En redes explotó un ranking del influencer @finanzasconlis.ok, armado con datos de pobreza del INDEC, que ubicó a Entre Ríos como la segunda más golpeada, detrás de Chaco. La lista viral quedó así: 5) La Rioja 46%, 4) Formosa 46,20%, 3) Santiago del Estero 48,60%, 2) Entre Ríos 57,10%, 1) Chaco 60,8%. Lo más llamativo es que ese 57,1% coincide con un dato duro de la realidad entrerriana reciente: Concordia registró 57,1% de pobreza en el segundo semestre de 2024, según informes periodísticos basados en cifras oficiales.
Y acá aparece la trampa política y moral del asunto: Entre Ríos no es un desierto productivo. Es campo, industria, turismo, ríos, carne, pescado, tambos, miel, logística estratégica. Una provincia que debería estar discutiendo cómo exportar más y mejor, no cómo sobrevivir a su propia burocracia. Sin embargo, cada vez que alguien intenta explicar por qué un territorio con tanta potencia termina con barrios enteros reventados de pobreza, la respuesta aparece sola: cuarenta años de una dirigencia entrenada para la rapiña.
El museo de las causas “truchas”
Si la pobreza fuera una sequía inevitable, el mapa judicial no tendría el tamaño de un atlas. Pero lo tiene. La megacausa de los Contratos Truchos es un símbolo obsceno: se investiga un presunto desfalco estimado en unos 53 millones de dólares entre 2008 y 2018, y en 2025 el gobernador Frigerio solo declaró la nulidad de más de 700 contratos ligados a esa trama para la Tribunal. Eso no es “un error administrativo”; es un modelo de Estado como cajero automático.
Vialidad: cuando el asfalto también es caja
A esa historia se le suma la novela interminable de Vialidad. El Tribunal de Cuentas abrió y detalló expedientes en 2024 y 2025 por obras mal ejecutadas, sobreprecios, desguace, combustible, controles de personal y pagos bajo sospecha, una radiografía que muestra que el robo no siempre es con guantes blancos: a veces es con casco y carpeta de obra.
La Cumbre del Mercosur y el “sueño” del poder
Y si alguien duda de la escala del delirio, que mire la Cumbre del Mercosur de 2014 en Paraná. El Ministerio Público estimó que el Estado pagó más de 10,5 millones de pesos de más y que el evento costó unos 152 millones, con una administración y distribución de fondos donde aparecen cuatro empresas principales. No fue solo una cumbre: fue un modo de hacer política con el presupuesto como sponsor privado.
Este tipo de episodios se conecta con el universo del “Sueño Entrerriano”, el megajuicio donde Sergio Urribarri fue condenado en 2022 (sentencia luego revisada y discutida en instancias superiores) por desvío de fondos y otras maniobras ligadas a la promoción política, causa que incluyó varios expedientes.
Cosechadoras, créditos y la cultura del manotazo
La lista sigue con nombres de expediente que en Entre Ríos ya no sorprenden a nadie: la causa de las “cosechadoras truchas”, en la que fueron procesados exfuncionarios como Roberto Schunk y Diego Valiero por presunta defraudación a la administración pública. Y más cerca en el tiempo, la investigación de los “créditos truchos” del programa Jóvenes Emprendedores, con denuncias sobre beneficiarios a los que se les reclamaba dinero que nunca recibieron y otras maniobras bajo pesquisa fiscal.
IAPSER, CAFESG y el Estado como botín
A esto se suman sospechas y denuncias recurrentes alrededor de organismos que deberían ser herramientas de desarrollo y terminan señalados como correas de transmisión de negocios políticos. En el universo de los seguros, por ejemplo, se publicaron investigaciones sobre intermediaciones y comisiones que no cierran, y que volvieron a poner el foco sobre el rol del IAPSER y los vínculos del poder con brokers y estructuras paralelas.
El punto de fondo
Por eso el título no es exageración estética: es un estado de ánimo social. La gente ve décadas de funcionarios que entran con patrimonio modesto y salen con vidas de catálogo premium, mientras los entrerrianos hacen malabares para pagar la luz, la comida y el alquiler. En ese espejo aparecen nombres que ya son parte del folklore sombrío de la política local —Urribarri, Stratta, Halle, Lara, Cáceres, Bahl, Lauritto, Moreyra, Rodríguez Signes, Zacarías— no necesariamente por lo que diga una sentencia definitiva en cada caso, sino por la acumulación de escándalos, denuncias, privilegios y opacidades que marcaron una época.
Entre Ríos no es pobre por falta de recursos.
Entre Ríos es pobre porque sus recursos fueron administrados como si fueran un botín.
Y cuando una provincia rica se vuelve socialmente pobre, el problema no está en el mapa:
está en los nombres que lo gobernaron y en el sistema que los protegió.
