Raúl Paredes, jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Gualeguay, utilizó un móvil institucional para viajar a la República Oriental del Uruguay durante el fin de semana de carnaval. La propia Comisión Directiva reconoció que autorizó el traslado por “circunstancias excepcionales”, vinculadas a un desperfecto mecánico en su vehículo particular.
La utilización de un móvil institucional de Bomberos Voluntarios de Gualeguay por parte del jefe del Cuerpo Activo, Raúl Paredes, no es un hecho menor ni una anécdota administrativa. Es una decisión que interpela directamente el modo en que se conciben y administran los bienes de una institución sostenida por el esfuerzo solidario de la comunidad.
La Comisión Directiva reconoció que autorizó el viaje por “circunstancias excepcionales”, vinculadas a un desperfecto mecánico del vehículo particular del funcionario. Sin embargo, la excepcionalidad no convierte en legítimo aquello que se aparta de la finalidad institucional. Los móviles de Bomberos están afectados exclusivamente al servicio de emergencias y a funciones operativas. No constituyen beneficios personales, compensaciones simbólicas ni vehículos sustitutos ante contingencias privadas.
La contradicción es evidente: se trata de la misma Comisión Directiva que periódicamente solicita colaboración a los vecinos, organiza bonos contribución y apela al compromiso ciudadano para adquirir y mantener esos móviles. Resulta institucionalmente delicado pedir aportes a la comunidad mientras se flexibiliza el uso de los bienes como si se tratara de recursos disponibles para fines particulares.
En una asociación civil, los directivos no son dueños de los bienes. Son administradores y custodios de recursos afectados a un objeto social específico. Los estatutos no habilitan a disponer de esos bienes fuera de su finalidad. Cuando se autoriza un uso ajeno al servicio, se produce un desvío de finalidad que puede generar responsabilidades personales, incluso en el plano penal si se acreditara una afectación indebida del patrimonio institucional.
Además, no puede soslayarse que se expuso un bien operativo a un riesgo cierto fuera del ámbito territorial y funcional para el cual fue adquirido, financiado y asegurado. No se trató de una misión institucional ni de una emergencia, sino de un traslado personal.
El debate no es sobre la trayectoria del jefe ni sobre el combustible abonado de manera privada. El debate es sobre los límites. Y cuando se administran recursos que pertenecen moralmente a toda la comunidad, esos límites deben ser más estrictos que en cualquier ámbito privado.
