Rosario Romero empujó la nueva concesión del transporte urbano como si bastara con cambiar el concesionario para que cambie la realidad. Como si el problema fuera un logo, un pliego y un acto administrativo. Pero el transporte no es una resolución municipal: es un servicio público esencial, con trabajadores adentro, con continuidad, con derechos y con conflictos que no se evaporan porque la intendenta decida “pasar de página”.
El revés llegó donde siempre llega cuando la política se apura y no prevé: a tribunales. Y no a cualquier tribunal: a la Justicia federal del trabajo, que confirmó una cautelar y obligó a Transporte San José a absorber transitoriamente al personal que venía prestando el servicio bajo ERSA. No es sentencia definitiva, pero es una señal contundente: el traspaso no puede hacerse dejando a los trabajadores como si fueran “parte del problema viejo” que se barre con la escoba de la licitación.
San José quiso entrar sin cargar el costo de la continuidad laboral. Pretendió quedarse con la ruta, el negocio y la recaudación, pero no con la obligación más básica de un servicio concesionado: garantizar que el sistema siga funcionando con su gente adentro. UTA judicializó y la Justicia, por ahora, le cerró el paso a esa jugada.
Y acá aparece lo más grave: la Justicia de Entre Ríos venía jugando del otro lado. Mientras en la órbita provincial se intentó prohibirles a los choferes reclamar, la Justicia federal terminó haciendo lo que la provincial no quiso o no se animó: poner un freno para que el cambio de concesionario no se convierta en una licuadora de derechos. En Entre Ríos, a esta altura, la justicia parece funcionar como una extensión del poder municipal: al servicio de Romero, no de los trabajadores.
La intendenta podrá decir que es una disputa entre privados. Pero no lo es. Es el resultado directo de una concesión empujada sin blindaje jurídico y sin planificación real de la transición laboral. En vez de anticipar el conflicto, lo patearon hacia adelante, y ahora la ciudad paga el costo: incertidumbre, judicialización y un servicio que, otra vez, queda atrapado entre el marketing y la realidad.
