El peronismo entrerriano acaba de cruzar una línea gravísima. Ya no se trata de una discusión interna, ni de una diferencia política, ni de una disputa entre sectores que piensan distinto el futuro del partido. Lo que acaba de quedar expuesto es mucho más serio: una estructura partidaria que pretende sancionar a quienes denunciaron hechos de corrupción ante la Justicia, como si para acudir a los tribunales hubiera que pedirle permiso previo al mismo aparato político que aparece cuestionado.
La noticia publicada por Página Política, bajo el título “Expulsión a Rossi y sanciones para los demás”, confirma el movimiento disciplinario contra Domingo Daniel Rossi y Carlos Guillermo Reggiardo. No se los persigue por haber robado, por haber administrado mal el Estado, por haber abandonado a los trabajadores, a los jubilados o a los sectores que el peronismo dice representar. Se los persigue por denunciar. Esa es la confesión política más brutal: para este PJ, el problema no es la corrupción, sino que alguien la lleve a la Justicia.
La resolución del Tribunal de Disciplina es todavía más grave porque lo dice con todas las letras. Considera una falta partidaria haber denunciado penalmente a un candidato del PJ y haber acudido a ámbitos externos al partido sin agotar supuestas vías internas. Es decir, pretende crear una especie de instancia prejudicial partidaria para hechos que, por su naturaleza, deben investigarse en sede judicial. Si hay delitos, no se consulta al partido. Se denuncia ante la Justicia. Punto. Lo contrario es convertir una organización política en un sistema de encubrimiento.
La Caldera viene denunciando desde hace meses lo que muchos preferían callar: la ostentación de Michel, los dólares, la caja real del PJ, los vínculos con el sistema SIRA, las sospechas sobre financiamiento político y el rol de una dirigencia que se acostumbró a administrar el partido como si fuera una sociedad cerrada. No hablamos de una nota aislada ni de un arrebato editorial. Hay una secuencia de publicaciones, denuncias y antecedentes que ahora empiezan a encontrar eco en investigaciones nacionales.
Por eso resulta tan obscena la reacción del PJ entrerriano. En lugar de pedir que se investigue hasta el fondo, el aparato reacciona contra los denunciantes. En lugar de explicar el financiamiento, la caja, los giros, las campañas y los silencios comprados por la política del poder, quieren expulsar a quienes rompieron el pacto. La lógica es transparente: no importa si los hechos son graves, no importa si involucran recursos públicos, no importa si afectan la representación popular; lo imperdonable es haberlos denunciado.
Rossi fue intendente con todos los gobernadores de la democracia, fue vicegobernador de Entre Ríos y conoce como pocos la vida interna del peronismo. Reggiardo, desde La Caldera y desde los tribunales, viene poniendo nombre y expediente a lo que otros apenas murmuran en los pasillos. Que ahora pretendan presentarlos como desleales demuestra hasta qué punto se degradó el sentido político del partido. Deslealtad no es denunciar corrupción. Deslealtad es usar el Estado contra la gente. Deslealtad es transformar una fuerza popular en una maquinaria de autoprotección. Deslealtad es pedir silencio cuando lo que corresponde es investigación.
La pregunta que debe hacerse cada afiliado peronista es simple: ¿desde cuándo denunciar ante la Justicia es más grave que los hechos denunciados? ¿Desde cuándo el partido puede arrogarse el derecho de decidir qué delitos se investigan y cuáles se tapan? ¿Desde cuándo la disciplina partidaria está por encima de la Constitución, del derecho penal y del deber ciudadano de denunciar hechos de corrupción?
Lo que está ocurriendo no es una sanción disciplinaria común. Es un mensaje mafioso en clave institucional: “al que habla, se lo expulsa”. Y cuando una organización necesita disciplinar al denunciante para proteger al denunciado, deja de parecerse a un partido político y empieza a parecerse a otra cosa.
Por eso esto no termina en el Congreso del PJ. Esto va a tener continuidad judicial. Si creen que con una resolución interna van a frenar las denuncias sobre Michel, el SIRA, el financiamiento político y las cajas que sostuvieron operaciones electorales en Entre Ríos, se equivocan. Se ampliarán las presentaciones donde corresponda, incluso ante el juzgado federal de Ariel Lijo y la fiscalía de Franco Picardi, porque lo que el PJ entrerriano intenta tapar ya no cabe dentro de una unidad básica.
El peronismo entrerriano tiene una última oportunidad de decidir qué quiere ser. Puede ser un partido político con debate, verdad y responsabilidad pública, o puede terminar convertido en una organización de silencio donde la regla no escrita sea callar, obedecer y proteger a los propios. Pero si elige ese camino, que no se disfrace más de movimiento popular. Porque un movimiento popular no expulsa al que denuncia corrupción: expulsa de su vida interna a quienes la hicieron posible.
