En el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Entre Ríos no solo se discutió quién ganaba una elección interna: se está discutiendo quién manda sobre una caja jugosa y poco transparente. El jueves 27 de noviembre, la lista Gestión Inmobiliaria se impuso con el 53% de los votos y, como marca el manual básico de la institucionalidad, correspondía proclamar a las nuevas autoridades y entregar el mando. Pero el “clan Armándola” parece haber leído otro reglamento: perdió en las urnas, le rechazaron el balance… y aun así intenta quedarse en la presidencia hasta el 31 de diciembre.
La foto es insólita: una asamblea que no aprueba ni memoria, ni balance, ni gastos del período 2024-2025, y una conducción saliente que, según denuncian desde la lista ganadora, sigue disponiendo recursos del Colegio como si nada hubiera pasado. El oficialismo inmobiliario no solo fue castigado en las urnas; también quedó bajo la lupa por una serie de decisiones que provocaron malestar interno, pedidos de informes y hasta intimaciones notariales.
Las críticas se repiten con nombres y números: gastos con tarjetas corporativas, viáticos, programas como “Entre Ríos Inversiones” sin explicaciones claras, cambio de sede y millonarias refacciones en un inmueble distinto al aprobado por la asamblea, salida del COFECI, modificación de la denominación institucional… todo, según señalan las fuentes, decidido a espaldas de quienes pagan la cuota. A eso se suma la falta de controles internos elementales: un Colegio profesional manejado como si fuera una empresa familiar, con el tesorero y el órgano de fiscalización pintados en la pared.
Y después está el símbolo perfecto de la etapa: el famoso cuadro. En la respuesta escrita que salió a la luz, el propio Colegio reconoce más de 81 millones de pesos en gastos de sede: 9 millones en cartelería, 1,6 millones en cortinas, 10 millones en carpintería y 600 mil pesos en una obra de arte cuya autora sería la pareja de la presidenta, destinada como “regalo institucional” al Colegio de Escribanos. En un contexto económico donde la mayoría de los matriculados cuenta monedas para sostener su actividad, la idea de que el dinero de las cuotas financia decoración premium y cuadros de la pareja presidencial golpea fuerte.
La frutilla del postre es el libro “Inmobiliarios, la construcción de una identidad profesional”, cuya impresión habría demandado unos 7 millones de pesos, más los gastos de presentación en la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires, con filósofo invitado, hotelería, viáticos, lunch y traslados incluidos. Una “identidad profesional” bastante particular: mientras se proclama la seriedad corporativa, por abajo circulan denuncias sobre el uso político y personal de los recursos de la institución.
Frente a este escenario, la lista ganadora decidió algo básico: recurrir a una intimación notarial para que Paula Armándola entregue la conducción y cese en los gastos “suntuosos e innecesarios” que no hayan sido aprobados por el Consejo Directivo. No se trata solo de una pelea de cargos: es la discusión sobre dónde termina el patrimonio de un Colegio profesional y dónde empieza el proyecto político de sus autoridades. Y, sobre todo, quién paga la factura.
La Caldera no administra colegios ni aprueba balances, pero hay una regla que siempre sirve: cuando una conducción pierde, el balance no se aprueba y aparecen cuadros, libros, eventos y viajes abonados con plata de todos, lo mínimo que cabe esperar es que se apaguen las luces, se cierre la puerta y se entregue la llave. Lo que no se puede es perder las elecciones y, encima, pretender llevarse el cuadro.
