La Justicia entrerriana volvió a mostrar su costado más espectacular: operativos ruidosos, filtraciones selectivas y silencio absoluto sobre los resultados. En la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Gustavo Bordet, se allanó la casa de una de sus hijas con una orden que, según trascendió, apuntaba al secuestro de documentación patrimonial o comercial, celulares, computadoras y otros soportes digitales. Pero, al menos públicamente, no se informó qué se encontró, qué se secuestró ni cuál fue el resultado concreto del procedimiento. Y ahí empiezan las preguntas incómodas.
En cualquier causa resonante —y también en expedientes menores que involucran a vecinos sin poder ni apellido— suele saberse qué se buscaba, si el allanamiento fue positivo o negativo y qué elementos se secuestraron. A veces hasta aparecen fotos. Acá, en cambio, dominó el hermetismo. Se conoció el operativo, pero no su resultado.
Lo que sí se publicó es el alcance general de la medida. Distintos medios informaron que el fiscal José Arias pidió y que la Justicia de Garantías autorizó el secuestro de documentación vinculada a cuestiones patrimoniales o comerciales, además de celulares, computadoras, otros dispositivos de almacenamiento, e incluso requisas personales y vehiculares. Es decir: no se trataba de una medida para “ver cómo vivía” alguien ni para constatar el valor de una casa. Para eso existen otras vías: informes registrales, pericias, tasaciones o relevamientos catastrales. Un allanamiento así sugiere que se buscaban papeles, rastros o soportes digitales con una hipótesis previa detrás.
Por eso el punto más delicado no es sólo la magnitud del operativo, sino su dirección. ¿Por qué la casa de la hija? ¿Qué hipótesis concreta justificó una medida tan invasiva en un domicilio que, según se desprende del debate público, no sería parte del círculo político más directo de la causa? Si la sospecha era patrimonial, la Justicia debería poder explicar con precisión qué vínculo encontró entre ese domicilio y la investigación principal. Si la sospecha era documental, la pregunta es todavía más directa: ¿qué creían que estaba ahí y en base a qué evidencia previa lo sostenían?
Hay además otro dato que profundiza la sospecha política que rodea el episodio: el allanamiento trascendió con enorme rapidez y ocurrió apenas 48 horas después de que Bordet denunciara públicamente que la investigación podía estar siendo usada para dañarlo políticamente. Eso no prueba por sí solo una maniobra, pero sí alimenta una percepción cada vez más extendida: que en Entre Ríos ciertos movimientos judiciales parecen pensados para generar impacto antes que para rendir cuentas sobre sus resultados.
Y ahí aparece el verdadero problema. Porque una cosa es una investigación seria, con reserva razonable y resultados posteriores verificables. Otra muy distinta es una Justicia que filtra el allanamiento, deja circular el nombre, el domicilio y el espectáculo del procedimiento, pero no informa si secuestró algo relevante, si encontró la documentación buscada o si el operativo terminó en nada. Cuando la cámara llega antes que la explicación, el proceso corre el riesgo de convertirse en escenografía.
No se trata de defender a nadie por reflejo. Si la sospecha es seria, que se investigue a fondo. Pero que se investigue con reglas claras, fundamentos controlables y el mismo estándar para todos. Lo que no resiste una democracia seria es esta mezcla de grandilocuencia operativa y opacidad informativa. Porque cuando la Justicia allana y después no explica, cuando expone pero no demuestra, cuando hace ruido pero no muestra resultados, deja de parecer un poder del Estado y empieza a parecer una productora de escenas.
La pregunta, entonces, no es sólo qué buscaban. La pregunta es qué encontraron. Y si no encontraron nada, por qué nadie lo dice. Porque si el procedimiento tenía sustento, la sociedad tiene derecho a conocer al menos su resultado procesal. Y si ese resultado no aparece, el allanamiento se parece demasiado a otra puesta en escena de una Justicia que, como no le ofrece respuestas a la gente, le ofrece espectáculo.
Porque una Justicia sin resultados visibles pero con vocación escénica corre el riesgo de degradarse a sí misma. Y una provincia que asiste a estos operativos sin saber si fueron positivos, negativos o inocuos termina viendo no un acto de justicia, sino una función.
