El intendente de Concepción del Uruguay quedó envuelto en un nuevo escándalo administrativo tras conocerse que el municipio perdió un juicio porque ningún abogado respondió la demanda. La situación golpea de lleno la imagen de Lauritto: un hombre formado en el Poder Judicial, histórico dirigente del peronismo entrerriano y mencionado durante años en debates vinculados a la política judicial y el caso de los contratos truchos. Se espera una dura reaccion del tribunal de cuentas (selectivo) que ha solicitado el reclamo de creditos prescriptos a municipios.
Hay hechos que en política son difíciles de explicar. Y este es uno de ellos, Concepción del Uruguay acaba de quedar expuesta a un costo millonario porque, según surge del propio decreto municipal, nadie contestó una demanda judicial contra el municipio. No hubo defensa. No hubo presentación. No hubo reacción estatal.
La consecuencia es gravísima: deberán devolverse multas cobradas, pagar intereses y afrontar costas judiciales con dinero público. Y el problema no estalla en cualquier gestión.
Explota bajo la conducción de José Eduardo Lauritto, probablemente uno de los dirigentes entrerrianos que más conoce el funcionamiento judicial y administrativo del Estado. Ex vicegobernador, ex ministro, hombre histórico del PJ y figura con larguísima trayectoria institucional, Lauritto siempre construyó su perfil alrededor de la idea de orden, experiencia y conocimiento del aparato estatal.
Por eso el episodio genera tanto ruido.
Porque una cosa es que un municipio pequeño y desorganizado pierda un expediente por torpeza administrativa. Otra muy distinta es que ocurra en una gestión encabezada por alguien que viene justamente del mundo del derecho y del Poder Judicial.
El decreto que encendió todo
La polémica explotó con el Decreto 29201, firmado por el propio Lauritto, donde se exige explicaciones a siete abogados municipales para que informen qué hicieron durante los últimos meses y cuál fue su actuación concreta en el expediente perdido.
El dato económico agrava todavía más el escenario: el municipio posee una estructura de 14 abogados y procuradores cuyos salarios superaron los 31 millones de pesos mensuales.
Treinta y un millones de pesos por mes.
Y aun así, el municipio perdió un juicio porque nadie respondió una demanda.
La pregunta empezó a repetirse en toda la ciudad: ¿cómo puede pasar algo así sin que nadie lo advierta antes?
Lauritto y las viejas sombras de la política judicial
El episodio además reaviva viejas discusiones políticas alrededor de Lauritto y su histórica cercanía con sectores del poder judicial y administrativo entrerriano.
Su nombre apareció durante años mencionado en debates políticos ligados al funcionamiento del Estado provincial, las estructuras históricas del PJ y las redes burocráticas que luego quedaron bajo sospecha en causas sensibles como los contratos truchos en la Legislatura.
Aunque no exista vinculación directa entre aquel escándalo y este expediente municipal, el problema vuelve a poner sobre la mesa una discusión incómoda para el oficialismo entrerriano: la naturalización de estructuras estatales enormes, costosas y muchas veces difíciles de controlar.
Porque el vecino común observa algo muy simple: mientras a cualquier contribuyente le ejecutan una deuda por atrasarse unos días, el Estado puede perder millones por no contestar una demanda y nadie parece enterarse hasta que el daño ya está hecho.
Mucho más que un error administrativo
En política, las formas importan. Pero los símbolos también.
Y un municipio que pierde un juicio por abandono procesal transmite una imagen demoledora: la de un Estado lento, burocrático y desconectado de las consecuencias reales de sus errores.
Por eso la situación ya dejó de ser un expediente judicial más.
Se transformó en un problema político para Lauritto, justo cuando intentaba sostener una imagen de experiencia y equilibrio en medio de una Entre Ríos atravesada por crisis económicas, desconfianza social y desgaste de la dirigencia tradicional.
Porque si hasta un hombre como Lauritto termina atrapado en un escándalo donde el Estado “se olvidó” de defenderse, entonces el problema parece mucho más profundo que un simple descuido administrativo.
