Guillermo Michel volvió a hacer lo que mejor le sale: sobreactuar centralidad. Esta vez presentó como gran novedad una iniciativa para regular lo que ocurre dentro de las aulas, como si desde una banca nacional pudiera ordenar por ley la vida cotidiana de las escuelas entrerrianas y de todo el país. El problema es que ahí no hay audacia institucional: hay desconocimiento básico del federalismo argentino. Desde los años 90, la gestión de la educación común fue transferida a las provincias, y el esquema vigente mantiene una responsabilidad concurrente y concertada entre Nación, provincias y Ciudad de Buenos Aires, no un poder de mando unilateral del Congreso sobre cada escuela. La Ley 24.049 transfirió los servicios educativos nacionales a las jurisdicciones locales, y la Ley 26.206 ratificó que la planificación, organización, supervisión y administración del sistema se ejerce de modo concertado, con fuerte protagonismo provincial.
Dicho en castellano simple: la Nación puede fijar bases generales, coordinar políticas y discutir lineamientos. Lo que no puede hacer, sin invadir competencias locales, es meterse a reglamentar en detalle la dinámica interna de las aulas como si los ministerios provinciales, los consejos generales de educación y las propias instituciones no existieran. Ahí está la pifia de Michel: vende como “solución nacional” algo que, por diseño constitucional y legal, cae primordialmente bajo la órbita provincial.
No es un hecho aislado. Es un método. Michel se mueve con una lógica de megalomanía política, esa pulsión de figurar en todos los temas aunque no tenga competencia real, volumen institucional suficiente ni chances ciertas de transformar sus ocurrencias en mayorías legislativas. En septiembre de 2025, siendo candidato a diputado por Entre Ríos, pidió una audiencia al presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, por el conflicto de la planta de hidrógeno verde. El gesto fue ruidoso, pero conceptualmente flojo: la relación bilateral entre Estados se canaliza por vías diplomáticas e institucionales, no por la ansiedad de un candidato que busca posar de canciller sin serlo.
La misma compulsión por estar en escena apareció en la causa por HIF Global. Michel, junto con Adán Bahl y Marianela Marclay, fue admitido como amicus curiae en el expediente judicial vinculado a la planta de hidrógeno verde en Paysandú. Eso puede ser legal, sí. Pero políticamente muestra otra vez el mismo patrón: no construir soluciones desde el lugar institucional propio, sino buscar micrófono, cartel y protagonismo en cada conflicto sensible, como si toda causa pública necesitara su firma para existir.
El problema de fondo no es solo jurídico. También es político. Michel parece creer que la política consiste en lanzar iniciativas “geniales”, presionar desde afuera, escalar en redes y convertir cada discusión en una operación de instalación personal. Pero el Parlamento no funciona así. El Congreso no es una escribanía del ego ni una productora de humo. Es, antes que nada, un ámbito de negociación, construcción de consensos, articulación entre bloques y búsqueda de mayorías. Y eso requiere una virtud que Michel no exhibe: dialogar de verdad con quienes no piensan como él.
Porque una ley no sale por amontonamiento de posteos, ni por aprietes mediáticos, ni por el coro digital de familiares, operadores o voceros oficiosos. Sale con acuerdos. Sale con política. Sale entendiendo que el sistema representativo no premia al que más grita, sino al que logra persuadir. En ese terreno, Michel parece mucho más cómodo con la grandilocuencia que con el trabajo paciente de la rosca legislativa.
Por eso su proyecto sobre las aulas no es solo una mala idea. Es también una muestra de su forma de hacer política: invadir temas ajenos, exagerar atribuciones, sobreactuar protagonismo y presentar como liderazgo lo que muchas veces no pasa de ser marketing personal. Mucho humo, poca institucionalidad. Mucha pose de solucionador serial, poca comprensión de dónde empieza y dónde termina la competencia de un diputado nacional.
Y además hay algo más elemental: ni siquiera para sus propias banderas muestra una estrategia legislativa verosímil. Michel puede presentar cien proyectos, pedir audiencias con quien sea, opinar sobre todos los asuntos y subirse a todas las causas. Pero si no entiende que el Parlamento es un espacio de construcción colectiva, no va a sacar una ley relevante. No se consiguen mayorías apretando gente. No se construyen consensos por interpósita persona. No se legisla a fuerza de vanidad.
En definitiva, la iniciativa para “regular las aulas” retrata bastante bien al personaje: un dirigente que confunde visibilidad con poder, protagonismo con competencia, y ocurrencia con política pública. Michel no aparece como un legislador serio que estudia los límites del federalismo antes de presentar una norma. Aparece como alguien convencido de que cualquier tema puede resolverse con una “genial iniciativa” propia, aunque el derecho diga otra cosa y aunque la realidad institucional lo desmienta.
Si querés, te la convierto en una versión todavía más periodística, con título, bajada y cierre de editorial, lista para publicar.
