En Colón, el escándalo por el uso de un vehículo municipal en un viaje a Brasil que terminó en un accidente grave abrió una pregunta sencilla y democrática: ¿quién autorizó, bajo qué acto administrativo, con qué controles y quién paga el daño patrimonial? En vez de responder con documentación completa y asumir el estándar mínimo de rendición de cuentas, los concejales que integran el oficialismo (vecinalismo–UCR–PRO) eligieron el camino más viejo y más tramposo de la política: el “y… pero los otros…”.
Qué dijeron los concejales oficialistas (vecinalistas y aliados)
El bloque Juntos por Colón —integrado por Leonardo Hellmers, Karen Kuliat, Javier Minatta, Clarisa Benay, Edgardo Luciani y Andrea Becerra— repudió la denuncia presentada por el bloque peronista “17 de Octubre” y sostuvo que se buscó “sacar crédito político” de un hecho trágico.
Pero el núcleo del argumento oficialista es todavía más preocupante: plantearon que “no hubo delito” porque el viaje se habría costeado con fondos personales y porque el vehículo municipal habría ingresado “sin costo” al patrimonio del municipio, y que los daños “serán cubiertos por el seguro”.
Traducido: como el vehículo “no costó” (según dicen) y el seguro “paga”, entonces el uso privado quedaría licuado como un detalle menor. Es un estándar peligrosísimo: convertir el bien público en un “bien disponible” si no duele en caja en el corto plazo.
Y ahí aparece la frase hecha que, en la práctica, funciona como excusa: minimizar el planteo por venir de un sector político al que se le achacan causas judiciales.
Ese “no porque los anteriores eran ladrones” (o “mirá quién denuncia”) no responde nada: no exhibe decreto previo, no explica la misión institucional, no justifica el acompañamiento familiar en un móvil oficial, no detalla coberturas, franquicias, recupero, ni responsabilidades administrativas. Solo busca cambiar el eje.
Lo que se está pidiendo (y por qué el oficialismo esquiva)
Del otro lado, la oposición viene pidiendo papeles concretos: acto administrativo, lista de pasajeros, trámites de frontera, agenda/convocatoria, gastos y documentación respaldatoria, y la lógica de autorización previa.
Incluso remarcan que no se puede “normalizar” el uso de un vehículo oficial con fines privados y que lo público “tiene reglas” (no se “explica” después).
El punto ciego: confunden tragedia con control
Nadie discute la dimensión humana del accidente. De hecho, hasta quienes impulsan pedidos e informes distinguen lo humano de lo institucional.
Lo que sí se discute —y con razón— es que la tragedia no puede convertirse en inmunidad política, y menos aún en coartada para desactivar el control.
La pregunta que el bloque vecinalista no responde
Si todo fue tan correcto como dicen, la salida era fácil: documentación completa, actos previos, autorización, misión, responsabilidades, costos indirectos, cobertura del seguro y recupero patrimonial.
En lugar de eso, eligieron el libreto de siempre:
- “Fue un hecho trágico” (para despolitizar el control).
- “No implicó gastos” / “lo pagó con fondos personales” (para cerrar el tema contablemente, aunque el problema sea institucional).
- “El vehículo no costó” / “lo cubre el seguro” (como si eso habilitara el uso privado).
- “Mirá quién denuncia” (para embarrar y evitar rendir cuentas).
El oficialismo vecinalista prometió “transparencia”. El problema es que la transparencia no se declama: se prueba con actos previos y expedientes completos. Y cuando la respuesta política ante un pedido de rendición de cuentas es “no jodan, los otros eran peores”, lo que se está defendiendo no es a una persona: se está defendiendo una cultura de privilegio.
