Entretenimientos de la Costa no era, por lo tanto, únicamente una sociedad creada para levantar infraestructura turística. Su proyecto incorporaba expresamente la explotación de tragamonedas y la transformación de una sala estatal en un negocio operado por privados.
Investigaciones posteriores afirmaron que el grupo pretendía extender durante décadas la explotación de las máquinas del Casino de Concepción del Uruguay. También vincularon el proyecto con la firma NewGame —anteriormente denominada NewTronic— y con el empresario Jorge Aníbal Pérez, señalado como uno de los actores económicos que estaban detrás de la iniciativa.
Este punto es central para comprender el proyecto: la terminal podía funcionar como la inversión visible y justificante, mientras que el flujo económico más importante se encontraba en la explotación continuada del juego.
Una obra se construye, se entrega y finaliza. Una sala de tragamonedas, en cambio, produce recaudación todos los días durante los años que dure la concesión.
Por eso, el interés por las máquinas no era accesorio. Era una parte estructural del negocio.
UNA CONCESIÓN PROLONGADA Y LOS INCUMPLIMIENTOS
El contrato entre el municipio de Concepción del Uruguay y Entretenimientos de la Costa se remonta a 2010.
Con el paso de los años, comenzaron a acumularse cuestionamientos por incumplimientos de plazos y obligaciones. El grupo empresario no habría completado la totalidad de las obras comprometidas en los términos originalmente convenidos, mientras que el contrato y las negociaciones continuaron abiertos mediante modificaciones, prórrogas y nuevos acuerdos.
En algún momento, el propio municipio declaró terminado el contrato debido a los incumplimientos. Sin embargo, poco después se retomaron las negociaciones con el grupo empresario y se intentó reformular la operación.
En 2017, Análisis Digital informó que, pese a las prórrogas vencidas y a los reiterados incumplimientos, la relación contractual continuaba formalmente en pie. La publicación sostuvo que el principal interés empresarial era preservar o extender la concesión sobre las tragamonedas explotadas en el Casino de Concepción del Uruguay.
La controversia fue impulsada durante años por el agrimensor Fernando Brescacín, quien realizó presentaciones administrativas y judiciales para impedir lo que consideraba una pérdida del patrimonio municipal.
Brescacín denunció que la ciudad podía entregar edificios y terrenos públicos de enorme valor a cambio de una obra que no compensaba los beneficios económicos otorgados al grupo privado.
LAS SOCIEDADES Y LOS EMPRESARIOS DETRÁS DEL PROYECTO
Marizza fue la cara pública más reconocible del emprendimiento, pero las investigaciones periodísticas sostuvieron que no actuaba solo.
En las primeras etapas aparecieron vinculados Jorge Cura, la empresa Lemiro Pietroboni y su subsidiaria Traza S.A. Posteriormente cobró relevancia Jorge Aníbal Pérez, empresario relacionado con medios de comunicación, hoteles y compañías vinculadas a la explotación de juegos de azar.
El Entre Ríos señaló que Pérez participaba en sociedades como TV Mar del Plata S.A., Producciones Independientes Asociados S.A. y NeoMedia Gestión S.A., vinculadas al control de Canal 9 Litoral y Canal 10 de Mar del Plata. También lo relacionó con el Hotel Mayorazgo y con empresas del sector del juego.
De acuerdo con esas investigaciones, Marizza aparecía como el operador visible y el interlocutor político y empresarial del proyecto, mientras que detrás existía una estructura económica más amplia, con capitales y sociedades relacionadas con medios, hoteles y tragamonedas.
No todo lo publicado fue probado mediante sentencias judiciales. Por eso, corresponde distinguir entre la integración societaria que pueda surgir de registros comerciales, los contratos efectivamente firmados y las interpretaciones o denuncias formuladas por medios y particulares.
Sin embargo, sí está documentado que el proyecto de Entretenimientos de la Costa incluía el acceso a la explotación de las máquinas tragamonedas y que Marizza era uno de sus principales referentes.
EL RECLAMO FISCAL
Otro de los temas que acompañó la trayectoria pública de Marizza fue una investigación fiscal por una suma que, según publicaciones periodísticas, superaba los 160 millones de pesos de aquel momento.
Las notas hablaban de un reclamo de la AFIP vinculado con presuntas maniobras de evasión. La causa fue cuestionada por su lentitud y por la falta de avances públicos.
