La intendenta de Paraná viaja a Tucumán para hablar de ambiente y sostenibilidad, pero en su propia ciudad arrastra problemas estructurales de agua, residuos, controles ambientales y una chatarrería judicializada que sigue funcionando como moneda de cambio político.
Rosario Romero fue a Tucumán a hablar de cambio climático. La escena, por sí sola, parece una postal de época: dirigentes que descubren el lenguaje verde cuando hay cámaras, congresos, fotos institucionales y rosca política, pero que en sus propias ciudades no pueden garantizar lo elemental.
Porque la pregunta es simple: ¿qué pergaminos ambientales tiene Rosario Romero para dictar cátedra sobre sostenibilidad? ¿Cuál es el modelo ambiental de Paraná? ¿Una ciudad con barrios que reclaman agua, con problemas crónicos de infraestructura, con conflictos ambientales sin resolver y con una chatarrería como la de Todoni que lleva años entre clausuras, intimaciones, incumplimientos y decisiones judiciales?
La VIII Asamblea Nacional de Intendentes frente al Cambio Climático se realizó en San Miguel de Tucumán, con más de 200 municipios convocados para debatir políticas ambientales. Allí aparece Romero, al lado de Rossana Chahla, la intendenta tucumana presentada mediáticamente como “la intendenta tiktoker”. Pero el problema no es asistir a un foro ambiental. El problema es usar la agenda ambiental como decoración política mientras Paraná sigue sin respuestas concretas.
La chatarrería Todoni es el símbolo perfecto de esa contradicción. No se trata de una discusión abstracta: hubo orden judicial de clausura, con ejecución a cargo de la Municipalidad de Paraná. Sin embargo, el conflicto siguió abierto, con nuevos incumplimientos de plazos y allanamientos posteriores. Entonces, ¿de qué sostenibilidad habla Romero si ni siquiera puede ordenar un problema ambiental concreto dentro de la ciudad que gobierna?
Lo más grave es que todo aquello que podría ser una política pública genuina termina convertido en moneda de cambio. El ambiente, el agua, los residuos, los controles, la salud urbana y hasta los conflictos judicializados se usan según la conveniencia de la interna. Hoy la chatarrería Todoni aparece atravesada por la política de La Libertad Avanza; mañana cualquier otro expediente puede servir para presionar, negociar o acomodar alianzas.
Mientras tanto, Paraná sigue esperando. Espera agua. Espera cloacas. Espera calles transitables. Espera control ambiental serio. Espera que las normas se cumplan igual para todos. Espera una gestión que no confunda sostenibilidad con marketing.
Rosario Romero puede viajar a Tucumán y hablar de cambio climático. Lo que no puede hacer es pedir que nadie mire Paraná. Porque la verdadera política ambiental no se mide en paneles, fotos ni discursos: se mide en agua en las casas, residuos controlados, barrios protegidos y decisiones firmes frente a quienes contaminan o incumplen.
Y ahí, precisamente ahí, la gestión Romero tiene demasiadas explicaciones pendientes.
