El secretario general del SOEMVER volvió a instalar en la escena pública el reclamo de los trabajadores municipales de Victoria. Sus últimas apariciones apuntaron contra la Secretaría de Hacienda, el esquema de contrataciones de la gestión Castagnino, la presencia de funcionarios foráneos y el incumplimiento de compromisos asumidos con la familia municipal. La olla popular de ayer frente al municipio fue mucho más que una protesta: fue la postal de una crisis que la gestión ya no puede esconder.
En Victoria, el conflicto municipal dejó de ser un reclamo sectorial para convertirse en un síntoma político de la administración de Isa Castagnino. En los últimos días, Jorge Muñoz, histórico referente sindical de los empleados municipales y secretario general del SOEMVER, volvió a ocupar el centro de la escena con declaraciones públicas que golpean donde más duele: la administración de los recursos, las prioridades del Ejecutivo y el trato que reciben quienes sostienen todos los días el funcionamiento real del municipio.
Muñoz no habló desde la comodidad de un despacho ni desde una especulación partidaria. Habló desde la calle, desde la puerta del municipio, desde el lugar donde los trabajadores tuvieron que montar una olla popular para visibilizar una situación que, según vienen denunciando, ya no admite más dilaciones. Salarios deteriorados, compromisos incumplidos, falta de respuestas concretas, nombramientos pendientes y una estructura política que crece mientras la planta permanente sigue esperando.
Uno de los ejes más fuertes de sus declaraciones fue el cuestionamiento a la Secretaría de Hacienda. Allí, según el planteo gremial, se concentra una parte decisiva del problema: números que no cierran para aumentar salarios, pero sí parecen cerrar para sostener contratos, funcionarios y cargos políticos. La pregunta que sobrevuela el reclamo es simple y brutal: ¿por qué nunca hay plata para los trabajadores, pero siempre aparece presupuesto para la estructura de poder?
El reclamo también apunta al esquema de contratos de la gestión Castagnino. Muñoz puso sobre la mesa una discusión que incomoda: la presencia de contratados, funcionarios políticos y designaciones que no necesariamente responden a las necesidades reales del municipio, mientras los empleados de carrera siguen postergados. En ese marco, el sindicato viene señalando que la planta política absorbe recursos que deberían estar destinados a recomponer salarios, mejorar condiciones laborales y cumplir acuerdos asumidos.
Otro punto sensible es la presencia de funcionarios foráneos. En una ciudad con trabajadores municipales de años, con conocimiento del territorio y experiencia concreta en cada área, la llegada o permanencia de figuras ajenas a Victoria genera un fuerte malestar interno. No se trata solamente de una discusión de domicilio: se trata de representación, pertenencia y prioridades. Para los trabajadores, resulta difícil aceptar que se traiga gente de afuera mientras se desconocen derechos de quienes llevan años sosteniendo el municipio desde adentro.
La olla popular de ayer sintetizó todo ese clima. No fue una puesta en escena: fue una advertencia. Cuando los municipales llegan a una olla popular frente al palacio municipal, el conflicto ya superó la mesa de negociación. Allí hubo bronca, pero también organización. Hubo reclamo salarial, pero también una denuncia política más profunda: la gestión de Castagnino no está cumpliendo con quienes debería cuidar primero.
Muñoz aparece, en ese contexto, como la voz de un malestar que ya no se contiene en los pasillos. Sus intervenciones públicas de estos días expresan una demanda concreta: que el municipio ordene sus prioridades, que cumpla los compromisos asumidos y que deje de cargar sobre los trabajadores el costo de una estructura política sobredimensionada.
Victoria atraviesa una discusión de fondo. No es solamente cuánto cobra un empleado municipal. Es qué modelo de municipio se está construyendo. Uno que protege a sus trabajadores, respeta la carrera administrativa y administra con austeridad real; o uno que sostiene contratos, funcionarios y decisiones políticas mientras la familia municipal queda relegada.
La olla popular dejó una imagen difícil de borrar. Frente al municipio, los trabajadores pusieron el cuerpo y Muñoz puso la voz. Ahora la respuesta la debe dar Castagnino. Y la debe dar con hechos, no con excusas.
