Un concejal de Fuertes, que gestiono personalmente la ley electoral de FRIGERIO y fue candidato de MASSA por afuera en 2015, una exfuncionaria puesta en funciones por Rosario Romero y un hombre cuestionado por el escándalo de los pagos a empleados con beneficios previsionales en la Caja de Jubilaciones integran el tribunal que pretende expulsar a Domingo Daniel Rossi del Partido Justicialista.
La escena es demasiado burda para disimularla. Quienes deberían garantizar imparcialidad aparecen, en los hechos, como parte de un mecanismo político destinado a castigar a quienes denunciaron lo que hoy ya es vox populi: el financiamiento oscuro, las maniobras internas y la apropiación del partido por Michel y compañía.
Pablo José Alberto Vittor figura como concejal titular de Villaguay por Más para Entre Ríos, espacio de Adrián Fuertes. Adriana Pérez Galarraga fue puesta al frente de la Secretaría de Justicia por Rosario Romero cuando ésta era ministra de Gobierno y Justicia. Y Juan Carlos Reffino aparece mencionado en el antecedente de la resolución N.º 2.116/2012 de la Caja, señalada públicamente como base de incrementos previsionales “distorsivos”.
Ese es el tribunal que ahora pretende hablar de disciplina.
Pero no se trata de disciplina. Se trata de coacción política. Primero ignoraron impugnaciones, recusaciones y planteos internos. Después se arrogaron la facultad de resolver sobre su propia parcialidad. Luego negaron prueba, limitaron la defensa y finalmente apretaron con la expulsión. La denuncia penal federal ya expone esa secuencia como un mecanismo destinado a condicionar, restringir y castigar el ejercicio de derechos constitucionales básicos.
Lo que no pueden revisar —ni sancionar— es el derecho de denunciar un delito. Ningún tribunal partidario, mucho menos uno cuestionado en su composición y en su actuación, puede convertir una denuncia penal en una falta disciplinaria.
A Rossi no lo quieren echar por indisciplina. Lo quieren echar por haber denunciado. Lo quieren sacar del partido porque molestó al poder real. Porque se animó, junto a Reggiardo, cuando muchos miraban para otro lado.
El mensaje es claro: al que denuncia, lo expulsan. Y cuando un partido responde a una denuncia penal con un tribunal de castigo, deja de ser una herramienta democrática y empieza a funcionar como una maquinaria de disciplinamiento.
