Desde hace años, diversos medios de comunicación han señalado inconsistencias en el entorno familiar y patrimonial de Esteban Vitor.
Durante el escándalo de los contratos truchos en la Legislatura de Entre Ríos, se informó que los tres hijos de Vitor estaban contratados como personal de obra en la Cámara de Diputados, sin funciones claras y sin que el legislador ofreciera explicaciones públicas al respecto .
Uno de sus hijos ha sido vinculado públicamente a una casa de cambio en Paraná y es titular de una concesionaria de autos de alta gama, Vision Motors, ubicada estratégicamente en la entrada de la ciudad . Con su corta edad y sin antecedentes empresariales conocidos, este nivel de crecimiento económico resulta no solo inusual, sino directamente sospechoso.
Todo este despegue coincide temporalmente con el ascenso de Esteban Vitor en la política provincial. En lugar de aportar claridad, Vitor respondió a las publicaciones con una carta documento, sin desmentir ni aclarar los hechos. Sin embargo, se le otorgó el derecho a réplica correspondiente. Simultáneamente, se cursará un pedido formal de acceso a la información pública, reiterado durante el fin de semana por correo electrónico, solicitando explicaciones sobre las incongruencias detectadas. Más grave aún, su hijo amenazó a periodistas y se autoatribuyó hackeos a este medio y a otros sitios vinculados, coincidiendo con la difusión de la primera nota. Durante ese mismo período, dos líneas de WhatsApp fueron bloqueadas y la página web sufrió ataques coordinados.
La relación directa entre estos hechos y la publicación es evidente. La impunidad tiene nombre: Vitor cuenta con protección política y judicial. Es cuñado de un miembro del Superior Tribunal de Justicia y cercano al esquema de Julio Rodríguez Signes, Jorge García y Cecilia Goyeneche, el mismo núcleo que garantizó durante años el blindaje institucional a muchos funcionarios cuestionados.
Mientras tanto, ni la Fiscalía Anticorrupción, ni el Tribunal de Cuentas, ni el área de Transparencia del Estado Provincial han iniciado investigaciones al respecto. Como en el caso Roncaglia, donde se intentó disfrazar una fortuna en dólares como si fueran pesos, la “transparencia activa” en Entre Ríos sigue siendo un eslogan vacío.
El silencio oficial no es falta de pruebas. Es complicidad.
