Mientras el gobierno saca pecho en redes porque inicia sumario y suspende haberes a dos empleados de la Dirección General de Derechos Humanos por más de 80 inasistencias sin aviso, en Vialidad Provincial hay un expediente con 76 faltas injustificadas que duerme la siesta hace más de tres años. Ahí la receta no fue sumario ni suspensión: fue premio, 4×4, nafta oficial y ascenso.
La foto “ejemplar” de hoy es prolija: dos agentes con 84 inasistencias entre julio y octubre, sumario administrativo, suspensión preventiva de haberes y todo remitido a la Dirección de Sumarios de Fiscalía de Estado, bajo el paraguas de la Ley 9755 y el Reglamento de Sumarios Administrativos. Manual completo de “tolerancia cero”.
El problema es cuando uno mira al costado y ve qué pasa —o mejor dicho, qué no pasa— en la Dirección Provincial de Vialidad (DPV). En 2022, el Departamento de Recursos Humanos dejó asentado que el abogado Mariano D. Benedetto acumuló 76 inasistencias injustificadas al 31 de mayo de ese año (Expte. 173.992/22). Y la propia normativa interna es clarita: con más de 15 faltas injustificadas corresponde la cesantía automática.
Nada de eso ocurrió. El expediente terminó en manos de su socio y amigo Teodoro Ricardo Gorelick, entonces director de Asuntos Jurídicos, y desde entonces quedó congelado en un cajón. Lejos de sanciones, en diciembre de 2023 Benedetto fue premiado: el administrador Exequiel Donda lo designó director de Asuntos Jurídicos. Nueve meses después lo “reubicaron” como simple asesor… pero manteniendo el mismo sueldo y adicionales de director, y con un plus: lo eximieron de marcar asistencia.
En el mismo tablero aparece Gorelick con otro capítulo de privilegios: durante años cobró un 40 % extra por “desarraigo” pese a que, según los propios registros, volvía todos los días a su casa en vehículo oficial, con combustible pagado con tarjeta YPF Ruta. El adicional se tramitó en un expediente iniciado por él mismo en 2018, y recién en 2024 Vialidad dictó la Resolución 028/24 para revocar el beneficio “en todos sus términos”. No hubo escándalo interno, ni sumarios, ni devolución inmediata de los montos: el caso llegó a la Justicia recién cuando La Caldera aportó la documentación y pidió pericias contables y acción de repetición para que el Estado recupere “hasta el último peso indebidamente percibido”.
La trama se completa con la red de privilegios que sostiene la cúpula de Vialidad: el administrador Donda Exequiel y el asesor legal y técnico Andrés Galizzi, socio privado de Benedetto y Gorelick, avalando designaciones, excepciones y beneficios que convierten a la DPV en una isla de privilegios dentro del Estado entrerriano. Mientras docentes, enfermeros y empleados comunes marcan entrada y salida bajo amenaza de descuento, en Vialidad para algunos la asistencia es optativa.
Ahí aparece la doble vara de Frigerio. Para dos empleados de Derechos Humanos, sumario exprés, suspensión de haberes y foto institucional de “orden y disciplina”. Para el clan Benedetto–Gorelick–Donda, con 76 inasistencias, adicionales injustificados, autos oficiales y nafta sin límite, no hay decreto, ni sumario ejemplificador, ni conferencia de prensa. Apenas silencio.
Si el mensaje oficial es que “se terminó la joda en el Estado”, Vialidad Provincial sigue siendo la excepción que confirma la regla: un refugio de amigos con coronita. La pregunta es simple y directa al gobernador:
– Si 84 inasistencias ameritan suspensión inmediata y sumario,
– ¿qué hace que 76 inasistencias, más un desarraigo trucho y una 4×4 para paseos particulares, sigan sin sanción ni devolución de un peso?
La respuesta no está en la Ley 9755 ni en el Reglamento de Sumarios. Está en la política. Y hoy la política de Frigerio con Vialidad muestra algo muy claro: mano dura para los de abajo, vista gorda para los de arriba.
