Mientras se jactan de eficiencia, austeridad y transparencia, el Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos ejecutó uno de los procedimientos más oscuros del año: el pago de $15.580.752,47 a la empresa privada Correo Oficial de la República Argentina S.A., sin contrato vigente, sin licitación y sin justificar la contratación directa.
El escándalo quedó oficializado en el Decreto 3964/24 MSJ, firmado por el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro Néstor Roncaglia. En él se reconoce un “uso extracontractual” del servicio postal puerta a puerta que habría prestado esta firma —una sociedad anónima con participación estatal— al Registro Civil durante agosto de 2024, a pesar de que el convenio entre las partes había vencido en enero.
Es decir: durante al menos siete meses se utilizó un servicio privado sin ningún tipo de respaldo legal ni previsión presupuestaria, y el Gobierno provincial lo resolvió como tantas veces: reconociendo el gasto a posteriori y pagándolo como si nada.
Peor aún, días más tarde, mediante una rectificación presupuestaria, el gasto fue corrído al ejercicio 2025, en una maniobra contable típica para esquivar el cierre fiscal 2024 y maquillar la irregularidad administrativa.
Todo esto sin licitación, sin concurso de precios, sin cotizaciones públicas, sin urgencia declarada ni condiciones legales que habiliten una contratación directa. En criollo: una contratación millonaria por fuera del sistema.
El Correo Oficial R.A. S.A., aunque tiene participación estatal, no es un organismo público sino una sociedad comercial inscripta como S.A., sujeta al derecho privado, lo que refuerza la obligación del Estado de licitar y justificar cualquier contratación.
¿Dónde quedó la transparencia? ¿Dónde está el control interno? ¿Y qué dice el Tribunal de Cuentas?
Los discursos no alcanzan cuando los decretos prueban lo contrario. Este no es un caso aislado: es parte del mismo patrón de contrataciones a dedo, favores cruzados y gastos públicos sin control, que viene repitiéndose con otros proveedores y en distintas áreas del Estado provincial.
El slogan de «Transparencia 2.0» queda reducido a eso: un slogan. Porque en la práctica, siguen manejando el dinero público como si fuera privado.
