Tal como adelantó La Caldera, en Contratos Truchos II no aparece, al menos en esta etapa, una acusación que les atribuya a las máximas autoridades legislativas haber participado en el saqueo de los fondos públicos. Lo que surge, en cambio, es algo todavía más escandaloso: a los responsables políticos de controlar el sistema no se les endilga el robo de los casi 50 millones de dólares desviados de la Legislatura, sino apenas un delito menor, de omisión, de tono casi administrativo.
El titular de la acción penal pública, Jorge Amílcar Luciano García, vuelve así a decepcionar a los entrerrianos.
Primero se conoció que Cecilia Goyeneche no integrará este tramo de la investigación, en una decisión vinculada al ya conocido cuestionamiento por el departamento compartido con un imputado del expediente anterior, una situación ampliamente ventilada en el caso que derivó en su apartamiento.
Pero lo más grave no pasa solamente por quién queda afuera de la pesquisa, sino por la calificación legal elegida. Porque según lo que trascendió, a las autoridades políticas y a los titulares de las cámaras no se les atribuye haber formado parte de la maniobra central de sustracción de fondos, sino apenas un supuesto de peculado imprudente: una figura menor, ligada a la negligencia, a la omisión de control, al “no vio”, “no advirtió” o “no evitó”.
Traducido al lenguaje común: no serían responsables del saqueo, sino apenas de no haberlo impedido. Y ahí está el corazón del escándalo. Porque es claro que los perejiles que estan sentados en el banquillo no se llevaron ni por asomo los 50 millones de dolares que desaparecieron.
Porque si durante años funcionó una estructura aceitada de contratos falsos, desvío de fondos y extracción sistemática de dinero de la Legislatura, resulta difícil explicar que la responsabilidad de quienes conducían políticamente ese aparato quede reducida a una especie de culpa burocrática, casi como si todo hubiera sido una desprolijidad contable y no un mecanismo de vaciamiento sostenido.
Así, el mayor escándalo de corrupción legislativa de Entre Ríos corre el riesgo de terminar licuado en una figura penal de baja intensidad, con sabor a expediente administrativo, multa y reproche simbólico, pero sin tocar el núcleo real del poder.
En otras palabras, a los peces gordos no les imputan el robo; a lo sumo, les reprochan no haber mirado bien mientras se lo llevaban. Y eso, para una sociedad que vio desaparecer decenas de millones de dólares, no es justicia: es una nueva forma de impunidad.
