Mientras el ministro posa de sheriff contra los transas de menudeo y se jacta de ser “el funcionario que más narcotraficantes puso presos”, en la Policía de Entre Ríos estalló una denuncia gravísima: efectivos en actividad acusan a autoridades del 911 de montar un sistema de recaudación ilegal con adicionales. El silencio oficial ya no es prudencia: empieza a parecer encubrimiento.
Otro escándalo de corrupción vuelve a golpear a la Policía de Entre Ríos bajo la conducción política de Néstor Roncaglia. Esta vez no se trata de un hecho menor ni de una “manzana podrida”: un grupo de policías en actividad denunció penalmente al titular de la División 911 y Videovigilancia, Juan Manuel Zunino, y a otros funcionarios policiales por presunta malversación de fondos, peculado, exacciones ilegales, abuso de autoridad y coacción vinculados al manejo de los adicionales policiales. Según la denuncia, habría existido un “sistema organizado de recaudación ilegal” dentro del 911 y posiblemente en otras áreas de la fuerza.
El dato es demoledor: el 911 no es una oficina secundaria. Es el corazón operativo de las emergencias, la videovigilancia y la respuesta inmediata del Estado. Allí donde debería haber control, transparencia y trazabilidad, los propios policías denuncian una caja paralela. Y pidieron reserva de identidad por temor a represalias dentro de la fuerza.
Roncaglia, tan guapo cuando habla de narcos, tan bocón cuando se sube al ring mediático contra los transas de paco, ahora aparece llamativamente silencioso. Hace apenas semanas salió a defenderse con frases altisonantes: “No soy narco” y “soy el funcionario que más narcotraficantes puse presos”. Pero cuando la corrupción golpea hacia adentro de la institución que conduce políticamente, el tono épico desaparece.
No es el primer golpe. En 2024, dos policías de Gualeguay fueron imputados por robos y Roncaglia debió pedir disculpas por el “accionar nefasto” de los efectivos. En ese momento prometió más controles y reclamó la modernización de la fuerza. Dos años después, la denuncia ya no habla de dos policías robando materiales, sino de altos mandos y fondos públicos.
La contradicción es brutal. El propio gobierno había impulsado una reforma para crear una División de Investigación de Actos de Corrupción dentro de la Policía de Entre Ríos. Pero si esa estructura existe o si la voluntad política era real, la pregunta cae sola: ¿dónde estaban los controles mientras, según la denuncia, se armaba esta operatoria con adicionales en el 911?
El hermetismo también tiene contexto. El 911 ya había quedado expuesto cuando en mayo de 2025 sufrió una caída total de llamadas durante unos 30 minutos, hecho que Zunino calificó como inédito desde 2012. Ahora el mismo sector aparece atravesado por una denuncia penal de enorme gravedad institucional.
La Policía de Entre Ríos necesita respaldo, pero no blindaje. Hay miles de agentes que trabajan, cobran poco, se exponen todos los días y no pueden quedar pegados a una cúpula sospechada. Justamente por eso el silencio de Roncaglia es inaceptable. El ministro no puede ser bravo solamente para la conferencia de prensa. Tiene que ser bravo también para abrir sumarios, apartar funcionarios, entregar documentación, proteger denunciantes y explicar si hubo o no una caja negra dentro del 911.
Porque si el discurso oficial es mano dura contra el delito, la primera mano dura debe aplicarse puertas adentro.
