La causa por las irregularidades en los comedores escolares de Concordia ya no puede leerse como un simple expediente administrativo o penal por manejo irregular de fondos públicos. Detrás de la imputación a la exfuncionaria Silvina Murúa y a empresarios vinculados al sistema de provisión de alimentos aparece una trama política mucho más incómoda: la del diputado Marcelo López, su influencia en Concordia y su rol dentro del Jurado de Enjuiciamiento.
Murúa no cayó del cielo. Llegó a la estructura de comedores con respaldo político. Y ese dato, que algunos pretenden borrar ahora que la investigación avanzó, es central para entender la interna que atraviesa al oficialismo entrerriano. Porque la mujer que en un primer momento aparecía denunciando irregularidades terminó convertida en imputada, mientras quienes la promovieron políticamente buscan despegarse del escándalo.
El caso golpea de lleno a Marcelo López no sólo por su vínculo político con la estructura bajo sospecha, sino porque el diputado integra el Jury, el órgano que debería garantizar control institucional sobre jueces y fiscales. Esa doble condición vuelve el cuadro más grave: mientras se investigan maniobras millonarias en fondos destinados a alimentar chicos, uno de los dirigentes con influencia directa en Concordia ocupa un lugar clave en el sistema que define la suerte disciplinaria de magistrados y funcionarios judiciales.
La pregunta política es inevitable: ¿cómo puede actuar con independencia un sistema de control donde quienes deben juzgar a fiscales y jueces aparecen, al mismo tiempo, rozados por conflictos políticos y expedientes sensibles?
En Entre Ríos, demasiadas veces el mecanismo parece repetirse. Los fiscales denunciados son preservados. Las causas incómodas se enfrían. Los expedientes contra el poder real se diluyen. Y, cuando la presión pública se vuelve insoportable, aparece una figura sacrificable para mostrar actividad judicial. En Concordia, Murúa parece haber pasado de denunciante útil a imputada conveniente.
La imputación por presunto peculado, negociaciones incompatibles y asociación ilícita es grave. Pero más grave aún es el interrogante institucional que deja planteado: si el desvío de fondos de comedores escolares fue posible durante tanto tiempo, ¿quiénes garantizaron la cobertura política y judicial para que eso ocurriera?
Marcelo López debe explicaciones. No alcanza con tomar distancia cuando la causa ya explotó. Debe explicar cómo llegó Murúa a ese lugar, qué respaldo político tuvo, qué conocimiento existía sobre las irregularidades y por qué, mientras él integra el Jury, múltiples denuncias contra fiscales y operadores judiciales terminaron sistemáticamente archivadas, neutralizadas o protegidas.
El escándalo de Concordia no sólo compromete a una exfuncionaria y a empresarios proveedores. Expone una forma de funcionamiento del poder entrerriano: política, fiscalías, negocios del Estado y órganos de control funcionando en una misma zona gris.
Y cuando un diputado que integra el Jurado de Enjuiciamiento queda señalado en el contexto de una causa de corrupción que involucra fondos de comedores escolares, el problema deja de ser local. Pasa a ser institucional.
Porque el Jury no puede ser refugio de poder. Debe ser garantía de control. Y si quienes lo integran aparecen vinculados a estructuras políticas bajo sospecha, la pregunta ya no es sólo qué pasó en los comedores de Concordia.
La pregunta es quién controla a los que dicen controlar.
