Hay decretos que explican mejor que cualquier discurso cómo entiende el poder el uso del Estado. El caso de Néstor Roncaglia es uno de ellos: el Ministerio de Seguridad y Justicia autorizó una contratación directa por vía de excepción, sin licitación, por 26.400.000 pesos, para que un particular se encargue de tareas vinculadas a la seguridad personal y operativa del ministro.
El decreto no deja demasiado margen para el maquillaje. Se contrata a Claudio Omar Abaca para confeccionar un registro detallado de las actividades del ministro, elaborar reportes previos sobre los lugares donde estará presente, detectar patrones del entorno y producir informes posteriores para ajustar protocolos de respuesta. En otras palabras: el Estado entrerriano le paga a un privado una estructura paralela para cuidar al ministro.
La pregunta cae sola: ¿para qué está entonces todo el aparato público de seguridad? ¿No hay Policía, custodia oficial, áreas técnicas, inteligencia criminal, funcionarios y recursos suficientes dentro del propio ministerio? Si el ministro de Seguridad necesita tercerizar su resguardo con un contratado externo, entonces estamos ante una de dos cosas: o el sistema público no funciona, o decidió esquivarlo para manejarse con un esquema propio. Las dos opciones son escandalosas.
Más grave aún: el decreto justifica la maniobra bajo el paraguas del carácter “secreto” de la tarea. Ese detalle no da tranquilidad. Da miedo. Porque en la política argentina, cuando aparecen la excepción, la reserva y la contratación directa, casi siempre desaparecen la transparencia y el control. El secreto no protege acá a la provincia: protege al funcionario.
No estamos hablando de una erogación menor. Son 26,4 millones de pesos por doce meses, pagados en cuotas mensuales, para funciones que se pisan de lleno con obligaciones que ya deberían cumplir organismos del Estado. Mientras tanto, a la sociedad se le pide ajuste, paciencia y comprensión. Para el ciudadano, recorte. Para el ministro, seguridad privada premium.
Lo que revela este episodio es algo más profundo que un simple exceso administrativo. Revela una lógica de privilegio. Roncaglia no actúa como ministro de la seguridad pública: actúa como alguien que usa el Estado para montar su propio dispositivo personal. Y eso es inadmisible. Cada peso que se destina a esta contratación opaca es un peso que no va a prevención, patrullaje, equipamiento, investigación criminal o asistencia a las víctimas.
Encima, el contrato rige desde el 2 de enero de 2026, pero el decreto se firma en marzo. Primero se decide el gasto, después se acomoda el expediente. Primero el beneficio, después la justificación. Demasiado viejo, demasiado burdo, demasiado impune.
El gobierno podrá decir que todo está encuadrado en la norma. Pero no alcanza. No todo lo que puede hacerse administrativamente debe hacerse políticamente. Y mucho menos cuando se trata de un ministro de Seguridad contratando sin licitación un servicio privado, reservado y millonario para sí mismo.
No es austeridad. No es eficiencia. No es seguridad pública. Es privilegio, discrecionalidad y uso obsceno de fondos estatales.
