No se trata de una diferencia personal ni de una simple réplica frente a una nota periodística. Lo que quedó planteado con la querella contra Daniel Enz es algo mucho más grave: la utilización del aparato mediático para desacreditar, aislar y castigar públicamente a quien viene denunciando hechos de corrupción e irregularidades de poder.
La publicación cuestionada no se limita a opinar. Afirma como un hecho que Carlos Guillermo Reggiardo “percibe un doble sueldo del Estado municipal y del Senado entrerriano”. La querella sostiene que esa imputación es falsa, que no existe relación laboral con el Senado y que jamás hubo designación ni vínculo jurídico que permita sostener semejante acusación. No es un matiz. No es una interpretación. Es una afirmación concreta, lesiva y, según la presentación, falsa.
A eso se suma otro elemento igual de revelador: la distorsión de datos objetivos vinculados a una obra pública. La presentación remarca que donde se habló de “14 cuadras”, el proyecto original contemplaba 20 y la ejecución final alcanzó 27. Ese punto no es secundario. Muestra que no estamos frente a una nota rigurosa sino frente a un relato construido con recortes, omisiones y datos funcionales a una conclusión previa.
El problema de fondo no es solamente la falsedad de una frase. El problema es el patrón. La querella describe una secuencia reiterada de publicaciones del mismo medio, siempre con el mismo enfoque, siempre con la misma carga negativa, siempre omitiendo contexto relevante y siempre orientadas a erosionar la credibilidad del mismo blanco.
Ese contexto omitido importa. Importa mucho. Porque no se está hablando de una persona cualquiera puesta de casualidad en el centro de una controversia mediática. Se está hablando de alguien que, según el propio escrito, ha promovido denuncias sobre corrupción, contrataciones irregulares y maniobras institucionales sensibles. Sacar eso de la escena no es neutralidad. Es manipulación del marco en el que el lector entiende los hechos.
Entonces la pregunta aparece sola: ¿qué función cumple un medio cuando no investiga el poder, sino que apunta contra quien lo denuncia? Ahí es donde el periodismo deja de cumplir un rol de control y pasa a operar como engranaje de encubrimiento. No hace falta callar para encubrir. A veces alcanza con hablar de otra cosa. Con desviar. Con ensuciar al denunciante. Con instalar sospechas sobre su persona para que nadie mire lo que vino a señalar.
Eso es lo que vuelve especialmente grave esta querella. No discute solamente una lesión al honor. Pone en discusión un mecanismo de persecución. Un método basado en la repetición de afirmaciones agraviantes, en la ausencia de verificación suficiente y en la construcción deliberada de una imagen pública degradada. La presentación incluso encuadra esa conducta dentro del estándar de “real malicia”, es decir, la difusión de hechos falsos con conocimiento de su falsedad o con manifiesto desprecio por la verdad.
En una provincia atravesada desde hace años por denuncias de corrupción, cajas políticas, acomodos y pactos de silencio, el problema no es sólo lo que algunos funcionarios hacen. El problema también es quiénes ayudan a que eso no se discuta de frente. Quiénes banalizan. Quiénes deforman. Quiénes convierten al denunciante en acusado mediático mientras los verdaderos hechos quedan licuados en la confusión.
Por eso esta querella tiene una dimensión que excede lo judicial. Expone una lógica. La lógica de castigar al que habla. La lógica de blindar estructuras de poder a través del descrédito selectivo. La lógica de usar la publicación como herramienta de disciplinamiento.
La libertad de expresión no está en juego cuando lo que se cuestiona es la mentira publicada como verdad. Nadie discute el derecho a opinar, investigar o criticar. Lo que se discute es otra cosa: la difusión de imputaciones falsas, sin prueba, sin fuente visible y sin el más mínimo deber de cuidado. Ahí no hay periodismo valiente. Hay irresponsabilidad. Y si esa conducta es reiterada, ya no parece irresponsabilidad: parece intención.
La querella contra Daniel Enz, así planteada, no sólo busca reparación. Busca dejar una marca. Decir que no todo vale. Que no todo puede esconderse detrás de un titular. Que no todo puede justificarse en nombre de la prensa cuando lo que se hace es perseguir, deformar y encubrir.
Porque cuando la corrupción tiene protección política, judicial y mediática, el problema deja de ser un hecho aislado. Se convierte en sistema.
Y cuando ese sistema necesita destruir al que denuncia para seguir funcionando, ya no estamos ante un exceso periodístico.
Estamos ante una forma de complicidad.
