En Entre Ríos ya casi nada sorprende, pero de vez en cuando la política se esmera en regalarnos postales que merecerían un capítulo especial en cualquier manual de corrupción criolla. Un funcionario sospechado de enriquecimiento ilícito deja su cargo en un organismo clave del Estado… y en su lugar queda, nada menos, que su propio abogado defensor. No es una metáfora, no es una serie de Netflix: es el Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE), es Juan Domingo Zacarías y es Marcos Rodríguez Allende.
Zacarías, interventor del EPRE hasta hace muy poco, está imputado en una causa por presunto enriquecimiento ilícito, a partir de la denuncia del ex titular de la Mutual 10 de Abril, Jacinto Elgadban. La División de Delitos Económicos allanó la sede del EPRE en calle Urquiza, su domicilio en Paraná y una quinta en Colonia Avellaneda buscando rastros del origen de dos operaciones de 150.000 dólares cada una, realizadas con intereses por encima del promedio del mercado.
No es una infracción de tránsito: es una causa penal grave, con dólares, mutuales vaciadas y patrimonios que no cierran.
Formalmente, la renuncia de Zacarías fue aceptada por el gobierno mediante el Decreto 118, “por motivos estrictamente personales”, refrendado por el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso. La prosa administrativa siempre es pudorosa: donde el Código Penal habla de enriquecimiento ilícito, el Boletín Oficial habla de “motivos personales”. Pero el contexto es inescapable: la salida se produce en medio de allanamientos y una investigación que lo tiene en el centro de la escena. Y ahí aparece el dato que transforma un expediente opaco en un verdadero escándalo institucional.
Porque el elegido para quedar al mando del EPRE no es un técnico neutral ni un outsider de la política. Es Marcos Rodríguez Allende, abogado penalista, empleado de carrera del organismo y director jurídico desde su creación. Hasta ahí, podría venderse como continuidad administrativa. El problema es que Rodríguez Allende es, al mismo tiempo, el abogado defensor de Zacarías en la propia causa por enriquecimiento ilícito que lo sacó del cargo. Es decir: el EPRE queda en manos del defensor del ex interventor investigado por haber usado –presuntamente– su paso por el Estado para hacer negocios privados.
La escena es de una obscenidad institucional difícil de exagerar. El organismo regulador que fue allanado en el marco de la causa contra Zacarías queda bajo el mando de quien tiene el deber profesional de cuidar penalmente a Zacarías. El mismo funcionario que deberá colaborar con la Justicia, poner papeles sobre la mesa y ordenar la casa, tiene, al mismo tiempo, el deber ético de proteger a su cliente. ¿A quién le responde primero: al interés público o al imputado que le paga los honorarios? El conflicto de intereses no es una sutileza académica: es la descripción de un sistema pensado para garantizar impunidad.
Pero el caso no es sólo un problema de ética individual. Rodríguez Allende no cae del cielo: es un operador político y judicial de los dos lados del mostrador. Es abogado de Juan Pablo Aguilera –pieza central de la causa “contratos truchos”– y representante legal de Adán “Beto” Bahl, a quien defiende en el juicio contra el youtuber Eduardo Prestofilipo y asesora en todos sus frentes judiciales. Bahl, a su vez, carga con su propio prontuario político: fue una figura clave del esquema de contratos truchos del Senado entrerriano, como vicegobernador y presidente de la Cámara que rubricó cientos de contrataciones ilegales mientras se drenaban millones de pesos del Estado.
Una nota de Ricardo David lo presenta como “hombre de confianza” de figuras del PJ como Bahl, José Carlos Halle y Rosario Romero, y al mismo tiempo como interlocutor privilegiado de la actual gestión de Rogelio Frigerio, con línea directa con Manuel Troncoso y Mauricio Colello. Un “todo terreno” que corre ultramaratones en la montaña y, de paso, atraviesa sin despeinarse la frontera entre oficialismo y oposición, justicia y política, acusados y acusadores. La provincia arde en causas por corrupción, pero hay algo que nunca se quema: la figura del operador que sigue siempre de pie.
En este contexto, la designación de Rodríguez Allende como jefe del EPRE no es un accidente: es un mensaje. El mismo sistema político que usa al ente regulador como refugio de intendentes caídos en desgracia y militantes reciclados, hoy lo convierte en el bunker institucional desde el cual se administra, con elegante prolijidad jurídica, el daño de una causa penal por enriquecimiento ilícito. Zacarías se corre del plano, pero deja sentado en el sillón a quien mejor conoce sus papeles, sus cuentas y sus flancos débiles. No es sacrificio: es reacomodamiento.
La trama se entiende aún mejor si se la conecta con el clima general de la provincia. Cuando la ONU le preguntó al Estado argentino por la destitución de la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche, la entonces ministra de Gobierno, Rosario Romero, respondió que la “Fiscalía Anticorrupción de Entre Ríos es una expresión periodística”, relativizando la existencia misma del órgano que investigaba a los poderosos locales. El mensaje fue claro: la lucha contra la corrupción es un eslogan; los jurys, las destituciones y los reacomodamientos son la realidad. Y los organismos de control –como el EPRE– se administran como si fueran una prolongación del comité partidario.
No es casual que, en una audiencia reciente, se denunciara la existencia de una “mesa judicial” integrada, entre otros, por la propia Romero, el ex interventor del EPRE José Carlos Halle, el procurador Jorge García y el juez Alejandro Cánepa, acusada de direccionar causas contra determinados funcionarios y mantener “en la parrilla” a quienes resultan incómodos para el poder. Es el mismo ecosistema político-judicial que hoy hace posible que el abogado del imputado ocupe el cuerpo del delito, perdón, la silla del ente regulador.
Lo que desnuda el “curioso caso” de Zacarías y Rodríguez Allende no es sólo la elasticidad moral de algunos funcionarios: es la continuidad de un modelo. Ayer fue el PJ usando el EPRE y otros organismos descentralizados como refugio y caja; hoy es el gobierno de Frigerio, que llega prometiendo transparencia y termina refrendando con la firma de su ministro Troncoso el ascenso del abogado del imputado al comando del ente allanado. Cambian las boletas, se reciclan los discursos, pero los operadores permanecen.
En Entre Ríos sobran leyes de ética pública, organismos de control y discursos inflamados contra la corrupción. Lo que falta es lo básico: que un imputado por enriquecimiento ilícito no deje a su defensor sentado en el sillón que acaba de abandonar; que los gobiernos de turno entiendan que el Estado no es un estudio jurídico de lujo al servicio de sus dirigentes; que los organismos reguladores regulen, y no cubran. Hasta que eso no pase, cada decreto, cada designación, cada “funcionario todo terreno” seguirá siendo una nueva prueba de que el sistema está diseñado para proteger a los mismos de siempre.
Y mientras tanto, en el EPRE de Entre Ríos, el mundo al revés sigue funcionando a la perfección: la sociedad paga la luz cada vez más cara, se discuten tarifas, se hablan de cuadros técnicos y marcos regulatorios… pero en el subsuelo de la política real, lo que se regula no es la energía, sino el riesgo penal de los amigos del poder.
