La posibilidad de que exista una nueva etapa investigativa sobre el escándalo de los contratos truchos en Entre Ríos todavía no ha sido confirmada. Y, a esta altura, sobran razones para desconfiar. Cada vez que se anuncia un supuesto avance serio sobre la corrupción estructural entrerriana, el resultado suele ser el mismo: mucho ruido, pocas nueces y una llamativa incapacidad para tocar a los verdaderos responsables políticos del sistema.
Pero si esta vez hubiera una voluntad real de avanzar, entonces la investigación no podría detenerse en los nombres de siempre ni agotarse en algunos perejiles administrativos. Debería, necesariamente, alcanzar también a Laura Stratta y a Ángel Giano.
No se trata de una especulación caprichosa ni de una acusación vacía. Se trata de mirar qué pasó durante sus gestiones, qué estructura dejaron, cómo administraron el poder y de qué manera se utilizó el Estado para sostener una lógica de acumulación política basada en contrataciones, designaciones y discrecionalidad.
Durante las presidencias de Stratta y Giano no hubo una reducción presupuestaria real ni una política seria de racionalización del gasto legislativo. Muy por el contrario, se mantuvo y profundizó un esquema de hipertrofia administrativa que contrasta fuertemente con los recortes y reordenamientos posteriores impulsados por Alicia Aluani y Gustavo Hein. Esa diferencia no es un detalle menor. Demuestra que sí se podía achicar, ordenar y transparentar. Lo que antes no hubo fue voluntad.
Uno de los datos más elocuentes de ese período es el volumen de contratos bajo la órbita de la actual presidenta del Partido Justicialista, Silvia Moreno, quien habría concentrado más de 250 contratos. Esa sola cifra debería ser suficiente para justificar una investigación seria, profunda y sin contemplaciones. No hay estructura legislativa razonable que pueda explicar semejante volumen sin que aparezcan, al menos, preguntas elementales sobre necesidad, legalidad, finalidad y control.
En el caso de Stratta, lo que hubo fue un verdadero festival de contrataciones. No solo por la cantidad, sino por la naturaleza de muchas de ellas. Contratos de obra, servicios y designaciones en niveles claramente superiores a los que requería el funcionamiento normal de la Cámara. La dimensión del aparato montado durante su gestión resulta equiparable a las etapas más cuestionadas de la política entrerriana, en tiempos de Lauritto, Cáceres y Bahl, donde el Estado funcionó muchas veces más como refugio de militancia, caja de armado y red de favores que como institución al servicio del interés público.
A eso deben agregarse múltiples irregularidades administrativas que nunca fueron suficientemente explicadas. Porque el problema no es solo cuántos contratos hubo, sino cómo se hicieron, con qué respaldo, bajo qué controles, para cumplir qué tareas concretas y con qué criterio de selección. Cuando el desorden, la discrecionalidad y el volumen se combinan, ya no puede hablarse de simples desprolijidades: aparece un modelo.
Con Giano ocurre algo similar. Su paso por la presidencia de la Cámara no solo dejó cuestionamientos por la continuidad de estas prácticas, sino también por la decisión política de asegurar posiciones estratégicas antes de abandonar el poder. No solo se le atribuyen nombramientos de hijos de dirigentes de peso, entre ellos los hijos de Adán Bahl, sino que además tanto él como Stratta habrían buscado blindar lugares clave para militantes y operadores de su propio sector antes de irse. Esa conducta, de comprobarse, no sería un simple cierre de gestión: sería una maniobra de ocupación del Estado para garantizar poder residual, influencia interna y supervivencia política.
Y ahí está el punto central. El caso de los contratos truchos no puede investigarse como si se tratara apenas de una cadena de irregularidades técnicas o de desvíos administrativos menores. Lo que debe investigarse es un régimen. Un modo de gobernar. Una matriz de corrupción estructural que durante años convirtió a la Legislatura en una herramienta de disciplinamiento, de financiamiento político y de construcción de lealtades.
Ese régimen tiene nombres, apellidos y responsables políticos. Y si la causa “Contratos II” realmente pretende servir para algo más que para simular actividad judicial, entonces no puede dejar afuera a quienes presidieron las cámaras mientras ese esquema seguía funcionando, creciendo y consolidándose.
Si se quiere ir al fondo, hay que investigar a Stratta y a Giano.
Porque si no se los investiga, todo será otra vez una puesta en escena. Otra promesa de cartón. Otra maniobra para hacer como que se avanza mientras se protege el corazón del sistema.
Y en Entre Ríos ya pasó demasiadas veces.
