Lo que está pasando en Crespo no es una discusión técnica ni un debate jurídico sofisticado. Es algo mucho más burdo: presión política disfrazada de “preocupación institucional”.
La designación de la terna para el Juzgado de Paz es una facultad municipal, expresamente prevista en la Ley Orgánica de Municipios (Ley 10.027). Le guste o no a algunos, es el Concejo Deliberante el que decide. No una asociación civil. No un comunicado. No un “club”.
Sin embargo, aparece la Asociación de la Magistratura, una entidad sin rango constitucional, sin funciones públicas, sin mandato democrático, queriendo marcarle la cancha a un Concejo elegido por el voto popular. No opinan como ciudadanos: opinan como jueces organizados, sobre un tema que puede terminar judicializado y sobre un cargo que luego integra el propio sistema judicial. Eso no es inocente. Eso es interferencia.
El cuadro se agrava cuando se mira quién conduce ese club.
Alejandro Cánepa, yerno del vocal del STJ Daniel Carubia, hombre del mismo círculo, del mismo entramado de poder, del mismo “nosotros” que hace años decide quién entra, quién asciende y quién queda afuera. Y detrás, empujando, Rosario Romero, que no es una espectadora ingenua sino una operadora política de larga trayectoria, organizadora y sostén de este dispositivo corporativo.
Lo que vemos es a un sindicalismo judicial bajando a hacer quilombo a una elección que no controla. Megáfono en mano, como Moyano cuando frenaba elecciones ajenas: fuego, ruido, comunicados, advertencias morales y una caldera hirviendo para asustar a concejales.
No están defendiendo la transparencia. Están defendiendo poder.
No cuidan la República. La colonizan.
Porque cuando un club de jueces pretende decirle a un municipio cómo ejercer una atribución legal, no estamos ante un acto republicano. Estamos ante una corporación que se cree por encima de la ley, de los concejos y de la democracia local.
Y eso, en un sistema que dice respetar la división de poderes, es inadmisible.
