A dos años y medio de gestión, el gobierno de Rogelio Frigerio ya no puede sostener el relato de la austeridad. Mientras repite discursos sobre orden, eficiencia y modernización, los decretos muestran otra cosa: más cargos, más estructuras, más designaciones políticas y una ingeniería cada vez más sofisticada para disimular privilegios arriba, mientras abajo se ajusta a los que trabajan, aportan y se jubilan.
Los papeles hablan solos. El 12 de marzo de 2026, por decreto DTO-2026-601-E-GER-GOB, el Ejecutivo creó una nueva “Coordinación de Eventos y Marca Institucional” en el ámbito de Comunicación, facultando incluso las adecuaciones presupuestarias necesarias para ponerla en marcha. No se trata de un área vinculada a salud, producción, seguridad o educación. Es, lisa y llanamente, otra estructura burocrática en un Estado que supuestamente venía a achicar cargos y racionalizar gastos.
Al día siguiente, el 13 de marzo de 2026, otro decreto, el DTO-2026-606-E-GER-GOB, designó a una Secretaria Privada del Secretario General de la Gobernación, con remuneración equivalente al Nivel 38 del Personal Superior fuera de escalafón. Es decir: más cargos jerárquicos, más gasto político, más estructura de confianza.
Y el 16 de marzo de 2026, por decreto DTO-2026-629-E-GER-GOB, se rectificó otra designación previa en el Ministerio de Desarrollo Humano, donde se habían dejado sin efecto designaciones anteriores y nombrado nuevas funcionarias en cargos de dirección y secretaría privada. Otra vez: rotación, reemplazos, reacomodamientos, nuevos nombres y más arquitectura política en la cúpula del Estado.
Ese es el dato central: Frigerio no está achicando el Estado; lo está rediseñando para su propia lógica de poder. Cambia nombres, crea coordinaciones, suma secretarías privadas, mueve piezas y amplía la estructura. Todo eso mientras se pretende instalar que el problema fiscal está en los jubilados, en los empleados públicos o en la Caja de Jubilaciones.
Pero hay algo todavía más grave que la creación de cargos: la farsa de los funcionarios “ad honorem”.
Porque cuando un ministro, secretario o funcionario político “suspende” su sueldo en el cargo principal para cobrar mejor en otro lado, no estamos frente a un acto heroico ni a un gesto de desprendimiento. Estamos frente a una maniobra que merece ser discutida con toda crudeza. Si un funcionario ejerce poder político real, firma actos de gobierno, toma decisiones públicas y ocupa un cargo ministerial, debe cobrar como ministro y aportar como ministro. Lo contrario es una simulación.
El problema no es solamente ético. También es previsional. Cuando funcionarios de la primera línea, como los que se mencionan en la crítica pública —Bisogni, Roncaglia, Colello, Troncoso— aparecen bajo modalidades “ad honorem” o con suspensión de haberes del cargo político, se produce una consecuencia concreta: dejan de realizar aportes a la Caja sobre remuneraciones de activos que deberían estar vinculadas a la función realmente ejercida. Y ahí el costo no lo paga el funcionario. Lo paga el sistema. Lo paga la Caja. Lo pagan los aportantes. Lo pagan los jubilados presentes y futuros.
Es decir: mientras el Gobierno habla de déficit previsional, al mismo tiempo tolera o promueve esquemas en los que los cargos de mayor responsabilidad política quedan desligados de su correlato contributivo real. Después, claro, vienen los discursos solemnes sobre la “crisis” de la Caja, como si fuera un fenómeno natural, una fatalidad económica o una herencia eterna. No. También se la desfinancia desde arriba cuando se vacía de aportes genuinos a los cargos más altos del poder.
La discusión de fondo debería ser mucho más honesta. Si la Provincia considera que un ministro cobra poco, que lo diga. Si cree que un ministro debe ganar dos millones, cuatro, ocho o diez millones para ejercer con responsabilidad, dedicación exclusiva y sin corrupción, que lo defienda políticamente. Esa es una discusión seria. Incluso incómoda, pero seria. Lo que no resiste análisis es esta hipocresía institucional de inventar funcionarios “ad honorem” que en los hechos manejan áreas enteras del Estado, conservan poder, visibilidad y lapicera, pero eluden el esquema salarial y previsional que correspondería a la función que ejercen.
Porque el “ad honorem” en la cúspide del poder no es austeridad. Es ficción. Es maquillaje. Es una forma de esconder cuánto cobran realmente algunos, desde dónde cobran y cuánto dejan de aportar. Y cuando eso ocurre en un gobierno que, además, sigue creando coordinaciones, secretarías privadas y cargos jerárquicos, el mensaje político es devastador: el ajuste es para los de abajo; la ingeniería administrativa es para los de arriba.
La contradicción se vuelve obscena. Por un lado, se crean nuevas unidades funcionales y se habilitan adecuaciones presupuestarias para sostenerlas. Por otro, se multiplican designaciones jerárquicas en áreas sensibles del poder. Y al mismo tiempo se pretende vender como gesto republicano que algunos funcionarios no cobren formalmente como lo que son, aunque ejerzan efectivamente ese poder.
No hay austeridad en crear cargos y disfrazar salarios. No hay ejemplaridad en vaciar aportes mientras se llenan organigramas. No hay moral pública en pedir sacrificios al conjunto y reservarse para la casta gobernante un régimen de excepción hecho a medida.
Frigerio llegó prometiendo terminar con los privilegios de la política. Pero a esta altura lo que se ve es otra cosa: más estructura, más nombramientos, más relato y menos verdad. Y en el medio, una Caja de Jubilaciones cada vez más presionada por decisiones políticas que nadie quiere explicar con claridad.
Si un funcionario ocupa un ministerio, que cobre como ministro. Si ejerce poder, que aporte por ese poder. Y si el Gobierno quiere discutir cuánto debe ganar un ministro para no ser tentado por la corrupción, que lo haga de frente, con números sobre la mesa y sin simulaciones. Lo que no puede seguir haciendo es hablar de responsabilidad fiscal mientras multiplica cargos y habilita mecanismos que debilitan el financiamiento del sistema previsional.
Porque cuando la política deja de aportar lo que corresponde, después no hay magia: la cuenta la termina pagando el pueblo.
