En Entre Ríos el juego no es un mercado libre: es un negocio público concesionado, administrado y controlado por el Estado a través del IAFAS. Por eso, cuando se altera el mapa de concesionarios, cuando aparecen “crisis” empresarias en un rubro de caja diaria y cuando empiezan a circular resoluciones millonarias, no estamos ante un problema privado: estamos ante un problema institucional.
El síntoma más claro del descontrol es la secuencia que se viene narrando desde el periodismo entrerriano: Newtronic, asociada al esquema histórico de explotación de salas y casinos, entra en una debacle laboral y financiera que —en los hechos— luce contradictoria con la naturaleza del negocio. Despidos, atrasos, conflictos, y un movimiento de manual para blindar responsabilidades: concurso preventivo en CABA, justo cuando el tablero se reacomodaba. En ese mismo cuadro aparece el dato político central: el IAFAS avalando, permitiendo o acompañando una cesión/traspaso que reconfigura el negocio, pero deja el tendal del lado de acá.
Ahí es donde entra Teleinfor: una firma presentada como “porteña”, que aterriza en el momento exacto en que cambia la administración provincial y se arma la “camada” de capitalinos en el gobierno. No es un detalle de color. La pregunta es otra: ¿cómo se habilita el traspaso del negocio sin garantizar, de manera previa y efectiva, que las deudas laborales, previsionales y contractuales queden resueltas? Si la explotación continúa pero los pasivos quedan en la vieja estructura —o en un proceso concursal— el resultado es el más viejo de todos: el negocio sigue, la caja sigue, pero la deuda se socializa.
Lo que se ve desde afuera es una matriz conocida: decisiones de alto impacto tomadas en expedientes que casi nunca se exhiben completos, con fundamentos que rara vez se discuten públicamente, y con un mecanismo que huele a “salvataje” selectivo. En ese contexto, la palabra “contratación directa” deja de ser técnica y pasa a ser política. Porque en un negocio tan sensible, cuando se reemplaza la competencia y el control por atajos administrativos, el Estado deja de regular: empieza a administrar favoritismos.
Y, como si faltara una prueba de época, aparece el dato más obsceno y reciente: el portal Ricardo David publicó que el IAFAS “oficializó” $285 millones para “publicidad, promoción y atención de clientes VIP” de Casino Victoria S.A.. Es decir: mientras se discuten traspasos, crisis empresarias y deudas, el organismo público estaría financiando el marketing de un privado para captar apostadores “VIP”. Es difícil imaginar una radiografía más cruda de prioridades invertidas.
La era Frigerio se vendió como orden. Pero el juego muestra una continuidad peligrosa: recambios administrativos sin cambio cultural, traspasos empresariales donde el Estado aparece como habilitador y no como garante del interés público, y decisiones que benefician al concesionario incluso cuando el sistema deja daños sociales visibles.
La pregunta final no es ideológica, es institucional: ¿dónde está el control? ¿Qué auditoría seria se activó ante el derrumbe de Newtronic y el traspaso a Teleinfor? ¿Qué actos administrativos concretos lo sostienen? ¿Qué garantías se exigieron? ¿Quién responde por los pasivos? ¿Y con qué lógica el IAFAS termina poniendo millones para “marketing VIP” de un casino privado?
Si esas respuestas no aparecen —con expedientes, dictámenes, firmas y circuitos de pago— entonces no hay “transparencia” ni “orden”. Hay un sistema de poder. Y en Entre Ríos, el juego vuelve a mostrar lo que la política intenta esconder: que cuando el negocio es demasiado grande, la impunidad suele ser parte del contrato.
