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Ahora se confirma: en Entre Ríos no se salvaba ni la salud. Debate pregon, publica en su web que El IOSPER, la obra social de los empleados públicos, que fue saqueada durante años bajo la vista gorda del Tribunal de Cuentas, que nunca detectó (o nunca quiso detectar) las estafas que hoy estallan en la cara de los entrerrianos. La auditoría interna difundida esta semana es lapidaria: más de 22.000 millones de pesos perdidos por sobreprecios, contrataciones simuladas, descuentos omitidos y medicamentos de alto costo adquiridos en forma irregular.
¿Los responsables? Los de siempre. Silvio Moreyra, que desde su oficina en Paraná digitaba más de 3.000 contratos en toda la provincia, usaba el IOSPER como plataforma clientelar. Fernando Cañete, su brazo operativo y sucesor, en un robo que tiene mas de 17 años de organizacion. El famoso “Jopper”, nombre clave entre los intermediarios del negocio de prótesis, ortopedia y ahora medicamentos, que aparecía en cada licitación armada para unos pocos. Y detrás, una red de farmacéuticas amigas, ortopedias digitadas y empresas fantasmas que fueron saqueando los recursos del sistema.
Nada podria haberse dado sin la inconmensurable participacion de JULIO RODRIGUEZ SIGNES quien ademas del CEMENER tejio fuertes lazos con los carreristas de cuadreras devenidos en empresarios agropecuarios.-
Esto no es nuevo. Ya en 2018, Daniel Rossi lo dijo sin vueltas: “IOSPER está podrido por dentro. Las prestaciones son manejadas como premios políticos”. Pero nadie hizo nada. El Tribunal de Cuentas, que debe controlar el uso del dinero público, miró para otro lado mientras se fraguaban compras, se duplicaban facturas y se desviaban fondos que debían ir a medicamentos para tratamientos vitales.
Primero fue la Ortopedia: compras con precios inflados, prótesis que no se entregaban o que costaban el triple que en cualquier proveedor oficial. Después se supo del intermediario Meditarlo, una pieza clave en la estructura del curro. Ahora estalla el rubro medicamentos, con datos que son imposibles de justificar.
Y lo que viene puede ser peor: ya hay pistas de empresas agropecuarias ligadas a Moreyra y Cañete, que habrían sido usadas como vehículos para lavar activos y mover la plata que salía del IOSPER.
Mientras tanto, los afiliados siguen esperando. Los jubilados hacen cola por remedios que nunca llegan. Los pacientes oncológicos viven con la angustia del “no hay stock”. Y el gobierno habla de austeridad.
Es hora de que se terminen los pactos de silencio. El IOSPER no puede seguir siendo una cueva de negociados disfrazada de servicio social. Que el Tribunal de Cuentas explique por qué no vio nada. Que se investigue a fondo a Moreira, Cañete, y cada uno de los que lucraron con la salud de la gente.
Y que la Justicia, de una vez, haga lo que nunca hizo: actuar.
