El sistema de transporte urbano de pasajeros de Paraná atraviesa una nueva etapa de tensión e incertidumbre. El conflicto laboral entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la empresa San José S.A., actual prestataria del servicio, sigue sin resolverse y amenaza con profundizar aún más el deterioro de un sistema que desde hace años es cuestionado por usuarios, trabajadores y distintos sectores de la ciudad.
La disputa tiene su origen en la transición del servicio ocurrida en diciembre de 2025, cuando la empresa San José S.A. comenzó a operar como nueva permisionaria del transporte urbano. Según denuncia la UTA Seccional Entre Ríos, la firma se negó a incorporar a los trabajadores que se desempeñaban con la anterior operadora, incumpliendo —según sostienen— las disposiciones previstas en el artículo 225 de la Ley de Contrato de Trabajo, referido a la continuidad laboral ante la transferencia de una explotación.
Desde el gremio remarcan que existe incluso una medida cautelar dictada por la Justicia Nacional que ordena mantener la continuidad de los contratos laborales. Sin embargo, la empresa sostiene que el pliego licitatorio no la obliga a absorber al personal anterior, por lo que entiende que no tiene responsabilidad sobre esos trabajadores.
En medio de la controversia, la Municipalidad de Paraná intenta mantenerse al margen del conflicto. Durante las numerosas audiencias realizadas, la postura oficial ha sido clara: el municipio afirma no ser parte de la disputa debido a que no es empleador directo de los trabajadores involucrados.
Paradójicamente, esa posición coincide parcialmente con la sostenida por la propia UTA. Desde la representación legal del gremio argumentan que el pliego licitatorio municipal no puede modificar ni limitar derechos establecidos por la legislación laboral nacional. Como ejemplo, señalan que tampoco regula cuestiones esenciales como vacaciones, licencias, descansos obligatorios, categorías laborales o escalas salariales, materias que son competencia exclusiva de las leyes laborales dictadas por el Congreso Nacional.
El conflicto sumó además un nuevo capítulo judicial luego de que la Sala II de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de Paraná dictara una resolución que intentaría dejar sin efecto la cautelar nacional favorable a los trabajadores. No obstante, desde la UTA rechazan su aplicación al sostener que ni el sindicato ni los empleados fueron parte en ese expediente, por lo que consideran que cualquier intento de hacer valer esa decisión frente a ellos resultaría “nulo de nulidad absoluta”.
Mientras tanto, quienes padecen las consecuencias inmediatas son los usuarios del transporte urbano. Frecuencias deficientes, demoras, unidades en mal estado y un servicio cada vez más cuestionado conforman un escenario de creciente malestar social. El sistema, históricamente deficitario, parece nuevamente atrapado entre discusiones empresariales, judiciales y políticas, sin respuestas concretas para miles de vecinos que dependen diariamente del colectivo para trabajar, estudiar o trasladarse dentro de la ciudad.
Con posiciones todavía alejadas y sin señales claras de solución inmediata, el futuro del transporte urbano de Paraná continúa envuelto en incertidumbre. El desenlace del conflicto no solo definirá la situación laboral de los trabajadores involucrados, sino también la estabilidad de un servicio esencial cuya crisis parece no encontrar final.
