La familia Gill desapareció hace más de veinte años. El hecho es indiscutible y el dolor también. Lo que siempre resultó extraño fue la vida errática de la causa: largos silencios, hipótesis agotadas y un expediente que parecía condenado a no moverse más. Hasta ahora.
De pronto, el caso se reactiva. No por una pista nueva ni por un hallazgo inesperado, sino por decisión judicial. Con la llegada del juez Rossi al juzgado de Nogoyá, la causa vuelve a caminar y vuelve a hacerlo mirando al mismo lugar de siempre: el campo, La Candelaria, el único elemento material que quedó en pie cuando todo lo demás se volvió ausencia.
Ese movimiento no pasó desapercibido. En Nogoyá, cuando un expediente viejo se despierta, nadie pregunta primero por la verdad. Pregunta por el motivo. Y el motivo no suele venir solo: viene acompañado de nombres.
En escena aparecen abogados que no se caracterizan por trabajar gratis ni por involucrarse en causas sin proyección. Palomeque y Fontanetto toman protagonismo vinculados a los intereses del entorno del dueño del campo. En el ambiente judicial no se los lee como simples profesionales: se los identifica como hombres con vínculos, con pasillo, con acceso. Fontanetto, además, arrastra una fama conocida en el foro: relaciones personales y familiares que lo conectan directamente con jueces y fiscales.
Del otro lado aparece Marcos Rodríguez Allende. Abogado penal de peso, a cargo de la conducción transitoria del EPRE, al que en el ambiente llaman sin rodeos “el empleado más caro del Estado”. No es un detalle menor. Su desembarco no se explica por el rol formal que ocupa en la causa, sino por lo que representa en el mapa del poder: un hombre con llegada política, señalado como cercano al procurador García y con trato directo, sin intermediarios. Sea mito o realidad, esa percepción existe y ordena la lectura del caso.
Y entonces la pregunta se impone sola.
¿Quién paga todo esto?
Porque no se trata de una cruzada romántica ni de un desafío intelectual. Nadie moviliza tiempo, recursos y capital simbólico para ver si descubre algo que nadie descubrió en veinticinco años. Ese tipo de despliegue responde a intereses concretos.
Y el interés concreto vuelve a ser el mismo.
El campo.
La familia desapareció. La verdad se diluyó. Pero la tierra quedó. Productiva, valiosa, intacta. Cada reapertura vuelve a girar alrededor de ese activo, no de nuevas pruebas. Y cuanto más se mira el terreno, menos se explica el financiamiento de la puesta en escena.
La investigación puede y debe continuar. Lo que llama la atención es el formato: juez nuevo, abogados caros, vínculos con el poder y foco renovado sobre la tierra. Demasiado movimiento para una causa sin novedad real.
En Nogoyá nadie acusa sin pruebas. Pero tampoco se come el verso.
Si la causa volvió a escena, alguien la empujó.
Y si hay abogados que no trabajan gratis, la pregunta es inevitable:
¿quién puso la plata y para qué?
La Caldera no sentencia.
Pero tampoco mira para otro lado cuando el expediente empieza a moverse justo cuando cambian los actores y el botín sigue siendo el mismo.