Debe aclararse que la existencia de una investigación o un reclamo fiscal no implica por sí misma una condena. Para afirmar responsabilidades personales es indispensable verificar el estado procesal definitivo, las resoluciones dictadas y si existieron sobreseimientos, prescripciones o sentencias.
Lo políticamente relevante es que, mientras se difundían esas investigaciones, el empresario continuó participando de contrataciones, concesiones y proyectos ligados al Estado.
UN EMPRESARIO MULTIRRUBRO CON UN MISMO SOCIO PRINCIPAL: EL ESTADO
Cuando se repasa el recorrido de Marizza, aparece una extensa variedad de actividades:
- Construcción y obra pública.
- Organización de eventos oficiales.
- Catering y espectáculos.
- Explotación de inmuebles estatales.
- Gastronomía y guarderías náuticas.
- Proyectos turísticos.
- Operaciones inmobiliarias.
- Participación societaria en emprendimientos vinculados con casinos y tragamonedas.
Las actividades son diferentes, pero el punto de conexión es el mismo: en casi todas resulta indispensable una obra pública, un contrato estatal, una concesión, una autorización política o la entrega de un inmueble perteneciente al patrimonio público.
No se trata de sostener que contratar con el Estado sea ilegal. Miles de empresas lo hacen legítimamente. Lo que vuelve relevante el caso es la reiteración, la magnitud de los beneficios, la diversidad de rubros y la cercanía atribuida al empresario con diferentes gobiernos.
DEL URRIBARRISMO A LOS NUEVOS TIEMPOS
La fortaleza de este tipo de empresarios reside en su capacidad de sobrevivir a los cambios de administración.
Marizza fue identificado durante años con el urribarrismo, pero los contratos y emprendimientos en los que participó atravesaron distintas gestiones provinciales y municipales. En Concepción del Uruguay, por ejemplo, el proyecto pasó por las administraciones de Marcelo Bisogni, Carlos Schepens y José Lauritto.
Aunque los discursos políticos cambiaban, el contrato continuaba siendo negociado, prorrogado o revisado.
Esa continuidad ayuda a entender que no se trata solamente de una relación personal con un gobernador o un intendente. Se trata de un sistema en el cual determinados empresarios adquieren la capacidad de negociar con sucesivos gobiernos porque controlan sociedades, contratos, inversiones en marcha y derechos económicos difíciles de desarmar.
EL INTERROGANTE CENTRAL
El interrogante no es únicamente cuánto dinero ganó Miguel Marizza mediante contratos públicos.
La pregunta más importante es cómo un empresario pudo participar simultáneamente en obra pública, eventos oficiales, explotación de espacios estatales, desarrollos inmobiliarios y sociedades vinculadas al juego, manteniendo durante años una relación privilegiada con distintos niveles del poder político.
En Concepción del Uruguay, la discusión tampoco debe reducirse a si la nueva terminal fue mejor o peor que la anterior.
El núcleo del asunto es que, detrás de la obra, existía un acuerdo de largo plazo que podía transferir a empresarios privados bienes públicos estratégicos y una fuente permanente de recaudación: las máquinas tragamonedas.
La participación de Marizza en ese negocio no es un dato lateral. Es una de las claves para comprender toda la operación.
El proyecto presentado como turístico e inmobiliario abría la puerta al control privado del juego. Y eso explica por qué, pese a incumplimientos, denuncias, vencimientos y rechazo social, durante tantos años se intentó mantener vigente el acuerdo.
PERFIL
Miguel Marizza representa un modelo de empresario que creció en la intersección entre la actividad privada y el poder estatal.
Su recorrido fue desde la función pública nacional hasta la conducción de empresas constructoras; desde la obra pública hasta la organización de espectáculos; desde la explotación de espacios portuarios hasta la participación en un proyecto que incluía la privatización de tragamonedas.
El caso de Concepción del Uruguay reúne todos esos elementos: empresarios de la construcción, sociedades comerciales, funcionarios municipales, bienes públicos, contratos prolongados, incumplimientos y una actividad de enorme rentabilidad como el juego.
Por eso, cualquier informe sobre Marizza que omita su participación en Entretenimientos de la Costa y el interés del grupo en las máquinas tragamonedas queda incompleto.
La terminal era la obra visible.
El negocio de fondo era mucho más amplio.
