El ex juez del Superior Tribunal respaldó a Daniel Rossi y dejó flotando la sospecha política detrás del avance del Tribunal de Cuentas. En el medio, el nombre de Diego Lara vuelve a quedar atado a la causa de los contratos truchos, el expediente que en Entre Ríos todos nombran, pero pocos se animan a mirar completo.
El ex integrante del Superior Tribunal de Justicia, Emilio Aroldo Castrillón, volvió a hablar sin anestesia. Y esta vez no lo hizo con una frase larga, ni con una declaración judicial, ni con una entrevista de media hora. Le alcanzó con una línea en redes sociales para tocar donde más duele: “Es porque Dani dice verdades de Lara”.
La frase fue publicada en referencia a Domingo Daniel Rossi, intendente de Santa Elena y ex vicegobernador de Entre Ríos, después de que trascendiera una nueva embestida del Tribunal de Cuentas contra la Municipalidad de Santa Elena por hechos viejos, vinculados a una compra directa del año 2013. Según la información publicada, el organismo que preside Diego Lucio Nicolás Lara denunció posibles delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, responsabilizando a ex funcionarios municipales y también al propio Rossi.
Pero Castrillón no leyó el episodio como un simple trámite administrativo. Lo leyó como una respuesta política. Como un pase de factura. Como una persecución institucional contra quien viene denunciando lo que muchos prefieren barrer debajo de la alfombra: contratos truchos, cajas públicas, organismos de control dormidos y nombres que nunca llegan al banquillo.
El dato no es menor. Diego Lara fue diputado provincial antes de llegar a la presidencia del Tribunal de Cuentas, y su nombre —junto al de su pareja— aparece mencionado en el expediente de la megacausa “Contratos Truchos”, vinculado al cobro de 540 cheques, según la publicación de INFOPAER.
Rossi ya venía apuntando contra Lara. En febrero de 2025 lo denunció ante el Jurado de Enjuiciamiento junto a otros vocales del Tribunal de Cuentas, atribuyéndoles falta de control, negligencia o complicidad en el resguardo de fondos públicos. En esa presentación, Lara fue señalado por su presunto involucramiento en el escándalo de los contratos truchos y por su actuación posterior como titular del organismo encargado, justamente, de controlar las cuentas públicas.
Después, en marzo, Rossi amplió la denuncia contra Lara por declaraciones públicas realizadas en televisión sobre la Municipalidad de Santa Elena y sobre causas pendientes bajo la órbita del propio Tribunal. Según Rossi, esas expresiones quebraron el deber de imparcialidad, reserva y decoro que debe guardar quien ocupa un cargo equiparado al de juez del Superior Tribunal de Justicia.
La historia tiene olor a expediente viejo, pero también a interna nueva. Porque cada vez que Rossi habla de contratos truchos, IOSPER, ENERSA o Vialidad, aparece una respuesta institucional. Y cada vez que aparece una respuesta institucional, surge la misma pregunta: ¿controlan la legalidad o disciplinan al denunciante?
Castrillón, que ya había dicho en 2023 que “el sistema de contratos truchos sigue funcionando”, vuelve ahora a correr el velo. No absuelve a nadie, pero marca el punto político: si Lara persigue a Rossi, no sería por Santa Elena; sería porque Rossi insiste en nombrar a Lara donde el poder preferiría silencio.
En Entre Ríos, los expedientes muchas veces avanzan menos por la gravedad de los hechos que por la conveniencia del momento. La pregunta, entonces, no es solo qué hizo o dejó de hacer la Municipalidad de Santa Elena en 2013. La pregunta grande es otra: por qué el Tribunal de Cuentas despierta ahora contra Rossi, mientras durante años no vio, no escuchó o no quiso ver el circuito completo de la corrupción estructural.
Castrillón tiró una frase. Pero en Entre Ríos, a veces una frase alcanza para mostrar todo el sistema.
