El convenio con Isa Castagnino ya dejó de ser un simple acuerdo político y empieza a abrir interrogantes mucho más delicados
Las denuncias sobre luminarias “inservibles”, “porquerías” y materiales que habrían generado problemas en Victoria no solo golpean políticamente a Rosario Romero. También empiezan a instalar una pregunta incómoda: si se comprueba perjuicio económico, ¿puede este convenio traerle consecuencias penales a la intendenta de Paraná?
La comparación con el urribarrismo ya empezó a aparecer en voz baja dentro del propio peronismo entrerriano. Y no por casualidad.
Porque cuando el Estado comienza a mover bienes públicos entre municipios sin explicaciones claras, cuando aparecen funcionarios traídos desde Paraná, acuerdos políticos cruzados y materiales cuestionados por trabajadores y vecinos, el tema deja de ser solamente administrativo.
Pasa a ser potencialmente judicial.
En Victoria ya se habla de luminarias que “no sirven”, de equipamiento que habría llegado en malas condiciones y de un convenio que muchos consideran inexplicable. Y si mañana aparece documentación técnica, valuaciones dudosas o un perjuicio económico concreto para el municipio, la situación puede escalar rápidamente.
La pregunta entonces empieza a tomar otra dimensión:
¿Rosario Romero puede quedar atrapada en una causa similar a las que terminaron destruyendo políticamente a Sergio Urribarri?
Nadie puede afirmarlo hoy. Pero tampoco puede descartarse.
Porque en Entre Ríos ya existe un antecedente claro: muchas de las causas más graves de corrupción comenzaron como convenios administrativos aparentemente menores, cuestionamientos periodísticos o denuncias opositoras que al principio parecían simples peleas políticas.
Después llegaron:
- las auditorías,
- las pericias,
- los expedientes,
- y finalmente las imputaciones.
El problema para Romero es que este tema toca un punto extremadamente sensible: el uso de recursos públicos en medio de acuerdos políticos.
Y peor todavía: aparece asociado a una ciudad como Victoria, donde crece la sensación de que dirigentes de Paraná deciden sobre bienes, funcionarios y convenios sin conocer la realidad local.
Por eso la discusión ya no es solamente si las luminarias funcionaban o no.
La discusión empieza a ser otra:
¿Victoria fue usada para negocios políticos ajenos mientras se entregaban materiales cuestionados?
Y si esa pregunta sigue creciendo, Rosario Romero puede quedar seriamente expuesta.
