El Colegio de la Abogacía de Entre Ríos volvió a elegir el camino conocido: renovar la representación institucional en la figura del mismo de siempre. Otra vez, el Dr. Alejandro Gonzalo García Garro será la cara del Colegio en ámbitos donde se definen cuestiones sensibles sobre jueces, fiscales y funcionarios.
El dato, que para muchos puede pasar como un trámite más, abre sin embargo varias preguntas de fondo:
¿Puede el mismo abogado que es autoridad del Partido Justicialista, que trabaja en el Tribunal de Cuentas –órgano clave en el control de las cuentas públicas–, ser a la vez quien representa a la abogacía organizada en instancias donde se discute la responsabilidad de esos mismos espacios de poder?
¿Hasta dónde se puede estirar el concepto de “independencia” sin que se rompa?
Un matriculado decidió no dejar pasar el tema y lo hizo por los canales formales. El abogado Carlos Guillermo Reggiardo, colegiado del CAER, presentó una nota dirigida al Colegio de la Abogacía expresando su desacuerdo y planteando lo que describe como una incompatibilidad ética grave.
Triple sombrero: PJ, Tribunal de Cuentas y representación del Colegio
El eje del cuestionamiento es claro:
García Garro es autoridad del PJ (actividad partidaria activa).
Se desempeña en el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, presidido por Diego Lara, organismo que debería controlar el manejo de fondos en una provincia con más de dos décadas de cuestionamientos por saqueo sistemático de recursos.
Y, al mismo tiempo, el Colegio vuelve a colocarlo como representante institucional para opinar y votar sobre cuestiones que involucran a jueces, fiscales y también a gente del propio Tribunal de Cuentas.
Para Reggiardo, eso no es un detalle menor sino el corazón del problema:
“No puede ser que un tipo que tiene actividad partidaria sea el que defina cuestiones institucionales de jueces, fiscales y gente del Tribunal de Cuentas. Me parece que es una incompetencia grave”, resume en su planteo.
A eso le suma su propia experiencia: denuncias presentadas que nunca se tramitaron, magistrados denunciados que sí fueron recibidos institucionalmente, y un Colegio que –según describe– no ha escuchado al denunciante pero sí ha acompañado, con sus decisiones, a quienes integran el núcleo duro del poder político y judicial.
Reggiardo aclara que no discute la honorabilidad personal de García Garro, pero sí cuestiona la ética de la acumulación de roles: autoridad partidaria, funcionario del órgano de control y representante del Colegio ante un sistema institucional que, en teoría, debería tener contrapesos y no superposiciones.
Libertad de expresión y canales institucionales
En su nota, el abogado deja claro que se expresa:
- Ejercitando su libertad de expresión,
- Como colegiado que no se siente representado por esta decisión, y
- Por los canales institucionales correspondientes, para que no se diga que las críticas sólo se hacen “por afuera”.
A continuación, La Caldera reproduce la nota completa presentada ante el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos.
La presentación completa del matriculado
Al Consejo Directivo
y al Tribunal de Ética
del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos
S / D
Yo, Carlos Guillermo Reggiardo, abogado matriculado en el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, Matrícula N.º 7293, en mi carácter de colegiado, me dirijo a Uds. a fin de dejar formalmente sentada mi posición personal, mi desacuerdo y mi descontento con la decisión de que el Dr. Alejandro Gonzalo García Garro vuelva a representar a nuestra institución ante los órganos institucionales en los que el Colegio tiene voz y voto, en particular en lo que hace a la definición de cuestiones vinculadas a jueces, fiscales y funcionarios.
De acuerdo con la información que se me ha notificado y con lo que es de público conocimiento, el Dr. García Garro ha sido ya designado reiteradamente como representante del Colegio de la Abogacía, y esta nueva decisión implica, de hecho, una continuidad de varios períodos consecutivos en roles de altísima sensibilidad institucional.
Mi objeción no es meramente personal, sino institucional y ética, y se apoya en hechos públicos:
- El Dr. García Garro ha sido parte del paquete de designaciones irregulares del Senado de la Provincia, posteriormente tachadas de nulidad, en el marco de una gestión política que utilizó los cargos como parte de un esquema de reparto de poder y favores.
- Actualmente se desempeña en el ámbito del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Entre Ríos, presidido por el Dr. Diego Lara, órgano que tiene a su cargo el control externo del gasto público y de la legalidad en el uso de los recursos provinciales.
- Al mismo tiempo, el Dr. García Garro es autoridad del Partido Justicialista, con una actividad partidaria activa, lo que supone un alineamiento político explícito con una de las fuerzas que ha gobernado la provincia durante los últimos veinte años.
Esto significa que una misma persona, el Dr. García Garro, concentra simultáneamente tres roles de altísima sensibilidad:
Autoridad partidaria del PJ, con intervención directa en la vida interna de un partido político;
Funcionario/empleado del Tribunal de Cuentas, organismo que debería controlar las cuentas de una provincia que ha sido denunciada por un saqueo sistemático de sus recursos públicos;
Representante del Colegio de la Abogacía, llamado a intervenir en cuestiones que involucran a jueces, fiscales y también a funcionarios del propio esquema de poder que integra.
A mi entender, ello configura un conflicto de intereses objetivo y una incompatibilidad ética grave:
Por un lado, participa activamente en la vida partidaria y en la estructura de poder que ha manejado la provincia.
Por otro lado, integra el órgano técnico que debe controlar el uso de los recursos públicos.
Y, además, se erige como la voz del Colegio en ámbitos donde se discuten responsabilidades institucionales de quienes forman parte de ese mismo entramado político-administrativo.
No estoy aquí discutiendo la honorabilidad personal del Dr. García Garro. Lo que afirmo, con claridad, es que resulta poco ético que quien ha sido designado de manera cuestionada, que ejerce funciones en el Tribunal de Cuentas y que tiene una actividad partidaria visible como autoridad del PJ, sea nuevamente el rostro de la representación del Colegio de la Abogacía para decidir o influir en cuestiones que afectan a jueces, fiscales y funcionarios vinculados al mismo esquema de poder.
Esta preocupación se inserta también en mi experiencia personal:
A lo largo de los últimos años he presentado varias denuncias vinculadas al funcionamiento del sistema de justicia y a la actuación de magistrados y funcionarios.
Ninguna de esas denuncias ha sido tramitada seriamente, ni he sido convocado como denunciante para ampliar, aportar prueba o ser escuchado.
En cambio, he visto cómo se ha recibido institucionalmente a magistrados denunciados, mientras que yo, como abogado colegiado, nunca fui oído por los órganos del Colegio.
Como consecuencia de este contexto de confrontación con el poder judicial y político, hoy afronto múltiples causas penales, que considero parte del mismo conflicto estructural que vengo señalando.
Frente a todo ello, sostener una vez más la representación del Colegio en la figura del Dr. García Garro —ahora además en su triple rol de autoridad partidaria del PJ, funcionario del Tribunal de Cuentas y representante del Colegio— envía, a mi criterio, un mensaje poco transparente hacia la sociedad y hacia los propios colegiados. Refuerza la percepción de que el Colegio acompaña y legitima un esquema en el que las mismas personas se mueven, sin control ni contrapesos, entre los espacios de designación política, control contable y definición institucional sobre jueces y fiscales.
Por estas razones, y dado que se me ha notificado de esta decisión, quiero dejar expresamente asentado:
- Que ejerzo mi libertad de expresión para formular este planteo en el ámbito institucional que corresponde.
- Que, como colegiado, no me siento representado por la continuidad del Dr. García Garro como representante del Colegio en estas condiciones.
- Que solicito formalmente al Consejo Directivo y al Tribunal de Ética del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos que revisen esta situación y evalúen la conveniencia de sostener en esos cargos a una persona cuya trayectoria reciente presenta, a mi entender, una incompatibilidad ética manifiesta por la acumulación de roles y vínculos con el poder político y con el órgano máximo de control de las cuentas públicas.
Lo hago precisamente por los canales institucionales del Colegio, porque creo que nuestra institución debe ser parte de la solución, no del problema. Si pretendemos exigir ética y transparencia al Poder Judicial, al Tribunal de Cuentas y a la política, necesitamos que nuestros representantes estén libres de toda sospecha de dependencia, connivencia o conflicto de intereses con aquellos a quienes, directa o indirectamente, deben controlar.
Sin otro particular, y quedando a disposición para ampliar o documentar lo aquí expuesto, saludo a Uds. con la mayor consideración.
Carlos Guillermo Reggiardo
Abogado – Matrícula N.º 7293
Colegio de la Abogacía de Entre Ríos
